«El PSOE no va a luchar contra la corrupción. No lo va a hacer nunca», sentencia el vicepresidente de la Junta de Andalucía para explicar su interpretación de la abstención del grupo socialista en la primera votación parlamentaria, que impidió que se aprobara esta elección. Se espera que mañana jueves, si se repiten los 58 votos a favor de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, pueda aprobarse por mayoría absoluta
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Regeneración Democrática, Juan Marín, ha puesto de relieve este miércoles, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que «no le tengo que preguntar absolutamente a nadie para proponer a una persona (como directora de la Oficina Antifraude); otra cosa es que el Parlamento lo apruebe o no lo apruebe». Tampoco la Junta ha tenido en cuenta la sugerencia de los tres representantes de los whistle blowers que estuvieron en el Parlamento de Andalucía el pasado 19 de abril de incluir un Consejo de Participación Social en la Oficina Antifraude.
«Los cinco grupos podían haber propuesto a una persona y nadie propuso absolutamente a nadie salvo el grupo parlamentario de Ciudadanos. Nosotros lo que hemos visto ha sido su currículum, su capacidad, su experiencia y su trayectoria profesional. Como reconocieron todos los grupos, Ricardo Puyol reúne todos los requisitos en cuanto a conocimiento y trayectoria profesional para poder ocupar este puesto. Y espero que mañana el Parlamento lo ratifique», añadió Marín. La primera votación no logró la unanimidad por la abstención de PSOE y los diputados no adscritos de Adelante Andalucía.
Marín se despachó a gusto con el PSOE y su oscuro pasado en el Gobierno andaluz: «Que el PSOE se abstenga es normal, porque no le interesa luchar contra la corrupción. Estamos convencidos de que la puesta en marcha de esta oficina de protección al denunciante va a permitir que nunca más vuelvan a ocurrir los casos que, vergonzosamente, han dañado la imagen de esta tierra durante casi dos décadas de gobierno socialista. El PSOE no va a luchar contra la corrupción. No lo va a hacer nunca».
Prevenir, investigar y sancionar
El magistrado Puyol se ha enfrentado, a lo largo de su trayectoria profesional, a casos de corrupción política y administrativa cuando ejerció en Marbella en coincidencia con el periodo en que afloraron los principales casos que afectaron a ese ayuntamiento.
La creación de la oficina que va a dirigir ahora estaba prevista en la ley contra el fraude, la corrupción y protección de la persona denunciante, y estará adscrita al Parlamento para garantizar su independencia del Gobierno.
El nuevo órgano tendrá competencias para prevenir, investigar y sancionar cualquier irregularidad con fondos públicos, ofreciendo garantías a quienes denuncien malas prácticas. Además, la oficina tendrá potestad sancionadora, con multas de entre 300 y 100.000 euros para infracciones. Su ámbito de actuación no se limitará a la Junta y sus entes instrumentales sino que se extenderá a las entidades locales y universidades públicas.
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