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manifa 21 de mayo de 2022

Un momento de la manifestación del pasado sábado.

Empleo, Salud

Los investigadores sanitarios de la Junta vuelven a manifestarse para exigir el desbloqueo de su primer convenio colectivo

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Bajo el lema ‘La investigación sanitaria salva vidas’, profesionales de las fundaciones públicas de investigación sanitaria se volvieron a movilizar el pasado sábado para exigir el desbloqueo de su convenio con una manifestación que partió desde la sede central del SAS, en la avenida de la Constitución, hasta el Palacio de San Telmo. La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO) de Andalucía destaca de nuevo el amplio respaldo a esta manifestación en Sevilla

Investigadores y personal de apoyo de Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi); Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (Fimabis); Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (Fibao), en Almería, Granada y Jaén; y Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, con presencia en varias provincias, participaron el pasado sábado en una nueva movilización ante el bloqueo de su primer convenio colectivo por parte de la Junta de Andalucía y aseguran que llevarán a cabo una convocatoria de huelga si finalmente el Gobierno andaluz no da respuesta a sus demandas.

«Estas cuatro fundaciones dependientes de la Junta de Andalucía llevan inmersas desde hace más de cinco años en la negociación de un convenio colectivo para regular sus condiciones laborales y unificar las enormes diferencias salariales existentes en cada categoría profesional entre las distintas fundaciones e incluso dentro de una misma fundación», asevera el responsable de fundaciones de investigación sanitaria de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, Luis González.

Con estas movilizaciones, se exige que la Junta deje de bloquear la autorización y publicación del convenio colectivo de esas fundaciones de investigación, que fue negociado, pactado con las direcciones de las fundaciones, y firmado en 2019.

La Junta alega como motivo para bloquear el convenio que supone un incremento de masa salarial (concretamente, para los casi 2.500 afectados, de un total de 237.587,99€ al año, es decir, de menos de 90€/persona afectada), «un incremento mínimo para unificar las condiciones de 2.500 trabajadores, de cuatro fundaciones distintas, con enormes diferencias salariales entre ellos», según los representantes de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Andalucía de CCOO Andalucía.

Una imagen de una de las protestas de los investigadores sanitarios, concretamente de Fibao.

Además de la aprobación del convenio colectivo, el personal investigador y aquel dedicado a la gestión de la investigación de Fisevi, Fimabis, Fibao y Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud exigen una amplia estabilización de sus plantillas, cuya precariedad viene sufriendo más de un 90% del personal, y rechazan «las ridículas cifras» de trabajadores a estabilizar propuestas por las gerencias de las fundaciones (poco más de 200 personas para una plantilla donde hay más de 2.400 trabajadores precarios).

Para esta organización sindical, el gobierno de la Junta «desprecia la investigación sanitaria y desoye las resoluciones del propio Parlamento de Andalucía» que, el 24 de septiembre de 2020, aprobaba las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de Andalucía que disponían lo siguiente: «Aumentar la financiación de la investigación como piedra angular para adelantarnos a nuevas pandemias y como inversión en salud (…)».

En la negociación de este convenio colectivo también participaron CSIF y UGT y su resolución ha sido apoyada también por el Sindicato de Enfermería Satse. Actualmente, el bloqueo del convenio es responsabilidad de la Consejería de Hacienda, con Juan Bravo al frente.

Se aprueba el primer protocolo contra las agresiones al personal de Faisem

Asimismo, FSS-CCOO Andalucía ha logrado que se apruebe el primer protocolo de prevención y actuación frente a las agresiones al personal de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem).

CCOO explica a través de un comunicado que este protocolo es resultado de «un trabajo arduo y consensuado» entre la Dirección y CCOO y que va a servir para prevenir y proteger a toda la plantilla. «Era necesario un protocolo de actuación específico, sobre todo para establecer mecanismos de actuación y apoyo a los profesionales que son víctimas de agresiones en el trabajo«, mantiene el delegado de prevención de CCOO del Comité Autonómico de Seguridad y Salud en Faisem, Óscar Díaz.

Sin embargo, Díaz asegura que esta organización sindical «echa de menos» que la Consejería de Salud y Familias «no haya tenido tiempo» de rubricar este protocolo y «no ponga en valor» el gran avance en prevención que supone su aprobación. Asimismo, CCOO exige a Faisem la elaboración de campañas de concienciación para informar a la plantilla de la relevancia de este documento y la creación de un observatorio de agresiones a nivel andaluz que coordine los distintos protocolos que existen.

«Fruto de este compromiso, se ha conseguido por fin un procedimiento que establece los pasos a seguir en caso de sufrir una agresión»

Óscar Díaz, delegado de prevención de CCOO del Comité Autonómico de Seguridad y Salud en Faisem

Por otra parte, la organización sindical recuerda que, en octubre de 2019, CCOO y la gerencia de Faisem asumieron «un compromiso claro y contundente» de elaborar «de manera prioritaria» un protocolo contras las agresiones para las personas trabajadoras de esta fundación.

«Fruto de este compromiso, se ha conseguido por fin un procedimiento que establece los pasos a seguir en caso de sufrir una agresión, que esta sea considerada contingencia profesional, que el trabajador tenga cobertura y asistencia médica, psicosocial y jurídica y crear un mapa de riesgos y un registro de agresiones que permitirá realizar el seguimiento y examinar si las medidas preventivas que se implantan son efectivas», añade Díaz.


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