La Consejería de Salud aduce motivos que justifican la eliminación de todas las agencias empresariales y otros entes de la Junta de Andalucía

Contradiciendo las conclusiones y recomendaciones de varias de las auditorías operativas contratadas por la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud aduce motivos en el expediente del proyecto de decreto que prevé la integración de las agencias públicas empresariales sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud que justificarían la eliminación de todas las agencias empresariales de la Junta

Sin perjuicio de lo indicado en mi anterior artículo sobre el grave y costoso error cometido por la Junta de Andalucía con la contratación y realización de dichas auditorías operativas por los motivos que expuse, en el presente artículo se muestran las contradicciones en las que incurre la Junta de Andalucía por no haber actuado racionalmente desde el inicio. Asimismo, les advierto que en este artículo leerán temas de inmensa utilidad que no podrán leer en ninguno de los medios de comunicación de masas, muchos de los cuales se dedican simplemente a difundir la propaganda de los partidos de turno que ocupen el poder, y no de forma gratuita, obviamente (publicidad institucional, subvenciones, etcétera).

El pasado 3 mayo de 2021, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, acordó el inicio del procedimiento de elaboración del proyecto de decreto por el que se dispone la asunción por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de los fines y objetivos de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias (APES).

Dichas APES son las siguientes: Costa del Sol, Hospital de Poniente de Almería, Hospital Alto Guadalquivir, Bajo Guadalquivir y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). Las cuatro primeras gestionan algunos centros hospitalarios de la comunidad autónoma, mientras que EPES presta el servicio de asistencia sanitaria de urgencias, con un diagnóstico o tratamiento que requiera una asistencia inmediata y de alta complejidad (conocida también por 061).

En la memoria justificativa del expediente del proyecto de decreto, realizada en el seno de la Viceconsejería de Salud que dirige Catalina García, se justifica la integración de dichas APES en el SAS con diversos motivos, que se resumen en estos dos:

a) Las APES se crearon porque se les presumía una mejor eficacia, eficiencia y calidad en sus actuaciones, porque introducían nuevas formas de organización y gestión, tratando de conseguir una equilibrada combinación entre las técnicas públicas y privadas de administración, tanto en el régimen jurídico del personal, como en la gestión económica y presupuestaria, en la contratación o en las técnicas de gestión administrativa, que agilizaban sus acciones y les confería ventajas operativas. Sin embargo, con las reformas legislativas que han ido introduciendo ciertos controles y elementos (propios del derecho administrativo), han perdido dichas ventajas, con lo cual ya no tiene sentido la existencia de dichas APES.

Para que la mayoría de los lectores comprenda mejor lo que dicha memoria justificativa dice de forma tan técnica y sutil, lo explicaré en román paladino: los partidos políticos que han ido gobernando en Andalucía crearon -y mantenido después- dichas APES para huir de los férreos controles y demás elementos propios del derecho administrativo, los cuales caracterizan el régimen jurídico de la Administración General (consejerías y agencias administrativas), una huida o desbandada que facilita la corrupción política y económica (nepotismo o nombramientos a dedo de personal, gasto público sin control previo de funcionarios interventores en contratos con empresas, convenios y otros expedientes, etcétera). Con la aprobación de algunas normas (con medidas aparentemente dirigidas a intentar reducir la corrupción, aunque no sean eficaces), se han ido disfrazando a las APES de pseudoadministración general, por lo que su régimen se ha desnaturalizado, siendo razonable que se eliminen dichas APES y que sus funciones las realice la Administración General, tal como venía haciendo desde antes de la creación de dichas APES; es decir, que las asuma el SAS (agencia administrativa).

b) Las auditorías operativas de dichas APES concluyen y recomiendan que dichas agencias empresariales sanitarias se integren en el SAS; así se indica al final de la página 3 de dicha memoria justificativa.

Sin embargo, esto último no es del todo cierto: aunque en cuatro de las auditorías operativas de las APES sí se recomiendan su integración en el SAS, la auditoría operativa de la agencia EPES no concluye eso. Por tanto, la memoria justificativa de la Consejería de Salud falta a la verdad en ese aspecto concreto respecto a la agencia EPES.

Los motivos aducidos por la Consejería de Salud justifican la eliminación de todas las agencias empresariales y otros entes de la Junta de Andalucía, lo cual contradice lo recomendado por muchas de las auditorias operativas contratadas

Al analizar con detalle el apartado anterior, a) resulta paradójico que los motivos expuestos por la Consejería de Salud en la citada memoria justificativa -y algunos muy razonables- justificarían igualmente la extinción del resto de las agencias públicas empresariales y otros entes de la Junta de Andalucía, aunque muchas de las cacareadas auditorías operativas contratadas por la Intervención General de la Consejería de Hacienda que dirige Juan Bravo (PP) no hayan mencionado esos motivos ni concluido lo mismo.

Por tanto, basándonos en los citados motivos del anterior apartado a), habría que eliminar igualmente a las siguientes agencias públicas empresariales de la Junta de Andalucía:

– Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH);

– Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID);

– Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA);

– Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC);

– Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA);

– Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA);

– Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOP);

– Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIC);

– Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE);

– Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA);

– Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA);

– Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA);

– Agencia Andaluza de la Energía (AAE).

Algo similar podría decirse del resto de entidades instrumentales de la administración paralela de la Junta de Andalucía, como las fundaciones, sociedades mercantiles y las agencias de régimen especial, cuyas extinciones también podrían quedar justificadas, dados los cambios normativos que cita la Consejería de Salud.

Si leen este interesantísimo artículo sobre las sociedades mercantiles, podrán comprobar que corrobora la mencionada desnaturalización de los entes instrumentales en todas las Administraciones públicas: Las sociedades mercantiles públicas. Su naturaleza jurídica privada y su personalidad jurídica diferenciada: ¿realidad o ficción? (Carmen Chinchilla Marín, catedrática de Derecho Administrativo; RAP mayo-agosto (2017), pp. 17-56).

Es tal el caos jurídico organizado por los partidos políticos, con el vergonzoso apoyo del Tribunal Constitucional (muy propio de esta partidocracia), que esta catedrática deja constancia incluso del extravagante reconocimiento que realiza la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Su artículo 2.1.b) indica que las sociedades mercantiles públicas pueden ejercer potestades administrativas, lo cual considera la autora que es algo anómalo y paradójico, dado que sólo los poderes públicos pueden ejercer potestades públicas, y una sociedad mercantil no lo es, aunque sea de titularidad pública. En mi caso, hubiera sido más duro en el análisis, y no lo hubiera llamado “anomalía”, sino una intencionada redacción legal para confundir a los operadores jurídicos y facilitar la corrupción política y económica. Tengan en cuenta que las leyes no pueden ser recurridas directamente por los ciudadanos y, aunque pudieran, ahí están los miembros del Tribunal Constitucional para sustentar las aberraciones de los partidos, a quienes deben sus nombramientos en este dañino régimen partidocrático y kakistocrático.

Los motivos aducidos en el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP en 2011 justificaban igualmente la eliminación de las agencias públicas empresariales y de otros entes instrumentales de la Junta de Andalucía

Aunque los citados motivos son más que suficientes para justificarlo, es obvio que el actual gobierno andaluz del PP y Cs no va a dar ese paso realmente imprescindible de eliminación de dichas agencias empresariales y de otros entes instrumentales de la Administración andaluza, a pesar de todo lo que alegó el PP en su recurso de inconstitucionalidad (véase mi artículo anterior), que igualmente justificaba la eliminación de la inmensa mayoría de los entes instrumentales actuales.

Algunas de las funciones que tienen atribuidas dichas agencias y demás entes instrumentales podrían ser realizadas perfectamente por las consejerías y agencias administrativas a través de su personal funcionario, muchos de los cuales están sin trabajo o realizando tareas inútiles o ineficientes debido a la pésima estructura orgánica de la Administración andaluza y la deplorable gestión de sus recursos humanos, cuyos máximos responsables actuales son Elías Bendodo (PP) y Juan Marín (Cs). Entre otras perlas, esa gestión incluye vulneraciones de libertades y derechos fundamentales, sin que ninguno de los responsables haya presentado su dimisión o haya sido cesado. Quizás por estos y otros motivos, ni el Parlamento ni el Gobierno andaluz han querido analizar la situación de la Administración General, y han centrado la actuación en los entes de la «administración paralela», como expliqué en mi artículo anterior, dejando en evidencia que era un error grave y costoso.

Es decir, el Parlamento y el Gobierno han evitado que esas auditorías también abarcasen a las consejerías y agencias administrativas para que no se conociera la pésima gestión de los partidos políticos en el seno de la Administración General, la cual debió tenerse en cuenta para reformar debidamente la administración andaluza.

Otro ejemplo de esa deplorable gestión de recursos humanos es lo que ocurre en la Agencia Andaluza de la Energía, que, según la auditoría operativa, cuenta con 35 interinos de los 36 trabajadores que pueden ejercer las potestades administrativas atribuidas a dicha agencia, todas ellas vinculadas a la gestión de subvenciones (la gestión de incentivos supone más del 90% del presupuesto de dicha agencia), función que siempre ha realizado la consejería, y que podría volver a realizar sin problema alguno, aunque la auditoría justifica lo contrario (curiosamente, coincide con el interés de los partidos en que no haya funcionarios inamovibles que puedan informar como desfavorable alguna subvención). Para colmo, se indica que se está tramitando la incorporación de 30 nuevos interinos. Y todo esto, con funcionarios de carrera de las consejerías sin trabajo o realizando tareas inútiles e ineficientes, como muchos de los que han sido cesados de puestos de libre designación, a los que se les han creado puestos de trabajo a extinguir en las consejerías con el rimbombante nombre de consejero técnico, y con nombramiento provisional.

Debo resaltar que, muchas de esas funciones atribuidas a las agencias empresariales y otros entes, implican el ejercicio de potestades administrativas que, por imperativo legal, no puede realizar el personal laboral contratado, hecho que han silenciado algunas de esas auditorías operativas, a pesar de su elevado coste económico, y que la Intervención General de la Junta ha pasado por alto a la hora de pagar esos contratos. Si tienen interés en comprobarlo, alguna empresa auditora no ha querido hacer sangre con este tema y sólo señalan en la auditoría el “riesgo” de que pueda haber personal laboral ejerciendo potestades administrativas, sin decir claramente que lo están haciendo (página 8 de la auditoría de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales). ¡Más claro, agua!

Y, si algún lector no comprende cómo una empresa auditora no alcanza a confirmar la realidad y sólo habla de “riesgo”, es porque no conoce cómo se hace una auditoría. Lo explicaré: el auditor sólo analiza la información que le traslada el órgano auditado, que no siempre se ajusta a la realidad, porque es obvio que ocultará aquello que le pueda perjudicar o sólo entregará lo que le interese resaltar. De ahí la inutilidad de las auditorías como método de control o para que puedan considerarse un instrumento fiable para ofrecer una imagen real de la situación del órgano auditado. Léanse el alcance, limitaciones y salvedades de cualquier auditoría y comprenderán lo que estoy diciendo.

Para que puedan comprobarlo ustedes mismos, les dejo con la imagen de algunos párrafos de la auditoría de la Agencia Andaluza de la Energía (página 24), con frases como “De la información enviada por la AAE, el Ente señala que las actuaciones que realiza esta Dirección son muy variadas”, o “Por otra parte, según la documentación aportada,…”, o “Según la AAE, el incremento del personal interino viene determinado por…”; es decir, no se hace una comprobación de la realidad, sino simplemente se repite la información que facilita el ente auditado sin saber si se corresponde o no con la realidad (es un acto de fe). Los auditores no acceden a los sistemas de información, a los expedientes, etcétera, sino que simplemente analizan lo que les facilite el ente auditado. Imaginen la credibilidad que pueden tener todas las auditorías realizadas, especialmente sus conclusiones y recomendaciones basadas en la información que haya facilitado cada ente auditado de forma interesada, dado que todo humano tiende a ocultar sus propios errores:

Otro motivo que justifica igualmente la eliminación de las agencias públicas empresariales y de otros entes instrumentales de la Junta de Andalucía

Añadiré un motivo más que refuerza la justificación dada por la Consejería de Salud y que el PP defendió en su recurso de inconstitucionalidad. Si determinadas funciones (potestades administrativas), atribuidas de forma “anómala” a dichas agencias empresariales, sociedades mercantiles, etcétera, sólo pueden ser realizadas por funcionarios de carrera, según la ley, hasta el punto de que algunas consejerías tienen que incorporar a sus funcionarios en dichas agencias, ¿qué impide que dichas funciones las realicen las consejerías? ¿Qué sentido tiene la existencia de entes cuyas funciones son realizadas por los funcionarios de las consejerías? Es decir, son entes que duplican el gasto en personal (laboral), infraestructura informática, sedes, limpieza, seguridad, etcétera.

Esta aberración no tiene ningún sentido, salvo el de facilitar la corrupción en estos entes instrumentales al eludirse la aplicación de determinadas normas propias del derecho administrativo: recuerden los casos de corrupción en Andalucía en los que están implicados los entes IDEA, Invercaria, Soprea, Faffe, DAP -hoy Agapa-, etcétera, o algunos órganos de la Administración General en los que se eliminan los controles propios del derecho administrativo, imponiendo métodos del derecho privado.

Además, lo que se consigue revistiendo a estos entes instrumentales de potestades y elementos propios de la Administración General (regida por el derecho público) es desnaturalizar aún más el régimen jurídico de dichas agencias, cuyo personal está sometido por ley al derecho privado (laboral). Resulta tan kafkiano este asunto que el silencio en algunas de las auditorías operativas contratadas por la Junta sólo puede deberse a la defensa de intereses partidistas de los que han pagado dichas auditorías o a la falta de profesionalidad de los auditores de las empresas auditoras afectadas o a ambos motivos.

La reducción del gasto público (personal, sedes y contratos para su funcionamiento, etcétera), la disminución de la corrupción, la racionalidad organizativa y la eficiencia que se conseguiría con la extinción de los entes instrumentales y el despido del personal laboral innecesario, entre otros aspectos, serían muy considerables a corto-medio plazo para la Junta de Andalucía, es decir, para la inmensa mayoría de los andaluces. Sin embargo, el gobierno andaluz no para de repetir el mantra de la imposibilidad de extinguir determinados entes instrumentales (sólo hablan de fusiones, que nada solucionan) o de despedir al personal de esas agencias empresariales -y fundaciones, sociedades mercantiles, etcétera-.

¿No será que los indolentes cargos del PP y Cs quieren evitar el enfrentamiento con los representantes de los trabajadores en dichas agencias para no salir perjudicados electoralmente? ¿No será que no quieren aumentar las cifras de paro para no verse perjudicados electoralmente, aunque eso suponga mantener un gasto público inútil e ineficiente, que no es lo que exige el interés público?¿Acaso estos políticos vagos, haraganes y desalmados tienen alergia al esfuerzo que hubiera supuesto el diseño racional de todo el proceso de reforma de la Administración de la Junta de Andalucía, incluyendo en su ejecución el estudio y preparación de toda la documentación necesaria para realizar despidos de personal laboral? ¿No será que dichos partidos persiguen otros intereses espurios muy diferentes al interés público? ¿No será que hay mucho de todo lo anterior?

Es evidente que el objetivo político de los partidos políticos es otro muy distinto al del interés general. Seguirán con el engaño a los ciudadanos con el único fin de no perder votos o conseguir más, con el fin de perpetuarse en el poder y mantener los privilegios.

Concluyo, y aprovecho para reiterar la misma advertencia que siempre hago y seguiré haciendo: a todos los partidos políticos sólo les interesa un sistema en el que puedan abusar del poder sin consecuencias negativas para ellos (partidocracia), porque detrás hay un modo de vida muy privilegiado.

La nación española sólo puede obtener innumerables injusticias de la obscenidad política. Por ello, España está abocada al fracaso si su nación (el pueblo) no pone fin a este régimen partidocrático e instituye una democracia formal caracterizada esencialmente por la separación real de poderes del Estado, con frenos y contrapesos efectivos entre ellos. Para ello, es imprescindible como mínimo:

–Elecciones diferenciadas al Legislativo y Ejecutivo y un régimen exhaustivo de incompatibilidades e inelegibilidades. En el primero, el representante (diputado de distrito) se elegiría en cada distrito electoral uninominal; en el segundo, el representante de la Presidencia se elegiría en distrito único nacional.

–Una justicia independiente, siendo elegidos los miembros del órgano de gobierno de los jueces por todos los operadores jurídicos (jueces, magistrados, fiscales, abogados, procuradores, letrados de justicia, oficiales, auxiliares, etcétera), que tendrá atribuidas funciones como la potestad reglamentaria (regulación de personal, de administración de recursos, etcétera) y la gestión de los recursos humanos y materiales, incluido el presupuesto que apruebe el Legislativo (se elimina el Ministerio de Justicia).