fisioterapeutas

Un fisioterapeuta trata de trabajar con protección.

Salud

La desprotección ante el Covid-19 cierra ópticas y clínicas de fisioterapia

Comparte este artículo:

Los consejos colegiales de fisioterapeutas, ópticos-optometristas, podólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales y nutricionistas deciden cerrar sus centros privados ante «la situación de desabastecimiento» de equipos de protección e instan al Gobierno central a que considere sus ERTES como «causa de fuerza mayor» para garantizar la continuidad de todos los puestos de trabajo

Nos encontramos frente a una crisis sanitaria sin precedentes, tanto por el número de ciudadanos afectados como por la extraordinaria exigencia que suponen para los profesionales sanitarios los procedimientos terapéuticos que tienen que desarrollar con plenas garantías de seguridad atendiendo a la necesidad primaria de revertir la curva de contagio.

Precisamente y en relación a este punto de eliminar toda vía de contagio posible, estos seis consejos colegiales sanitarios, de manera conjunta, informan de que, ante la situación de alerta sanitaria por el COVID-19, tenemos la obligación de «cerrar nuestros centros de titularidad privada por fuerza mayor».

«Nuestras intervenciones terapéuticas implican un contacto directo con el paciente, muy próximo y sostenido en el tiempo, de tal manera que aumenta significativamente el riesgo de contagio entre el profesional y el paciente si no se disponen de los medios de protección: mascarillas y gafas de protección, guantes de nitrilo, batas desechables, soluciones hidroalcohólicas, así como elementos de desinfección para nuestros centros sanitarios, los utensilios, maquinarias y los productos que están en contacto con nuestros pacientes«, comentan desde los seis colegios.

«Nuestras intervenciones terapéuticas implican un contacto directo con el paciente, muy próximo y sostenido en el tiempo, de tal manera que aumenta significativamente el riesgo de contagio entre el profesional y el paciente»

Actualmente, existe una situación de desabastecimiento de las medidas de protección enumeradas, debido que las mismas no se encuentran en los distribuidores de material sanitario por estar englobadas dentro del apartado tercero de la Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, y porque estas medidas se están derivando, como no puede ser de otra manera, a los servicios públicos de salud. El no poder tener las medidas de protección necesarias, en cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en concreto su artículo 21, «os obliga a suspender la actividad de nuestros centros sanitarios, tanto por nuestra voluntad o por imposición de nuestros trabajadores«.

Suspensión de la actividad

«La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha suspendido la actividad de los centros sanitarios, así como ha realizado también la Generalitat de Cataluña. Para hacer frente a estos cierres, bien dictaminados por las CCAA, bien por no disponer de suministros de medios de protección, la mayoría de los centros deberán de acudir a medidas de suspensión del contrato de trabajo al amparo del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, cuando no al cierre definitivo, que todos esperamos poder evitar», comentan desde estos consejos colegiales.

«Y esta suspensión de los contratos de trabajo son por causa de fuerza mayor, ya que no existe ninguna vinculación entre la pandemia por el COVID-19 y nuestras actividades ni las de nuestro sector. Además, todos nuestros centros que son de atención al público son cerrados, cuando no es por orden autonómica, por la falta de suministros de medidas de protección que eviten los riesgos de contagio para nuestros pacientes y trabajadores», ponen de relieve desde los seis consejos.

ERTES para salvar los negocios

Por ello, solicitan a Verónica Martínez, directora general de Trabajo del Gobierno de España, que emita una directriz a las autoridades laborales de las CCAA, que son la autoridad competente para evaluar los ERTES que están presentando los profesionales adscritos a estos seis consejos colegiales sanitarios, para que «admitan como causa de los ERTES la fuerza mayor», tal como regula el artículo 22 del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, «por ser centro de atención directa al público y tener la falta de suministros de medidas de protección que impiden gravemente continuar con el desarrollo de la actividad, consecuencia directa del COVID-19«. De esta forma y al mismo tiempo, se garantizará el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. A día de hoy, se han presentado ya en España más de medio millón de ERTES.


Comparte este artículo:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*