Las auditorías operativas del sector instrumental andaluz: un grave y costoso error cometido por el Parlamento y el Gobierno de Andalucía

Cualquier ciudadano sensato sabe que, si intentara curarse una enfermedad muy grave tratando sólo algunos síntomas, tendría una altísima probabilidad de acabar en la morgue. Pues bien, algo parecido es lo que ha ocurrido con esa pretendida «reordenación efectiva del sector público instrumental» que el Parlamento andaluz contempló en dos preceptos de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019

El análisis que se realiza en este artículo se centra en la organización pública de la Administración de la Junta de Andalucía, dejando a un margen la organización de las administraciones locales. No obstante, estas últimas necesitarían otro artículo similar, dado que su situación en Andalucía es igualmente deplorable, tal como avancé en el escrito de alegaciones que puede descargarse en el artículo sobre el anteproyecto de ley de función pública de Andalucía.

Tras 36 años de parlamentos andaluces con mayoría del PSOE y gobiernos presididos por el mismo partido, en los que el sector público autonómico fue paulatinamente pervertido y sus órganos desnaturalizados con la indolencia de una oposición que sólo buscaba vivir del cuento partidista, cualquier cambio de signo político debería haber traído un plan o programa integral de reforma de todo el sector público que, entre otros muchos aspectos, incluyera la estructura organizativa, su patrimonio, sus recursos humanos y su funcionamiento, basado siempre en la persecución del interés público, marginando cualquier interés partidista o de ciertos colectivos.

Lamentablemente, el PP y Cs, con el apoyo de Vox, en vez de diseñar y ejecutar una reforma integral, se han centrado sólo en una parte: en la operativa del sector público instrumental, un sector conocido como administración paralela. Pero dicha operativa no deja de ser uno de los síntomas de la grave enfermedad a la que me refería anteriormente, sin tener en cuenta que la eficacia del tratamiento dependía de abarcar todo el sector público sin trocearlo. No tratarlo de forma integral genera una absurda consecuencia: empezar a construir la casa por el tejado.

Actuar racionalmente en aras del interés público exigía a los partidos políticos que pactaron en esta legislatura tener una idea o intención, unos objetivos claros de lo que debía hacerse con todo el sector público andaluz una vez instalados en el poder. Sin embargo, sólo han dado muestras de carecer de ideas y de perseguir intereses partidistas, violando incluso el ordenamiento jurídico (libertades y derechos fundamentales incluidos), sin que se haya producido un solo cese o dimisión, lo cual revela el estilo de gobierno de los partidos que iban a regenerar las instituciones andaluzas.

El sector público autonómico estaba y está gravemente enfermo, y para tratarlo era ineludible haber seguido determinadas fases que se han obviado. ¿Por qué? Sólo caben dos posibles respuestas: o bien se debe a la incompetencia e ineptitud de los cargos de los partidos gobernantes y de quienes les asesoran y apoyan, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, o bien se debe a que persiguen otros intereses espurios, muy diferentes al interés público. Lo que es evidente es que se ha vuelto a perder otra oportunidad histórica para resolver con racionalidad lo que se ha ido torciendo desde su origen.

Fases imprescindibles que el Parlamento y el Gobierno de Andalucía han eludido

Estos deberían haber sido los pasos a seguir y en este orden:

1º) Formar un grupo de trabajo, directamente dependiente de la Presidencia de la Junta de Andalucía (el presidente, Juanma Moreno, tenía que haber liderado la reforma a realizar), con participación de:

–Altos cargos que hubieran estado dispuestos a escuchar lo que posiblemente no les agradara y que hubieran dejado trabajar con plena libertad a los miembros del grupo;

–Funcionarios de carrera de la Junta de Andalucía que tuvieran conocimientos y experiencia en organizaciones públicas y calidad de servicios, capaces de emitir opiniones con total libertad y de actuar con plena objetividad e imparcialidad en sus opiniones e informes, sin intentar embelesar el oído de los cargos políticos para hacer carrera, que lamentablemente los hay (los pelotas de turno que tanto abundan en todos los sectores). Nadie conoce mejor las organizaciones públicas que las personas que trabajan en ellas.

Obviamente, ese grupo jamás se hubiera formado por los partidos que gobiernan ahora la comunidad andaluza ni por otros cualesquiera, pues la fobia que tienen todos los partidos de Estado a las opiniones técnicas libres, imparciales, objetivas y formadas es más que relevante, como he acreditado en muchas publicaciones anteriores, tanto en este diario como en otros medios informativos.

2º) Realizar una radiografía de todo el sector público autonómico. Se debía haber recopilado toda la información imprescindible para obtener esa imagen del momento (primer semestre del año 2019), tanto de la Administración General (consejerías y agencias administrativas) como de los entes instrumentales. Igualmente era necesario haber compilado las normas y jurisprudencia que pudieran afectar a dicha reforma.

3º) Analizar la información obtenida y relacionarla, considerando todos los factores imprescindibles: competencias o funciones, servicios a prestar, organización mínima, sedes precisas, recursos humanos y materiales, régimen jurídico, presupuestos, etcétera. Esta fase era imprescindible para conseguir que el siguiente paso (cuarto) se aproximase a la realidad, y que el paso quinto pudiera llegar a buen término sin tropiezos ni limitaciones más allá de las previsibles.

Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que no es lo mismo que los probables despidos del personal laboral se realicen antes o después de la integración de un ente instrumental en otros entes o la Administración General, a los efectos de su justificación. Tampoco se ha analizado cómo afectará a los empleados temporales y, en su caso, fijos. ¿Acaso se han estudiado estos y otros aspectos esenciales antes de obligar por ley a contratar unas auditorías operativas a empresas privadas? ¿Acaso se solicitaron en 2019 los informes debidos, con todos los datos imprescindibles (que no se recopilaron), sobre las posibles consecuencias jurídicas de perpetrar fusiones, absorciones e integraciones de entes instrumentales sin tener en cuenta la situación de las consejerías y agencias administrativas?

Cuando hay tanto dinero público en juego, cuando los recursos judiciales pueden paralizar cualquier decisión que se adopte, cuando la seguridad jurídica de los administrados está en grave riesgo, cuando la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios corren el peligro de empeorarse aún más, etcétera, no se puede actuar a lo loco con ocurrencias inconscientes que pueden originar un caos administrativo y una muerte a pellizcos de las organizaciones públicas. ¿O no eran tan inconscientes?

Para colmo, los previsibles efectos negativos los sufrirán los ciudadanos, no sus responsables, porque estos son intocables en esta partidocracia.

4º) Elaborar un plan de reforma de todo el sector público autonómico, con un calendario para la ejecución de las acciones. Su fin principal siempre sería racionalizar y simplificar la estructura organizativa de todo el sector público autonómico y su funcionamiento, aumentando no sólo la transparencia y eficacia (cumplir objetivos), sino también su necesaria eficiencia, es decir, incluyendo en la ecuación el gasto público necesario para cumplir eficazmente los objetivos. Dicho plan debía haber contemplado necesariamente la aprobación de una norma con rango de ley que delimitara todo el proceso de reforma, así como las modificaciones de las leyes y reglamentos que regulan el sector público andaluz, no sólo el sector instrumental.

5º) Aprobación, difusión y ejecución del plan, que muy posiblemente conllevaría la reordenación de la Administración General (consejerías y agencias administrativas) y la extinción de muchos entes instrumentales, con despidos de personal laboral, teniendo en cuenta que la Administración pública es esencialmente funcionarial (incluye al personal estatutario).

Las erróneas medidas aprobadas y realizadas por el Parlamento y el Gobierno andaluz, un lastre que pagaremos los andaluces

Como es natural en esta partidocracia, lejos de haber actuado con la racionalidad necesaria, los partidos políticos implicados se han lanzado al mercado de la propaganda partidista. Primero lo pactaron y luego aprobaron unos preceptos legales en el Parlamento (disposiciones adicionales vigésimo novena y trigésima de la citada Ley de Presupuestos para 2019) que obligaban a la contratación de unas empresas privadas para la realización de auditorías operativas del sector público instrumental, limitándolo a una parte que nunca debió desligarse del resto del sector público autonómico, dadas las íntimas conexiones existentes. Decidir una actuación parcial sin un análisis global previo, como ha ocurrido, es absolutamente irracional.

No obstante, aprovecho para señalar que la función auditora corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía, e incluso a la Cámara de Cuentas de Andalucía como órgano externo de fiscalización (OCEX), lo cual deja a ambos órganos en mal lugar, al ser políticamente inhabilitados de facto para ejecutar dichas funciones, a pesar de las alabanzas que los trileros de los partidos siempre proclaman sobre la «gran profesionalidad de los funcionarios» de ambos órganos. Más farsante no se puede ser.

Por un lado, la contratación de dichas auditorías operativas era innecesaria para conocer el estado o situación del sector público instrumental, porque esos «magníficos» profesionales que ha nombrado el gobierno andaluz como directivos en dichos entes instrumentales estarían para algo, cuyos méritos gerenciales eran galácticos, según defiende el gobierno andaluz con cada nombramiento. Además de tener acceso interno a cualquier información del ente que dirigen, estos directivos tenían acceso a los numerosos informes de la Intervención General y de la Cámara de Cuentas sobre los mismos.

¿Acaso los partidos gobernantes, al aprobar y contratar las auditorías externas, están reconociendo que estos directivos desconocen los datos del personal que dirigen, el patrimonio que tienen los entes, sus sistemas de información y procesos de trabajo, etcétera, y que son incapaces de efectuar propuestas y recomendaciones sobre la operativa que siguen dichos entes? ¿Qué han estado haciendo desde que los nombraron? ¿Sólo aplaudir las acciones del partido que los ha nombrado? Con las nóminas que cobran, es indignante esta tomadura de pelo a los ciudadanos, que deben tener grabada en la frente la palabra imbécil.

Por otro lado, y esto es lo más grave, dichas auditorías se han convertido en un lastre u obstáculo para la necesaria reforma de todo el sector público andaluz, porque la información que han recopilado con análisis incompletos, así como sus conclusiones y recomendaciones, muchas de ellas muy interesadas (me refiero para los partidos políticos, no para el interés público), servirán de argumento para oponerse a la extinción de entes instrumentales, al despido de personal laboral y a la reorganización de las consejerías y agencias administrativas, entre otras acciones, llegado el caso.

Peor no han podido actuar el Parlamento y el Gobierno de Andalucía: han generado un problema al limitar las posibles medidas a ejecutar

Peor no han podido actuar el Parlamento y el Gobierno de Andalucía: han generado un problema al limitar las posibles medidas a ejecutar, que supondrá un elevado coste económico, cierta inseguridad jurídica para los administrados y numerosas ineficiencias, entre otros efectos negativos.

Haber despedido a todo el personal laboral innecesario de los entes instrumentales era posible si se hubiera actuado debidamente. Pero no porque sean enchufados, como ha tergiversado el vicepresidente del gobierno andaluz, Juan Marín (Cs), sino por algunas de las causas objetivas previstas para el sector público en el Estatuto de los Trabajadores (BOE de 24/10/2015) y en el Real Decreto 1483/2012, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada (BOE de 30/10/2012). Tras realizar las auditorías operativas, el tema de los despidos se ha complicado, y mucho.

¿Ha sido intencionada la jugada de obligar por ley a contratar las auditorías operativas para obtener unas conclusiones y recomendaciones interesadas, que evitaran la extinción de entes instrumentales o el despido de personal laboral, entre otros efectos? ¿Ha sido el peaje pagado por el PP y Cs a Vox, sin reflexión alguna, para que este último apoyara los presupuestos de los años 2019, 2020 y 2021? ¿O todo ha sido fruto de la ineptitud e incompetencia de los miembros de unos partidos de Estado? Cada uno sacará sus propias conclusiones, pero opino que hay un poco de todo ello, y que el hambre de poder se ha juntado con las ganas partidistas de comer.

Tengan en cuenta que, en dichos entes instrumentales, no sólo hay enchufados del PSOE, que los hay, sino que también hay personal que pertenecen al PP, Cs, Vox, IU, etcétera, o que son allegados, como también debe tenerse en cuenta que dicho personal laboral son potenciales votantes en futuras elecciones (y sus familias). Además, es conocido que parte de las retribuciones de los directivos de los entes instrumentales y órganos de la Administración acaban ingresadas en los partidos, sea en A o en B. Cuando los partidos de Estado crean tantos cargos públicos innecesarios, no lo hacen precisamente por el interés público.

Los recursos judiciales sólo los utiliza el PP para manipular a los electores y hacerles creer que persigue el interés público

Si los cargos del PP hubieran sido coherentes con todo lo que alegó su grupo parlamentario del Congreso en el recurso de inconstitucionalidad que presentó contra la nefasta Ley 1/2011, de reordenación del sector público andaluz, aprobada por el PSOE, no hubieran actuado como lo han hecho. Y si Cs y Vox hubieran perseguido el interés público, no lo hubieran apoyado. Sus acciones y omisiones demuestran no sólo sus incoherencias, sino también que los recursos judiciales sólo los utiliza el PP para manipular a los electores y hacerles creer que persigue el interés público, cuando lo que persigue es llegar al poder y perpetuarse, como hacen todos los partidos políticos en esta partidocracia.

Estos fueron los argumentos del PP en el citado recurso presentado ante el Tribunal Constitucional: incumplimiento del Estatuto de Autonomía, vulneración de las funciones reservadas legalmente a los funcionarios que afectaba a las garantías que conlleva a los administrados, vulneración de la inamovilidad de los funcionarios forzados a trabajar en dichas agencias empresariales y de régimen especial, preferencia constitucional por el régimen funcionarial en vez del laboral, y un régimen de integración contrario al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad. Pueden comprobarlo descargando dicho recurso aquí: recurso de inconstitucionalidad del PP.

Ahora, todos esos argumentos que utilizó el PP para recurrir la deplorable ley que aprobó el PSOE, han pasado a mejor vida, gracias a su memoria selectiva y a la necesidad de Cs de no desaparecer. Ahora, los partidos gobernantes sólo tienen en cuenta sus nuevas expectativas para perpetuarse en el poder autonómico andaluz con el apoyo de Vox o de quien sea, y con la mínima pérdida de votos, aprovechándose de miles de andaluces que, en su ignorancia, se tragan toda la propaganda partidista que ni siquiera cuestionan informándose con un mínimo interés.

¿Qué más evidencias necesita la nación española para descubrir la estafa y el saqueo que supone esta partidocracia? No hay peor ciego que el que no quiere ver.