El titular del juzgado de instrucción número 5 de Sevilla ha llamado a declarar como investigado al alcalde de Santiponce, Justo Delgado (AxSí), por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, en relación a la concesión de una subvención de la UE para un contrato del alumbrado de la localidad adjudicado en 2021. También está siendo investigado el primer teniente de alcalde Juan José Ortega (IU), entre otros
Según se refleja en la documentación a la que ha tenido acceso EFE, el caso arranca de una denuncia a la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional por una parte de la oposición municipal, presentada después de que el 28 de mayo de 2020, en pleno, se aprobase la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado exteriores del municipio.
La puesta en marcha de este proyecto, cita la denuncia, estaba condicionada a una subvención de los fondos Feder de 1.274.291,46 euros, concedida con la condición de que el Ayuntamiento aportase el 20% restante de la inversión necesaria.
Sin embargo, en el presupuesto municipal del año siguiente, indican los denunciantes, solo se incluyó el 50% de la partida, de modo que «no estaba dotada económicamente, pero licitó el contrato administrativo«, con la premisa de que el 13 de diciembre de 2021 «se justificó la omisión con un documento de retención de crédito para un gasto que no era real».
La denuncia señalaba también que el crédito retenido era insuficiente y solo alcanzaba la cantidad de 1.023.133,14, y en el anuncio «se indicó falsamente que no había financiación con fondos de la Unión Europea«, mientras que la adjudicación del contrato «se acordó en Junta de Gobierno Local, no en el Pleno, con lo que no pudieron intervenir todos los concejales».
Fase de diligencias previas
La denuncia por estos hechos fue presentada el 24 de mayo de 2022, y el pasado 28 de noviembre la Fiscalía comunicaba a las partes que abría diligencias por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
En medio el proceso, el 19 de octubre de 2022, el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, «comisionados por la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos«, reclamó al Ayuntamiento la entrega de varios documentos, entre ellos el expediente completo «que había quedado condicionado a la obtención de confinación Feder«, además de un informe por parte de la Intervención Municipal «en relación a la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local, celebrada con fecha 21 de febrero de 2022«, en la que se adjudicó el contrato.
Junto al alcalde, que declarará el 16 de mayo a las 9:30, comparecerán varias personas más, en un proceso que se encuentra en fase de diligencias previas, mientras que el 31 de mayo declarará un testigo relacionado con los hechos.
