Los 41 letrados del Servicio Andaluz de Salud han entonado el ‘Basta ya’ y han empezado hoy la huelga indefinida anunciada. Es la primera huelga llevada a cabo por abogados de una Administración pública en España
A tres días del inicio de la huelga, la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno Bonilla «se descolgó con un acuerdo vacío de contenido que supone un claro retroceso en las negociaciones previas«, a juicio de los asesores jurídicos del SAS.
Así, el comité de huelga de los letrados del Servicio Andaluz de Salud informa de que, tras la reunión mantenida el día 25 de marzo de 2024 con los representantes de la Administración, se mantiene la convocatoria de huelga, ante la falta de una propuesta concreta y significativa para resolver las reivindicaciones planteadas por los letrados del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Fuentes de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud han manifestado en los últimos días en diversos medios de comunicación su interés por actualizar el decreto que regula la asistencia jurídica al Servicio Andaluz de Salud, así como su voluntad de trabajar en aspectos de la organización, estructura y funciones de la Asesoría Jurídica del SAS. Sin embargo, lo único que ofrecen para resolver el conflicto es «crear un grupo de trabajo en el que haya representantes de los órganos directivos implicados y de los letrados del SAS y que se empiece a negociar y trabajar en el texto del Decreto fuera de la presión de la convocatoria de huelga».
Los letrados del SAS son rotundos en su posicionamiento y subrayan la incompetencia del Gobierno andaluz a la hora de gestionar este asunto: «Esta propuesta supone un claro retroceso en el camino avanzado toda vez que el texto del decreto ya ha sido elaborado y ha ido cumpliendo los trámites preceptivos para su aprobación, encontrándose en la fase final de la tramitación a falta del informe favorable de Hacienda. Resulta sorprendente que lo que propone la Administración sea lo que ya se ha trabajado en los últimos cinco años, habiéndose mantenido reuniones constantes con los diferentes responsables y titulares de los órganos directivos implicados en la necesaria aprobación del reglamento».
Cerrazón del Gobierno de Moreno Bonilla
«No es de recibo que los cambios producidos en las personas responsables de dichos órganos perjudiquen y retrasen la aprobación de un reglamento que ya está avanzado y paralizado por la negativa del Gobierno andaluz a destinar una partida presupuestaria a solventar un problema que arrastra desde hace años. Una decisión más que se suma a la deficiente gestión de la sanidad andaluza y perjudica al propio SAS y a sus profesionales», denuncian.
Los asesores jurídicos del SAS inciden en la manía del Gobierno de Moreno Bonilla de no cumplir sus promesas: «No entendemos dónde está el problema ni cuál es el motivo real de que cada año se nos aseguren que se va a incluir en los presupuestos el montante económico necesario para la aprobación del texto normativo y cada año comprobemos que no se ha cumplido con dicho compromiso«.
Un solo procedimiento judicial de los que se atienden en la Asesoría Jurídica a diario alcanza el importe necesario para aprobar el decreto, siendo millones de euros los que se defienden y se ponen en riesgo diariamente «con una Asesoría Jurídica del SAS funcionando de forma deficitaria, como viene ocurriendo desde hace años». Si no se avanza en la aprobación del decreto, «el riesgo económico es mayor que el que supone su aprobación. No podemos retroceder al principio y volver a confiar en palabras y compromisos que no se cumplen. Los responsables de la Administración cambian, pero nosotros permanecemos, garantizando la seguridad jurídica y velando por el cumplimiento de la legalidad en sus decisiones y por la defensa de los profesionales sanitarios que también nos trasladan su desazón y abandono por la situación preocupante por la que está pasando la sanidad andaluza».
Negociar de cara a la galería
Es por ello que el sentir de los letrados del SAS es que la Administración ha querido cumplir formalmente su obligación de negociar «pero sin que exista una intención real de solucionar el conflicto«. La propuesta de la Administración para desconvocar la huelga queda supeditada y condicionada por su parte a que en el futuro se «podrían» atender las reivindicaciones del colectivo, sin que hasta ahora «ni la Consejería de Salud ni el SAS ni la Consejería de Administración Pública ni la de Hacienda ni el presidente de la Junta de Andalucía, que la preside como responsable del Gobierno andaluz y de sus problemas, hayan asumido obligación real alguna que permita alcanzar una solución al conflicto».
El objetivo de la huelga es «dignificar un cuerpo de funcionarios altamente especializado que viene prestando sus servicios en condiciones lamentables, con falta de medios y con una estructura obsoleta que no se actualiza desde hace casi 20 años, lo cual viene afectando negativamente a la situación de la sanidad pública andaluza», apostilla el colectivo de letrados del SAS.
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