La UDEF concluye que el presunto caso de prevaricación en la Agencia IDEA «se diseñó dentro de la propia Consejería, al más alto nivel»

Los investigadores de la Policía Nacional acusan a «algunos responsables de la Junta de Andalucía entre los años 2005 y 2012 de tener una relación con los responsables de Isofotón SA para la comisión de un fraude a la Hacienda Pública mediante falsedades documentales, ignorancia deliberada y fraude de ley»

Tras la presunta trama de financiación ilegal del PP en Andalucía, denunciada el pasado martes en EL LIBRE, sale a la palestra el Caso Isofotón, esta vez con altos cargos de la Junta implicados cuando era gobernada por el PSOE. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha culpado a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de ocultar la grave situación en la que se encontraba la empresa malagueña Isofotón, que recibió más de 80 millones de fondos públicos en ayudas, avales y préstamos que están siendo actualmente investigados por un juzgado de Instrucción de Sevilla. Un total de 12 ex altos cargos socialistas de la Junta serán citados para declarar próximamente.

En su informe, al que ha tenido acceso EL LIBRE, el brazo de delitos financieros de la Policía Nacional tiene claro que ha habido tres ocultaciones (una actuación «dolosa»): «En un primer momento, en la concesión de las ayudas públicas, entre 2007 y 2012; en un segundo momento, en la aportación de información al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en 2013; y en un tercer momento, al solicitar la colaboración de la propia Agencia IDEA en la contestación a un conjunto de cuestiones sobre la naturaleza y procedimiento de concesión de las ayudas en el año 2016″.

La Agencia IDEA concedió más de 8 millones en ayudas cuando Isofotón estaba en una «situación prácticamente de preconcurso de acreedores» -algo que se solicitó unos meses después-, con un nivel de endeudamiento «muy elevado y una mínima disponibilidad de fondos», y esa tesitura, añade la UDEF, «podía ser conocida a partir de los datos de que disponían los responsables de los fondos públicos en el momento de concederlos».

«Omisiones intencionadas»

El informe de la UDEF indica que en la Agencia IDEA había omisiones «intencionadas» con el fin de «ocultar una situación económica deficiente» en Isofotón, además de «irregularidades en el crédito de la agencia IDEA, lo que podría constituir un delito de desobediencia y denegación de auxilio, además de encubrimiento» y que los investigadores vinculan con «otras falsedades cometidas por los responsables de IDEA».

En cuanto a las circunstancias de la concesión de avales y préstamos a la sociedad Isofotón SA por parte de la Agencia IDEA y Soprea entre los años 2010 y 2012, los investigadores policiales consideran esas ayudas públicas irregulares en su conjunto: «A pesar de que se cumple el procedimiento, se omiten o pasan por alto las señales que debían alertar a los gestores públicos sobre la falta de idoneidad de la operación. Se han detectado falsedades relacionadas con deudas con organismos públicos, cambios de cuantías no justificados, garantías prestadas que eran insuficientes o que ya soportaban cargas anteriores y, finalmente, un incumplimiento de condiciones exigidas al beneficiario, a pesar de lo cual la operación de financiación se realizaba».

Según el informe de la UDEF, existe procedimiento, pero se considera absolutamente inadecuado, pues se trata de ayudas de estado o de salvamento a empresa en crisis, «limitadas por su cuantía y plazo de concesión, lo cual las hace incompatibles con otras ayudas de esta naturaleza. Aún así, se concedieron en lo que ha sido calificado como «fraude de ley».

«Al más alto nivel»

Los investigadores de la Policía Nacional dejan claro en su atestado que «debe deducirse que es dentro de la propia Consejería (llamada por aquel entonces de Innovación, Ciencia y Empresa), al más alto nivel, donde se diseña y autoriza el plan de financiación a Isofotón SA».

«Dada la relevancia de la empresa, la crisis social que suponía su quiebra y la continua financiación recibida, con vulneraciones tan graves de las normas, podría inferirse que existía conocimiento y autorización de autoridades superiores. Lo contrario indicaría una completa autonomía en la actuación del consejero, sin límites ni controles de ningún tipo», reza en el informe policial.

Primar intereses subjetivos por encima de la normativa aplicable es prevaricación administrativa. Y los agentes de la ley ven aquí muchos indicios de ese delito.

José Antonio Griñán -ex presidente de la Junta-, Francisco Vallejo, Martín Soler, Manuel Recio y Antonio Ávila son solo algunos de los altos cargos socialistas que están imputados por el Caso Isofotón y la Agencia IDEA

La juez considera que los hechos investigados «podrían ser constitutivos» de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental», y ha imputado en concreto a cuatro ex consejeros (Francisco Vallejo, Martín Soler, Manuel Recio y Antonio Ávila), a tres ex viceconsejeros (Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román y Luis Nieto Ballesteros), al ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz (uno de los tres únicos absueltos en la sentencia del caso de los ERE), al ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón y al ex director de Promoción de Invercaria Juan María González Mejías, sobrino de Felipe González.

Además, la instructora ha citado como investigados a los ex directores de IDEA Antonio Valverde Ramos y Miguel Ángel Serrano Aguilar, al ex director de Invercaria Francisco Álvaro Julio -entonces director de inversiones estratégicas de IDEA-, así como a los «responsables de la trama empresarial que se beneficia de las ayudas públicas irregulares»: los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano Serrano y a Óscar López García.

De hecho, existen «importantes irregularidades» relacionadas con la entrada de los hermanos Serrano en la gestión de Isofotón a través del Grupo Affirma.

En la enorme lista de encausados que da la UDEF, llama la atención que está el mismísimo presidente de la Junta de Andalucía entre los años 2012 y 2014: José Antonio Griñán, porque era presidente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Le acompaña como investigado Gaspar Llanes Díaz-Salazar, el que fuera secretario general de Economía, que asistió al consejo rector de la Agencia IDEA el 8 de febrero de 2011, día en el que se aprobó el segundo aval de 12 millones de euros a Isofotón.

La conclusión del amplio documento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Sevilla es que se han cometido actos que podrían ser constitutivos de los siguientes delitos: «Prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, falsedad documental y encubrimiento«.

La historia de Isofotón

Isofotón fue fundada en Málaga (España) en 1981, como derivado de un proyecto universitario impulsado por el profesor Antonio Luque, de la Universidad Politécnica de Madrid, que fue su primer presidente. En 1985, consolidó sus actividades en el ámbito de la energía solar, incorporando la tecnología de fabricación de colectores térmicos.

En 1997, el Grupo Bergé se convirtió en el propietario de Isofotón. Y, en julio de 2007, la Corporación Alba adquirió el 26% con la intención de sacar a bolsa la empresa. En febrero de 2008, el consejero delegado, José Luis Manzano fue relevado del cargo ocupando su lugar el ex director general de Endesa, Carlos Torres.

En julio de 2008, el Grupo Bergé recompró el 26% de Isofotón, propiedad de Corporación Alba. Desde julio de 2010 hasta su liquidación en 2015 (los 297 trabajadores de la plantilla de la factoría en Málaga entraron en un ERE debido a un concurso de acreedores), Isofotón formó parte del Grupo Affirma, que llegó a poseer el 80% de la empresa. El 20% restante llegó a ser propiedad de Toptec, empresa coreana especializada en automatización industrial.