El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha procesado al alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres (PP), para el que la Fiscalía pide dos años de prisión por la inauguración en 2016 de una hamburguesería sin licencia de primera ocupación y de apertura
Tras el destape por parte de la UDEF de la Operación Terminus de presunta financiación ilegal del PP de Andalucía, otro caso mancha al partido en la provincia donde ahora mismo la Policía está poniendo todo el foco. El juez ha dictado un auto, al que ha tenido acceso Efe, ordenando la apertura de juicio oral tras la acusación por un delito de presunta prevaricación urbanística omisiva.
En la calificación provisional de la Fiscalía, se apunta que el alcalde asistió el 23 de noviembre de 2016 a la inauguración de dicha hamburguesería, ubicada en la carretera N-340, en el término municipal de Huércal de Almería.
«En ese momento, el acusado, en su condición de alcalde que además ostentaba las competencias de concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento (…) era plenamente consciente de que el citado local carecía de licencia de primera ocupación y, por lo tanto, también de licencia de apertura», asegura el fiscal.
El Ministerio Público subraya que fue «más de dos años después», en concreto el 26 de noviembre de 2018, cuando se emitió un informe por parte de un técnico municipal y, por lo tanto, estuvo «paralizado» el expediente administrativo de solicitud de licencia» durante ese tiempo.
Añade que dicho informe «puso de manifiesto» que el establecimiento «incumplía las condiciones técnicas para obtener las licencias, ya que había que corregir el saneamiento del establecimiento y las redes pluviales, entre otras deficiencias».
«Siendo conocedor de estas irregularidades, pero tratando de obtener popularidad y rentabilidad política con la apertura del establecimiento bajo su mandato, el acusado permitió con su deliberada pasividad el ilegal, el inicio de la actividad y, posteriormente, omitió conscientemente su deber de promover la puesta en marcha del procedimiento administrativo correspondiente para subsanar la situación», asegura la Fiscalía.
Por ello, acusa al regidor Torres por un delito de prevaricación urbanística omisiva, por el que, además de dos años de prisión, reclama el pago de una multa de 18 meses, a razón de 12 euros al día, y la inhabilitación durante 12 años para ejercer cualquier cargo o empleo público.
Torres ha remitido un comunicado en el que, «convencido de su inocencia», dice haber «recibido con satisfacción la decisión de la Fiscalía, que ha solicitado la apertura de juicio oral para esclarecer los hechos que denunció hace dos años la entonces alcaldesa de Huércal mediante el método de moción de censura».
Anuncia que, cuando finalice el procedimiento judicial, pedirá responsabilidades por verter acusaciones falsas contra él e insiste en que la acusación no se sostiene porque «el local contaba con toda la documentación necesaria para poder comenzar su actividad».
Además, añade, «la firma de la resolución para que comenzara la actividad este restaurante contaba, como siempre se hace, con todos los informes que se realizan en el ayuntamiento favorables» y a la empresa solo le faltaba «conectar la red de saneamiento a la carretera y colocar dos árboles».
Malos antecedentes
No es el único marrón judicial al que se enfrenta Ismael Torres. El alcalde de Huércal de Almería fue condenado en marzo a seis meses de prisión por un delito de alzamiento de bienes por las operaciones llevadas a cabo a través de empresas de su familia para evitar el pago de unos expedientes de la Agencia Tributaria.
La sentencia, a la que tuvo acceso Efe, declara probado que, hasta el 31 de mayo de 2011, el padre del regidor huercalense era el administrador de la empresa Casaplus Almería SL, dedicada a la actividad inmobiliaria.
A partir de esas fechas fue sustituido en sus funciones por su mujer, «partícipe social» de la mercantil al igual que sus hijos, el alcalde Torres y la hermana de este.
El fallo añade, asimismo, que el primer edil es el administrador de la empresa Supercasa Almería SL, que pertenece «al mismo grupo empresarial y familiar», así como de la mercantil Pluscasa Inmobiliaria.
Subraya que, después de que la Agencia Tributaria tramitase unos expedientes por el «incumplimiento» de «determinadas» obligaciones tributarias por parte de Casaplus SL por valor de 21.520,43 y 56.491,13 euros, se llevaron a cabo unas diligencias de embargo. Diligencias que «fueron casi totalmente improductivas debido a la falta de fondos» de la empresa.
En este sentido, el fallo indica que, «ante la certeza de que la entidad pública se iba a dirigir contra su patrimonio» para realizar el cobro, el administrador de Casaplus SL llevó a cabo diferentes operaciones.
Por ejemplo, vendió por 6.200.000 euros una finca urbanizable a una entidad financiera, si bien parte de esta cantidad fue retenida para cancelar la hipoteca de dicha propiedad, por lo que en la cuenta social de la empresa únicamente se ingresaron 409.015 euros.
Por otro lado, Casaplus vendió por 270.000 euros a Plus Casa (administrada por el regidor) otra finca, aunque sólo se extendió un cheque por valor de 7.083,44 euros, porque el resto fue reservado para el pago de impuestos e hipoteca.
«A pesar de lo señalado respecto al pago, no consta que el cheque fuera cobrado en las cuentas bancarias de Casaplus», añade la sentencia.
Movimientos bancarios
Por otro lado, Casa Plus realizó desde dos de sus cuentas «varias transferencias y retiradas de efectivo de importe muy elevado, en total 2.138.000 euros, sin ningún tipo de justificación económica, quedando la cuenta principal prácticamente sin saldo. Los destinatarios de estas operaciones fueron Supercasa, el padre del regidor, el primer edil y Pluscasa.
«Los hechos descritos anteriormente se realizaron por los acusados con pleno conocimiento y puestos de común acuerdo, con la certeza de que les iban a reclamar sus impagos» con la «finalidad de que la Agencia Tributaria no pudiese cobrarse con el mismo», precisa.
Por estos hechos, el juez condenó al alcalde Torres, a su padre, a su hermana y a otro acusado más a seis meses de prisión por un delito de alzamiento de bienes, por el que también se les impuso una multa de seis meses, a razón de 10 euros diarios.
Asimismo, se declaró la nulidad de la compraventa efectuada por Casaplus a Pluscasa, acordando restituir la finca urbana objeto del contrato. El juez también ordenó el reintegro de diferentes importes irregulares.
Tras esto, el primer edil y sus familiares recurrieron el fallo del Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ante la Audiencia Provincial de Almería, que ha desestimado los recursos de apelación, confirmando íntegramente la sentencia, eliminando únicamente una referencia relativa a Torres relacionada con el reintegro de 992.000 euros.
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