Se ha registrado en el Congreso una propuesta de ley para dificultar que actúe Desokupa, es decir, para favorecer a los okupas. Ojalá se legisle con cordura. Ir contra la propiedad privada es un atropello a los derechos más elementales, es antidemocrático, desincentiva el ahorro y la inversión y, por lo tanto, trae pobreza
En las noticias escritas, radio y televisión, se habla principalmente de precios por las nubes de las viviendas y de los alquileres, lo que es cierto en ciertos lugares. Pero toda España no es Madrid, Barcelona, Baleares o San Sebastián. Donde yo vivo, una población con algo más de 30.000 habitantes, pisos de 3-4 dormitorios y 120 metros cuadrados útiles se alquilan por unos 300 euros al mes y se venden por 90.000-130.000 según ubicación, conservación y características de los materiales, precios similares a hace 10 años. Por lo tanto, ahorrar durante toda una vida y tener un pisito para vivir e incluso otro para alquilar y ayudarse en la jubilación, principalmente las viudas (tienen pensiones más bajas), es bastante menos que tener una vivienda media en Madrid, no digamos ya un casoplón en Galapagar.
La mayoría de los tenedores de pisos son currantes normales, no son magnates ni grandes especuladores. El ladrillo ha sido la hucha de la mayoría de los españoles sin posibilidades para invertir en algo de mayor cuantía.
Los compradores de viviendas suelen ser trabajadores que han cotizado toda su vida. Además, al comprar una casa se pagan muchos impuestos. De entrada, en el precio inicial se repercute todo lo que ha costado, incluyendo los impuestos pagados por el suelo, los materiales empleados y los sueldos de todos los que han intervenido en la construcción. Finalmente, de forma directa se paga IVA, ITP, IAJD e IGIC (éste último en Canarias). Posteriormente, el IBI anual y se repercute la propiedad en la declaración de la renta.
Claro que todos queremos ayudar a los más desfavorecidos. Para eso pagamos gustosamente tantos impuestos. Pero también los pagamos para que el Gobierno proteja las propiedades legítimamente conseguidas.
A los okupas les está saliendo rentable su actitud, lo que invita a que persistan en ella, se sientan envalentonados y cada vez sean más. Por el contrario, a los propietarios se les manda el mensaje de que ser buenos ciudadanos y pagar impuestos es un absurdo, ya que el okupa está más protegido que el comprador honrado y legal, el cual se siente desprotegido en general y en particular al que le toca padecer una okupación incluso de su vivienda habitual. No tiene derecho a nada, debe seguir pagando los gastos de su piso, esperar mucho tiempo para recuperarlo, pagar abogados, procuradores, etcétera. En resumen, entrar en una espiral de enfado justificado, incomprensión, desesperación, ansiedad y depresión que puede terminar con su salud física y mental.
En el Oeste americano, donde no llegaba la ley se estableció la Ley de Lynch. Es bien sabido que, cuando la autoridad competente no imparte justicia, se corre el peligro de que ese vacío se ocupe con justicia privada o personal. Ojalá eso no pase nunca en España. Pero, con el incremento del número de personas que se ven despojadas de sus propiedades y la inacción de la justicia e incluso protección del okupa, crece la posibilidad de que alguien pierda el control y se produzca una desgracia irreparable. Ese día que jamás debería llegar, además del responsable directo, habrá otros responsables: los legisladores de leyes incomprensibles y el Gobierno por dejación de funciones.
Al igual que tendrán su cuota de responsabilidad estos legisladores y el Gobierno si algún día vuelve a delinquir alguno de los delincuentes sexuales liberados recientemente por la ley del sí es sí y cuando empiecen a arrepentirse los jóvenes que, de forma precipitada, hayan cambiado de sexo, con consecuencias irreversibles, y luego cambien de opinión, algo que ya está ocurriendo en países de nuestro entorno, que nos han precedido en la aplicación de esos métodos. Las acciones tienen consecuencias de las que sus autores son responsables.
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