La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales reclama una «necesaria y urgente despolitización de la justicia»

La APIF celebra su congreso anual con importantes demandas en defensa de la reputación profesional de los fiscales de España y reclamando la dignificación profesional de la carrera «en claro desprestigio por las injerencias gubernamentales». «Exigimos transparencia» en la Fiscalía General del Estado, denuncian los fiscales independientes, que han reelegido como presidente de su asociación a Salvador Viada

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha reivindicado «con total firmeza» la autonomía e independencia de los fiscales de España en favor de la «necesaria y urgente despolitización de la justicia, en claro desprestigio por las continuas y abusivas injerencias gubernamentales». Así lo han reclamado los fiscales miembros de la APIF reunidos el pasado fin de semana para celebrar su congreso anual, en el que han exigido actuaciones precisas para la recuperación de la dignidad profesional de la carrera fiscal.

Sobre la necesidad de autonomía real del Ministerio Fiscal respecto del Gobierno, la APIF constata que el Ministerio Fiscal es, en la ley, un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado en el Poder Judicial con autonomía funcional (art. 2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal –EOMF-). Pero esa autonomía se amenaza desde el Gobierno de diversas maneras: «Con el sistema de elección prácticamente libérrimo del fiscal general por el Gobierno; con la elección para ese cargo de personas de marcado acento político partidista; con el mantenimiento del control presupuestario del Ministerio Fiscal y con diversas funciones que continúan atribuyéndose al Gobierno sobre el fiscal en materia disciplinaria, de nombramientos o de prevención de riesgos laborales».

«Denunciamos el abuso de las prerrogativas gubernamentales sobre nuestra autonomía. Consideramos indispensable, en este momento, empezar a trabajar para reducir las injerencias gubernamentales y para atribuir autonomía presupuestaria a la institución, como medidas imprescindibles para garantizar la autonomía funcional de la Fiscalía en el ámbito del Poder Judicial (como establece la Constitución) y no en el territorio gubernamental», sentencian desde la APIF.

Sobre el artículo 25 del EOMF, la institución describe cinco puntos básicos que hay que mejorar:

• La APIF denuncia «la mala práctica» utilizada por la Fiscalía General del Estado de aprovechar la comunicación de asuntos relevantes (art. 25 del EOMF) por parte de los fiscales «para interponer como órgano de interlocución con quien comunica a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE)». De ese modo, se determina una actuación concreta de la Fiscalía, contra el criterio profesional del fiscal encargado, sin que nadie asuma responsabilidades. «El fiscal jefe del fiscal hace lo que le dicen; el FGE se desentiende porque no ordena nada; quien interviene es el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, que lo hace a través de sugerencias o consejos -no tiene competencia para intervenir- y, por tanto, tampoco figura como responsable de nada». Y, al final, quien debe hacer aquello con lo que no está conforme es el fiscal encargado, «sin que en la institución nadie asuma la responsabilidad de torcer el criterio profesional».

• La comunicación del art. 25 del EOMF es solo eso, una comunicación y dirigida al FGE.  Si hay reacción por parte de la FGE, debe venir del destinatario de la comunicación, el FGE.

• Exigimos transparencia en las comunicaciones que se producen tras la puesta en conocimiento de un asunto por la vía del art. 25. Transparencia en cuanto a la actuación del FGE o de otro fiscal autorizado expresamente por aquel. Transparencia en el contenido de las instrucciones realizadas al fiscal. Transparencia en las comunicaciones, si se producen, en las instrucciones realizadas al fiscal jefe del fiscal encargado. «Si no se respetan estas exigencias, se está abocando a la institución a permanecer en un entorno de arbitrariedad no compatible con una justicia y una sociedad democrática. Y, además, la desviación de poder es perfectamente posible», añaden.

• Si el FGE decide emitir una instrucción sobre la cuestión, la APIF reclama la observancia de dichas exigencias en la misma.

• Se hace necesario, en tiempos de cambio del modelo procesal, reforzar las garantías de indemnidad de los fiscales ante esta nueva generación de amenazas a la actuación estrictamente profesional de los fiscales, con «medidas de blindaje del criterio profesional del fiscal a cargo de un asunto, así como transparencia y motivación de las decisiones de la jerarquía».

La denegación de votaciones por el FGE en el Consejo Fiscal

La APIF considera gravemente lesiva de los derechos de los fiscales la práctica de denegar en el Consejo Fiscal una votación cuando un asunto se ha introducido en el orden del día y afecta a la mejora del servicio y al ejercicio de la función fiscal. «Cuestionamos la legalidad de esa práctica, que entendemos no es democrática, no es progresista y perjudica los derechos de los fiscales y el funcionamiento de la propia Fiscalía», remarcan.

Sobre el deber de abstención de los vocales del CF por interés directo en el asunto objeto de votación, la APIF reclama la regulación de las causas de abstención en el Consejo Fiscal. La limpieza en el funcionamiento de dicho órgano es incompatible con la emisión de votos para devolver favores o para perjudicar adversarios o, incluso, para designar a quién será el fiscal jefe directo de quien emite el voto.

Sobre la necesidad de que la Fiscalía tenga un presupuesto propio diferenciado en los Presupuestos Generales, la APIF considera que esta es una condición «necesaria y no prescindible» para que la Fiscalía adquiera autonomía respecto del Gobierno y satisfaga convenientemente las necesidades que demanda su actividad. Es prácticamente unánime esta reclamación en todo el Ministerio Fiscal, aunque las cautelas del fiscal general para hacer una reclamación frente al Gobierno que le nombra han impedido que el Consejo Fiscal se manifieste en este sentido. El fiscal general «no puede convertirse en un desactivador de las reclamaciones básicas de la Fiscalía», especialmente cuando conoce perfectamente que esas reclamaciones son fundamentales para el desarrollo de la institución.

Sobre la comisión de retribuciones, la APIF deplora la cancelación por parte del Ministerio de Justicia de su compromiso de reunir a las asociaciones de jueces y de fiscales para discutir -como establece la ley y prometió el ministerio- las condiciones retributivas actuales de nuestros colectivos.

Sobre derechos profesionales:

• La APIF reclama que, de una vez, se empiece a elaborar un sistema racional de cargas de trabajo que soportan los fiscales especialmente en materia de salud laboral. Lamentamos la falta de voluntad (encubierta siempre de falta de recursos para ello) que se muestra en la Fiscalía General y la falta de preocupación por la materia que acredita el Ministerio de Justicia. «Tienen la obligación de hacerlo desde hace décadas, pero no lo hacen«, denuncian.
• Conversión de plazas de tercera en plazas de segunda. En la ley de presupuestos del presente año se contempla la conversión de más de 200 plazas de tercera en plazas de segunda categoría. «Pero el Ministerio de Justicia no sabe cómo hacerlo (mientras ahorra, mes a mes, lo que debería ir pagando), y la Fiscalía General, parece que tampoco«, comentan. La falta de habilidad técnica no puede redundar en perjuicio de los fiscales más jóvenes, que tardan muchos años en ascender. «Reclamamos una solución a esta cuestión, que tiene enormes implicaciones en la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal», sentencia la organización presidida por Salvador Viada, reelegido en el cargo el pasado fin de semana.  
• «Denunciamos la inaplicación del RD Decreto 147/2022, de fecha 23 de febrero, de sustituciones profesionales en el Ministerio Fiscal para desbloquear el estancamiento en la movilidad de los fiscales. Para la APIF es lamentable que, habiendo el Gobierno otorgado una herramienta para permitir la movilidad profesional de los fiscales, la Fiscalía General haya optado por no hacer nada. Hasta 254 plazas de abogados fiscales sustitutos fueron convocadas en el BOE y adjudicadas por la Fiscalía y, hasta ahora, ni una sola de esas plazas ha sido ofertada prioritariamente a los fiscales de carrera como establece el decreto en vigor. La insensibilidad de la Fiscalía General es dolorosa», añaden.
• «Denunciamos que el Plan de Formación de la Carrera Fiscal, tanto para los alumnos que ingresan en la carrera como el que afecta al conjunto de los fiscales, está alejado del trabajo diario y obedece muchas veces a razones no profesionales. Además, las condiciones en las que los fiscales deben asistir a los cursos, por falta de una correcta llevanza económica y administrativa, resultan tan pobres que muchas veces se declina la asistencia y los cursos tienen una asistencia mínima».

Llamamiento a la carrera fiscal

La APIF agradece enormemente el apoyo de los fiscales a nuestros candidatos en las elecciones al Consejo Fiscal, «que nos han permitido entrar por vez primera en el Consejo». «Pero, para una defensa de la autonomía de la Fiscalía respecto de los partidos políticos; para una lucha eficaz por los derechos profesionales de los fiscales; para acabar con la arbitrariedad y con el cercenamiento de los derechos a la promoción de los fiscales; para ofrecer una resistencia a los abusos que se llevan perpetrando en nuestra carrera desde hace décadas, es preciso un mayor compromiso del conjunto de los fiscales. No pases; no creas que esto lo van a arreglar desde fuera. Tú, que sabes -y sufres- cómo está la Fiscalía, tienes la solución. Confía en los compañeros y lucha por la Fiscalía. En cuanto lo hagas, dejarán de abusar», culmina el llamamiento de la APIF.

Por último, la APIF desea agradecer a la Fundación Hay Derecho la nominación para el prestigioso Premio Hay Derecho de este año, así como a los más de 3.000 votantes que han apoyado esta candidatura en competencia con personas y entidades absolutamente ejemplares en la lucha contra la corrupción y la injusticia.