Su vicepresidente, Roberto Macías, interpela al consejero de Regeneración Democrática: «Los ciudadanos no somos tontos, queremos ser oídos al menos; nuevos tiempos llevan aparejadas nuevas formas de hacer política»
El vicepresidente y consejero de Regeneración Democrática de la Junta de Andalucía, Juan Marín, dijo el pasado miércoles: «No le tengo que preguntar absolutamente a nadie para proponer a una persona (como directora de la Oficina Antifraude); otra cosa es que el Parlamento lo apruebe o no lo apruebe». La respuesta de Roberto Macías no se ha hecho esperar: «Las manifestaciones del sr. Marín son desafortunadas. Son parcialmente falsas y denotan cierta miopía. Representan manifestaciones de parecida índole a las de la antigua política con la que no estamos de acuerdo. Necesitamos una mayor y verdadera regeneración, que empieza por emplear nuevas fórmulas alejadas de las anteriores. Si no, los esfuerzos que Marín, su partido y el resto de fuerzas políticas representadas en el Parlamento en pro de la regeneración van a resultar infructuosas».
«Acierta Marín en decir que el director de la agencia ha de ser nombrado por las fuerzas políticas nombradas en el Parlamento (de hecho, fue elegido Ricardo Puyol por mayoría absoluta el pasado jueves en el Parlamento)», admite Macías. Evidentemente, eso no puede ser de otra forma ni nadie pretende que lo sea o que se vuelva a una situación anterior «de imposición por un solo partido, como el anterior gobierno de la comunidad autónoma». «En lo que no estamos de acuerdo es en que no se consulte a la base social ni se la tenga en cuenta», añade.
El vicepresidente de la Alianza contra la Corrupción exige a los dirigentes que se pongan de verdad al servicio del ciudadano: «Los políticos de toda índole -no lo circunscribimos al sr. Marín, del que no tenemos un mal concepto del todo ni se trata de algo personal- están acostumbrados a creerse que tienen lo que vulgarmente se llama un cheque en blanco con la ciudadanía, de tal manera que, una vez elegidos, se sienten con el privilegio de hacer lo que quieran durante cuatro años y no tener que responder de nada ni consultar a nadie lo que ha de hacerse ni tener ningún otro tipo de control político que el de las próximas elecciones dentro de cuatro años. Y ese tipo de concepción política, que desgraciadamente nuestra Constitución pensamos que no resuelve bien, la que es el inicio precisamente de la podredumbre y degeneración que, hipotéticamente, se quiere empezar a poner remedio con la Oficina Antifraude».
«Por tanto, por favor, señor Marín, si tiene usted interés real en provocar una regeneración en Andalucía, tengan usted y el resto de sus colegas en cuenta a la ciudadanía. Los ciudadanos no somos tontos, queremos ser oídos al menos. No es ésta una cuestión baladí, como de sus palabras parece desprenderse. No es una cuestión tampoco exótica, como de sus palabras también parece desprenderse. De hecho, ya hay muchas leyes que establecen de forma preceptiva la participación social en las decisiones sectoriales que se tomen. Así no se demuestra el talante democrático», subraya Roberto Macías.
¿Para cuándo un Consejo de Participación Social?
Por último, el vicepresidente de la Alianza contra la Corrupción reitera que la mejor idea que podía tomar la Junta para el éxito de la nueva Oficina Antifraude es que «su constitución llevara aparejada, a su vez, la de un Consejo de Participación Social dentro de la estructura administrativa de la misma, con funciones consultivas, de asesoramiento y control, teniendo en cuenta los buenos resultados de esta iniciativa en otras oficinas antifraude». Esperemos que alguien responsable entienda que «nuevos tiempos llevan aparejadas nuevas formas de hacer políticas«, más participativas y que colmen los deseos legítimos de «corresponsabilidad de los pueblos».
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