El Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes el anteproyecto de Ley de la Función Pública ignorando por completo al Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), sindicato más representativo de los funcionarios andaluces desde el año 2011. El sindicato denuncia que la Administración General de la Junta de Andalucía «está sufriendo un proceso de politización y desprofesionalización de la Función Pública». «Entendemos que crear una Ley de la Función Pública sin contar con los representantes legítimos del personal funcionario no es de recibo», añade
La Ley de la Función Pública es la que rige el régimen jurídico del personal funcionario de Administración General de la Junta de Andalucía, como claramente delimita su propio ámbito de aplicación, pues aunque incluye en el mismo al personal funcionario de administración general de la Junta de Andalucía y al laboral de VI Convenio Colectivo, al personal docente no universitario, personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud y el personal de la Administración de Justicia, acto seguido delimita que el personal laboral se rige por el derecho laboral, y el docente no universitario, estatutario y de justicia se rigen por su normativa específica.
Es decir, esta ley rige en exclusiva para el Personal Funcionario de Administración General de la Junta de Andalucía y únicamente de manera supletoria para el resto, al disponer de su propia normativa y ámbitos de negociación.
Según informan desde la Consejería de la Presidencia, «el objetivo de esta nueva Ley de la Función Pública es actualizar la regulación legal vigente, que data de 1985, adaptándola a las necesidades de un nuevo modelo de administración más profesionalizada y basada en una gestión de sus recursos humanos orientada a la calidad, la eficiencia, la cualificación y el compromiso con la realidad social y económica, todo para favorecer la excelencia en la prestación de los servicios públicos. Además, busca atraer, desarrollar y retener el talento».
«Esta ley será lo suficientemente flexible como para adaptarse a los retos y cambios que la Administración andaluza requiere y, además de dar respuesta a las reivindicaciones del personal al servicio del Gobierno andaluz, atiende las reclamaciones de los ciudadanos que piden una Administración más ágil, adecuada a los tiempos y con un personal seleccionado, formado y evaluado conforme a criterios actuales», anuncian desde la Junta de Andalucía.
La Mesa Sectorial, marginada
Paradójicamente, en ningún momento del proceso de elaboración de este anteproyecto de ley se ha escuchado, invitado a participar, ni oídas las sugerencias que podía aportar la organización sindical más representativa en los últimos 10 años en Andalucía en cuanto a trabajadores públicos se refiere: el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).
«Hasta tal punto llega dicho ninguneo, que la primera noticia que tenemos sobre este anteproyecto nos llegó el pasado 12 de febrero, cuando SAF es convocado a una reunión telemática, protocolaria y de urgencia a celebrar el día 15, con la Secretaría General para la Administración Pública, en la que se nos explica de viva voz, durante una hora, sin documentación alguna, los puntos principales del texto del anteproyecto. Esa misma tarde, se escenifica la firma del anteproyecto», denuncian desde SAF.
Este texto del anteproyecto de Ley de función pública andaluza parece ser que ha pasado por un proceso de elaboración de un año, en cuatro grupos de trabajo, constituidos en enero del año 2020. «Desde un primer momento, desde el SAF solicitamos la participación en dichos grupos de trabajo con total legitimación en base a nuestra representatividad, desoyéndonos por completo y siempre con el argumento de dar cabida en exclusividad en estos grupos a los sindicatos de Mesa General, que curiosamente tienen todos ellos presencia dentro de la denominada Administración Paralela, objetivo en su día, por otra parte, de medidas de desaparición, reducción y recortes en el programa electoral del partido en el Gobierno», pone de relieve el SAF.
«Hemos asistido a un incumplimiento tras otro de sus promesas electorales con respecto a la Administración»
Carlos Sánchez, presidente de SAF
El máximo mandatario del sindicato mantiene que, a estas alturas, no le sorprende, dado que desde que se inició el gobierno del PP y Ciudadanos «hemos asistido a un incumplimiento tras otro de sus promesas electorales con respecto a la Administración». «Sirva el ejemplo de la eliminación de los puestos de libre designación (no se ha eliminado ni un solo puesto sino que se han creado más) o el anteriormente comentado del desmantelamiento de la Administración Paralela, en la cual sigue absolutamente todo el personal integrado en las agencias, con una nueva vuelta de tuerca al integrar ahora a este colectivo en agencias administrativas (Agencia Digital de Andalucía), extremo éste al que no se atrevió el gobierno anterior del PSOE», agrega el organismo sindical.
Todo ello sin mencionar «los vergonzosos procesos de acceso a la condición de personal funcionario interino en base a ser el primero en mandar un correo electrónico«, y que ahora los tribunales están declarando nulos uno tras otro, tras demandas del SAF y de otros sindicatos.
Los únicos sindicatos que sí han participado en los grupos de trabajo de elaboración del texto del anteproyecto han sido UGT, CCOO y CSIF que, dentro de la Administración General de la Junta y sus agencias, tienen su mayor representatividad en el personal laboral de VI Convenio Colectivo y en el personal laboral de las agencias, conformado este último por el personal subrogado integrante de la llamada Administración Paralela «que nunca se ha llegado a saber cómo ha entrado en la Administración andaluza».
En definitiva, se ha elaborado un texto dirigido casi en exclusiva al personal funcionario, escuchando a los sindicatos que tienen su mayor representatividad en el personal laboral de Administración General… «y a personas ajenas a la administración andaluza«.
«Es un absoluto desprecio por parte del gobierno hacia su propio personal funcionario y los legítimos representantes del mismo, lo cual podría traer que, por ejemplo, uno de los grupos de trabajo, Potestades administrativas, en el que se debía dilucidar qué funciones puede hacer –o no- el personal laboral de las agencias sin invadir potestades públicas, no se han tenido en cuenta las numerosas sentencias ganadas por nuestra organización sindical a este respecto», puntualizan desde el SAF.
Al respecto de las potestades administrativas, la secretaria general para la Administración Pública (SGAP), Ana María Vielba (dependiente de la Consejería de la Presidencia que dirige Elías Bendodo) -en la reunión mencionada anteriormente- afirmó que “abogaban por una regulación no amplia del concepto de potestades públicas (lo cual facilita el mantenimiento y extensión de la denominada Administración Paralela), pero tampoco se nos aclaró el significado de una regulación no amplia del concepto de potestades públicas», se queja el sindicato.
«Se nos oculta información básica»
Esta ha sido y es la postura del gobierno andaluz, y sus representantes en Administración Pública con el Sindicato Andaluz de Funcionarios: «El ninguneo constante, rayando en desprecio». «No pretenden negociar, no desean conocer nuestra legítima opinión sobre asuntos de nuestra total competencia y se nos oculta la información básica sobre el nuevo régimen jurídico de los funcionarios», sentencian desde SAF.
Hasta lo que este Sindicato Andaluz de Funcionarios ha podido saber, en el articulado del anteproyecto se incumple la propia legislación básica estatal, porque Ana María Vielba se ha negado a negociar con los sindicatos independientes de funcionarios (aquellos cuyos afiliados únicamente son funcionarios). «Cuando el documento llegue a nuestra organización tendremos ocasión de valorarlo en su integridad, pero mucho nos tememos la existencia de preceptos incursos en causa de inconstitucionalidad, por la negativa de querer negociar con los funcionarios o por las discrepancias con la normativa básica del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep)», anuncian los responsables del SAF.
Por último, Carlos Sánchez observa que la Administración General de la Junta de Andalucía «está sufriendo un proceso de politización y desprofesionalización de la Función Pública«. «Entendemos que crear una Ley de Función Pública sin contar con los representantes legítimos del personal funcionario no es de recibo, resultando preocupante el incumplimiento sistemático de las promesas electorales del gobierno del cambio en temas tan específicos como el desmantelamiento de la Administración paralela y la proliferación del procedimiento de la libre designación para los puestos clasificados en intervalos de niveles 26 a 30 (esto es, nombramiento discrecional de personal funcionario que cargos políticos hacen en base a la “idoneidad”, en lugar de realizarse por concurso atendiendo únicamente al mérito y la capacidad)», revelan desde SAF.
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