Según últimos datos publicado por el Imserso a fecha 30 de noviembre de 2024, en Andalucía fallece cada dos horas una persona en las listas de espera de dependencia. El total de fallecidos de enero a noviembre asciende a 5.319 (1.275 en el mes de noviembre, 42 al día), de los cuales 3.170 fallecieron pendientes de la valoración y 2.149 pendientes de recibir la prestación
Los tiempos de espera en resolver un expediente se han reducido en siete días, pasando de los 618 de octubre a 611 en noviembre y han aumentado el número de solicitudes, que se sitúa en 421.232 (+8.337); las prestaciones, en 432.866 (+6.777); los beneficiarios, en 291.702 (+3.688); y la lista de espera llega a las 54.881 personas (+1.893).
Se han dado de alta en el mes de noviembre 12.183 solicitudes (11.826 más que en octubre) y de baja 3.846 (1.321 menos). En el total del año, el número de altas asciende a 38.467 y el de bajas, a 41.386. «Queremos volver a incidir en el comportamiento tan anormal que se viene produciendo en las altas desde el mes de julio de 2023 y, más significativamente, desde primeros de este año», comenta Martín Durán, presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). Así, en enero fueron 1.355, febrero 1.789, marzo 6.334, abril 595, mayo 442, junio 598, julio 7.328, agosto 7.270, septiembre 216, octubre 357 y noviembre 12.183.
Andalucia continúa siendo la comunidad que más tiempo tarda en resolver un expediente seguido por Canarias con 567 días, el tiempo medio en España es de 332 días.
La situación de la dependencia en Andalucía continua un mes más «en situación crítica y ello no solo es achacable a una infrafinanciación por parte del Estado» que, según últimos datos facilitados por el Imserso en el año 2023, financiaba el 37,74% del total, muy lejos del 50% que por ley debería de aportar. No obstante, Andalucía es la tercera comunidad que más porcentaje de aportación recibe por parte del Estado solo superada por La Rioja 40,98% (210 días de espera) y Galicia 40,69% (388 días de espera), la media nacional se sitúa en el 28,58%.
Comunidades con menor porcentaje de financiación por parte estatal que Andalucía tienen menores tiempos de espera: Aragón 33,68% 194 días, Asturias 25,86% 343 días, Islas Baleares 25,99% 248 días, Castilla y León 36,81% 127 días, Castilla la Mancha 29,91% 189 días, Cataluña 23,45% 268 días y Comunidad Valenciana 22.29% 313 días. «Es evidente que la gestión es también fundamental y esta pésima gestión es solo achacable a la Junta de Andalucía», subraya Durán.
En 2002, la Unión Europea adoptó tres criterios básicos que debían regir las políticas de Dependencia de los estados miembros: universalidad, alta calidad y sostenibilidad en el tiempo de los sistemas que se implantan.
Como bien reflejan los datos del Imserso, en España estos criterios están seriamente comprometidos, ya que durante años se han dejado de aportar, por parte del Estado, los fondos necesarios para su funcionamiento y se empezó a limitar derechos.
«Todo ello ha provocado el colapso del sistema y ha dado lugar a cambios en la normativa, tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas, con la publicación de decretos que modifican sustancialmente el procedimiento para reconocer las situaciones de dependencia y el derecho a los servicios y prestaciones del catálogo, lo que ha ocasionado demora y desigualdad en el reconocimiento y atención a la dependencia entre las diferentes comunidades, los derechos subjetivos y universales no
se garantizan en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos», denuncia Durán.
Es por ello que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está promoviendo un anteproyecto de ley para reformar la Ley de Dependencia. Entre los avances que pretende esta reforma, destaca la mejora de la atención a domicilio para las personas en situación de dependencia, el reconocimiento del servicio de teleasistencia como un derecho subjetivo y la priorización de la accesibilidad universal.
El modelo propuesto es el modelo tradicional, revestido de terminología moderna, «cuya única novedad es la concesión de prestaciones económicas insuficientes«. En el mejor de los casos, estas prestaciones permiten costear «unas pocas horas diarias de cuidados profesionales, generalmente a través de empresas privadas que, muchas veces, no garantizan condiciones laborales dignas» para sus trabajadores.
«Dudamos de que la persona cuidadora prefiera recibir una prestación económica a cambio de las horas de cuidado que debe asumir, horas que afectan y condicionan su desempeño laboral, su tiempo de ocio y sus oportunidades personales. Este enfoque sacrifica el bienestar de quienes cuidan y, en última instancia, compromete la calidad de vida de las personas en situación de dependencia», agrega el presidente de FOAM.
«En lugar de perpetuar un sistema que prioriza la rentabilidad sobre las personas, es hora de cumplir con los principios que dieron origen a la Ley de Dependencia: universalidad, calidad y sostenibilidad. No se engañen ni engañen a los ciudadanos. Cumplan con el pacto social y trabajen para garantizar que la atención a la dependencia deje de ser un privilegio y se convierta en lo que siempre debe ser: un derecho.
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