En el informe del interventor sobre las compras de la Plataforma Logística de Sevilla-Hospital Universitario Virgen del Rocío, aparecían alegaciones del SAS a un contrato sobre el alquiler de módulos prefabricados para el centro de salud de Santiponce. Lo que en sí es todo un corolario y un claro ejemplo de la improvisación y de la mala gestión del SAS, que ha eternizado ya 14 largos años lo que debió ser una solución provisional
Tras más de una década y media metido en cal viva de olvido por parte de los sucesivos gobiernos de la Junta (PSOE, CS y PP), las consultas del centro de salud de este municipio fueron trasladadas a unos módulos prefabricados instalados en la calle 28 de Febrero en el año 2010, a causa de los desprendimientos y fisuras detectados en el antiguo edificio de una planta que acogía este servicio sanitario que, a fecha de hoy, sigue abandonado por completo, lleno de roedores, repleto de suciedad y desconchones tanto en la fachada como en las paredes. La Junta, primero con José Antonio Griñán y luego con Susana Díaz, congeló la construcción del nuevo centro de salud alegando la crisis económica tras el año 2008.
En abril de 2022, el entonces consejero de Salud, Jesús Aguirre, aseguró que iba a destinar 2,2 millones de euros en la construcción de un centro de salud. Incluso la redacción del proyecto ha supuesto una inversión de 157.006 euros. En marzo de 2023, después de que las obras fuesen licitadas a finales de 2022 por casi 3,3 millones de euros financiados al cien por cien con cargo a los Fondos Europeos de Recuperación, informaban que las obras empezarían en abril con un plazo máximo de 20 meses. En junio de este año 2024, el alcalde de la localidad, Juan José Ortega, denunció la paralización de las obras por culpa de un cable de media tensión de Endesa. El pasado 16 de octubre se adjudicó a Sando el desvío de la línea de media tensión para acometida eléctrica, por valor de 44.927,41 euros IVA incluido.
Los sanitarios y sindicatos denunciaron el mal estado del centro de salud
A partir del año 2010 y al calor de la crisis económica de 2008, empiezan los grandes recortes sanitarios en Andalucía. Al SAS se le pegó un tajo de 1.600 millones de euros en sus presupuestos hasta el año 2014. Aquí empiezan los grandes males de la sanidad en Andalucía. Los recortes lastraron la atención sanitaria y hospitalaria de la Junta de Andalucía, en manos del PSOE entonces y, a cambio, impulsó aquel engendro que se llamó la fusión hospitalaria que, a la larga, le costó el puesto a Susana Díaz Pacheco.
El centro de salud de Santiponce no fue ajeno a estos recortes. El inmueble tenía muchas deficiencias en su estructura. De hecho, en 2010, según denunciaron las centrales sindicales, sufrió la caída de «parte de la pared de una de las consultas de este centro», pidiendo su traslado a unas caracolas. La Junta se defendió alegando que el edificio donde se ubicaba el centro de salud era de titularidad municipal, mientras que la gestión asistencial correspondía al Distrito Aljarafe. El alcalde del municipio era entonces José Peña Canelo, del PSOE. El SAS finalmente colocó en 2010 unas caracolas donde trasladó la atención sanitaria del municipio.
El BOJA nos cuenta una historia
En la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía solo aparecen dos contratos sobre el alquiler de estos módulos. El primer contrato de 2010 no aparece ni en BOJA ni en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía. Así que, buscando las fuentes de información, acudimos al BOJA y encontramos que, en el mismo, con número 218 de fecha 7 de noviembre de 2014, se publica la Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican formalizaciones de contrato en su ámbito. Aquí aparece en la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla el contrato de arrendamiento de módulos prefabricados para el consultorio de Santiponce, como negociado sin publicidad, formalizado con fecha 30 de septiembre de 2014, y adjudicado a Algeco Construcciones Modulares SA por valor de 82.888,00 euros IVA incluido.
Conviene recordar que, en los años de esta primera adjudicación, gobernaba el PSOE de José Antonio Griñán la Junta de Andalucía. Es decir, que el PP de Moreno Bonilla heredó el contrato y lo mantuvo, lo pagó todos los años desde 2019, año desde el que gestiona el gobierno de la Junta, así como también heredó el problema de la construcción del centro de salud de Santiponce.
Se eterniza el contrato del centro de salud de Santiponce
El primer contrato sobre estos módulos prefabricados que aparece en la Plataforma de Contratación es de 2017 como Arrendamiento por exclusividad de módulos prefabricados para el centro de salud de Santiponce, Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte, adscrito a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla. La adjudicación está firmada digitalmente con fecha 6 de noviembre de 2017.
En el pliego de condiciones técnicas, se indica en un excel que hay un calendario de pagos para 2017 que será de 2.134,44 euros mensuales; para 2018 de 25.613,28 euros anuales; para 2019 de 25.613,28 euros anuales y, finalmente, en 2020 de 31.948,84 euros anuales, haciendo un total de 85.309,84 euros IVA incluido. El contrato se firma como negociado sin publicidad con la empresa Algeco Construcciones Modulares SLU por «tres lotes».
Más adelante se formaliza otro expediente, en 2021 y adjudicado en enero de 2022 de «suministro mediante arrendamiento, de módulos prefabricados para ubicación provisional del centro de salud de Santiponce, perteneciente al Distrito Sanitario Aljarafe y Sevilla Norte, adscrito a la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla», que, de nuevo, fue adjudicado como negociado sin publicidad a la empresa Algeco Construcciones Modulares, mientras que en el Pliego de Condiciones Técnicas aparece como «negociado sin cambio de proveedor», por un tiempo de 36 meses y por un importe total de 85.309,84 euros IVA incluido.
La empresa fue sancionada por la CNMC por formar un cártel
El 14 de diciembre de 2015 la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) indicaba que había sancionado con 9,3 millones de euros a siete empresas de fabricación, alquiler y venta de construcciones modulares por declararse acreditada una infracción de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia.
En concreto, la CNMC consideraba acreditadas las prácticas anticompetitivas, consistentes en la fijación de precios y el reparto de clientes, así como la adopción de acuerdos para el reparto de las adjudicaciones de licitaciones convocadas por operadores públicos y privados en el mercado español de la fabricación, alquiler y venta de construcciones modulares. Las empresas multadas fueron ABC Arquitectura Modular, Algeco Construcciones Modulares SA, Alquibalat SL, Alquileres Barceló Sáez SL, Arlan SA, Dragados SA, ACS Actividades de Construcción y Servicios SA.
La misma nota de la CNMC indicaba que a la empresa Algeco Construcciones Modulares SA la multa de 1,591 millones de euros, de la que resultaba responsable solidaria su matriz Algeco Scotsman Holding SARL. La nota también indicaba que la CNMC había otorgado la exención de la multa impuesta a Algeco (matriz y filiales) por un importe total de 1,591 millones de euros, como resultado de la aplicación del Programa de Clemencia. Algeco fue la primera empresa en aportar elementos de prueba que permitieron ordenar inspecciones en relación con este cártel.
Los tribunales confirman la sanción de la CNMC
Frente a los recursos de las empresas y, concretamente, en el de ACS Dragados, la Audiencia Nacional en noviembre de 2021 mantiene las multas de la CNMV a las empresas sancionadas, excepto a Algeco por los motivos anteriormente expuestos del Programa de Clemencia, indicando en el punto cuarto de los fundamentos de la sentencia que, «desde al menos el año 2008 y con vigencia hasta 2013, de una serie de acuerdos relativos a las adjudicaciones de licitaciones convocadas por operadores públicos y privados, así como el reparto de clientes y la fijación de precios, para el suministro, venta y/o alquiler, de construcciones modulares, entre empresas dedicadas a la fabricación, venta y alquiler de módulos. La conducta se desarrolla en las CCAA de Valencia, Murcia, Galicia, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña».
Finalmente, en agosto de 2022, el Tribunal Supremo inadmitía el recurso de casación que ACS presentó contra la multa de 8,6 millones de euros que impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a su filial Dragados por la formación de un cártel junto a otras seis empresas en el sector de las construcciones modulares y tuvo que hacer frente a la sanción millonaria impuesta.
Comentarios recientes