La Consejería de Igualdad desprecia de nuevo a los profesionales de la comunicación con ofertas laborales que son «un insulto»

Los representantes de las asociaciones de la prensa de Andalucía, con el respaldo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), denuncian y rechazan la nueva convocatoria de la consejería, para cubrir un supuesto “servicio de asistencia técnica de comunicación” en cinco delegaciones provinciales, que en realidad es un puesto estructural de periodista

Cambiando la denominación del contrato, ocultando las funciones y el trabajo a realizar y limitando las ofertas a entidades y no a personas físicas. Así ha resuelto la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, con Rocío Ruiz (Ciudadanos) a la cabeza, el expediente de contratación del Servicio de Gabinete de Comunicación y Prensa de la Delegación Territorial de Sevilla, que tenía previsto hacer extensivo al resto de delegaciones andaluzas, y que la administración paralizó ante el rechazo y la denuncia pública de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) por considerar la oferta abusiva y precaria.

Los representantes de las asociaciones de la prensa de Andalucía exigen a la consejera Rocío Ruiz que rectifique y solicitan, en una carta firmada por todos, una reunión con Ruiz para consensuar «una solución digna» para arreglar esta situación.

Llama poderosamente la atención que sea precisamente una consejería que tiene que velar por las políticas sociales, por la justicia social en Andalucía, la que oferte este puesto de alta cualificación con estas aberrantes condiciones laborales.

«Cuál no ha sido nuestra sorpresa cuando las nuevas licitaciones hechas públicas
por las delegaciones de Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla mantienen la
dotación económica del primer expediente de contratación (14.900 euros
anuales sin IVA) y se han resuelto cambiando la denominación del contrato
(Servicio de Asistencia Técnica de Comunicación por Servicio de Gabinete de
Comunicación y Prensa), ocultando las funciones y el trabajo a realizar, y
limitando las ofertas a entidades y no a personas físicas«, denuncian las asociaciones de la prensa de Andalucía.

«Consideramos una ofensa y un desprecio a los profesionales del periodismo esta convocatoria, más aún cuando responsables de la propia consejería se habían comprometido a modificar y revisar tanto la retribución económica como las funciones a desempeñar por la persona o entidad finalmente seleccionada».

Por su parte, la APS considera «un insulto y un desprecio a los periodistas» el nuevo expediente de contratación que la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla ha publicado con fecha 31 de marzo, Miércoles Santo, antesala de un periodo de cuatro días festivos en la ciudad y con solo cinco jornadas hábiles para concurrir, ya que el plazo finalizó ayer viernes, día 9 de abril, viernes, a las 15:00 horas. Y más aún lo es cuando, una vez retirada la convocatoria, responsables de la consejería se habían comprometido a modificar y revisar tanto la retribución como las funciones a desempeñar en la prestación de este servicio de comunicación cualificado para una administración pública.

Comportamiento impropio de una administración pública

La nueva licitación, en esta ocasión para la denominada contratación del Servicio de Asistencia Técnica de Comunicación, posee la misma dotación económica –14.900 euros anuales (IVA excluido)-, que la que se viera obligada a retirar tras la denuncia, por parte de la APS, de las condiciones laborales y salariales indignas para los profesionales de la comunicación que pudieran concurrir a la oferta.

Además, el pliego de prescripciones técnicas de la actual convocatoria no recoge las funciones que ha de desempeñar esa supuesta asistencia técnica de comunicación objeto del contrato, indicando, exclusivamente, que “la entidad adjudicataria vendrá obligada a realizar las actividades y tareas de asistencia técnica de comunicación a la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla”. Asimismo, el citado pliego señala igualmente que «será la entidad adjudicataria la que, para la adecuada prestación del servicio, destine todos los medios materiales, técnicos y profesionales propios». En las nuevas condiciones se habla, en todo momento, de entidad adjudicataria y no de adjudicatario, por lo que «cabría deducir que se cierra la posibilidad a que una persona física, un periodista, de manera individual, como autónomo, pueda concurrir», ponen de relieve desde la APS.

La APS exige a la consejería que dirige Rocío Ruiz que retire esta nueva convocatoria «por ser una ofensa y un desprecio para los profesionales de nuestro sector y para el periodismo en general»

Cabe recordar que el primer expediente de contratación publicado por la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, objeto de la denuncia de esta asociación profesional, dotaba económicamente este servicio cualificado de información y comunicación con un máximo previsto de 14.900 euros anuales (IVA excluido), «teniendo los aspirantes que aportar, además, todos los medios materiales, técnicos y profesionales propios para la adecuada prestación del servicio». En esa primera convocatoria sí se detallaban todas las funciones y los trabajos a realizar, que suponemos que seguirán siendo los mismas de esta nueva oferta y que eran las siguientes:

La Asociación de la Prensa de Sevilla denuncia que la consejería «vuelve a disfrazar, bajo la denominación de «Asistencia Técnica en Comunicación», a precio de saldo y de auténtica explotación laboral, la subcontratación de un puesto de trabajo estructural de periodista». Por ello, le exige que retire esta nueva convocatoria «por ser una ofensa y un desprecio para los profesionales de nuestro sector y para el periodismo en general». «Este comportamiento es inaceptable en una administración pública», apostillan desde la APS.

«La Consejería de Igualdad va a crear falsos autónomos»

La Asociación de la Prensa de Cádiz, por su parte, deja clara también su postura ante este abuso: «Las administraciones púbicas han de ser el espejo en que muchas empresas privadas se miren a la hora de cuantificar y elaborar sus contrataciones para profesionalizar su comunicación. Con esta licitación, se hace un flaco favor a los colectivos profesionales en la lucha por conseguir condiciones de trabajo dignas en un mercado con insoportables tasas de paro y altamente precarizado. La consejería va a crear falsos autónomos mileuristas para trabajar 24/7″.

La carta de protesta dirigida a la consejera Rocío Ruiz está firmada por: José María Granados de Torres, presidente de la Asociación de Periodistas–Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL); Diego Calvo, presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC); Javier Martínez, presidente de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar (APCG); Ricardo Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Córdoba (Asprencor); Juan Francisco Fernández, presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva (APH); Juan Armenteros, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Jaén (APJ); Elena Blanco, presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM); Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS); y, Carolina Fernández, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).