En los Presupuestos Generales para el año 2022 fue aprobada una modificación de la plantilla de la carrera fiscal que supone la reconversión de 219 plazas de tercera categoría en segunda. Es decir, el ascenso de 219 fiscales, en una carrera en la que, «por la dejadez del ministerio en la estructuración de la plantilla, se tarda mucho más tiempo en ascender que en la carrera judicial», según denuncia la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)
Pues bien, entrado ya el año 2023, la modificación no se ha ejecutado «ni se anuncia movimiento alguno para realizar dicha modificación de la plantilla, de manera que más de 200 fiscales se encuentran bloqueados en su carrera profesional y el servicio, objetivamente perjudicado.
La APIF considera que el Ministerio de Justicia, que retiene el conjunto de facultades presupuestarias en la Fiscalía «restringiendo enormemente su autonomía, hace dejación de sus funciones en relación con la carrera fiscal y se muestra indiferente ante gran cantidad de cuestiones que repercuten en la prestación del servicio en la Fiscalía», critica la Comisión Ejecutiva de la APIF.
La APIF pidió la dimisión de Irene Montero
Ahora que la parte socialista del Gobierno presiona a la facción de Podemos para la reforma urgente de la ley del solo sí es sí, cabe recordar que la APIF deploró en su día las invectivas de un sector del Gobierno (Podemos) directamente contra jueces y fiscales, no desautorizadas desde la jefatura del mismo, en relación con los efectos de la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual. La APIF reconoce -naturalmente- el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, pero dicha crítica formulada desde miembros del Gobierno de la nación con referencias a «convicciones machistas» de los magistrados son «absolutamente injustificadas»
Y es que la ministra de Igualdad, Irene Montero, culpó a los jueces de no estar «cumpliendo» con la ley del sólo sí es sí por su «machismo» y aseguró que ésa es la única causa que está detrás de los casos que están aflorando de rebajas de condenas a violadores y que se están produciendo a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual. Por eso, la ministra limitó la solución a mandarlos a cursos de «formación» sobre género para aplicar correctamente la norma.
«Creemos que esos insultos se producen para desviar la atención sobre la propia falta de competencia y creemos que deberían suponer la dimisión o el cese de sus responsables. Es necesario legislar correctamente y hay que evaluar los efectos de las normas que se aprueban en relación con los objetivos que se pretenden. Y ello es más importante cuando se modifica el Código Penal, texto punitivo básico de nuestro ordenamiento jurídico. Será el Tribunal Supremo quien establezca una interpretación definitiva sobre el alcance y los efectos de la retroactividad de la ley favorable para investigados y condenados en relación con la ley aprobada», puso de relieve la Comisión Ejecutiva de la APIF en un comunicado en noviembre del año pasado.
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