Tras la exclusiva de EL LIBRE sobre los contratos sanitarios fraudulentos, el Consejo Económico y Social de Andalucía, presidido por el exvicepresidente de la Junta Juan Marín, echa más leña al fuego al desvelar más irregularidades del Gobierno de Moreno Bonilla en un informe publicado recientemente con datos correspondientes al año pasado
- El Consejo de Transparencia ordena al SAS y a la Intervención General que entregue a Justicia por la Sanidad documentos solicitados sobre control de gasto sanitario
- El SAS mantuvo la ilegalidad denunciada por la Intervención General y continuó efectuando pagos indebidos
- La Intervención General de la Junta de Andalucía agrava la corrupción del SAS con las demoras en la finalización de sus informes de control
- Un informe especial de la Intervención General pone en jaque al SAS por los contratos de emergencia de 2020
- La Junta de Andalucía y el grupo ASISA: nuevos hechos demuestran que su empresa fue beneficiada a sabiendas de las ilegalidades
- Carolina España asegura que «hay más controles que nunca», pero la Intervención General ha tardado casi tres años en publicar los informes de control de gasto sanitario de 2021
- Anticorrupción asume la investigación de los contratos de emergencia sanitaria del Gobierno andaluz, una ilegalidad denunciada por EL LIBRE
- Justicia por la Sanidad descubre que el SAS incurrió en graves ilegalidades con parte de sus directivos
- Otro demoledor informe de la Intervención General confirma las graves ilegalidades del SAS
El Gobierno andaluz decidió destinar un presupuesto de 734 millones de euros (533,3 millones para derivar operaciones; 201,1 millones para diagnósticos; y en torno a 30 millones para pacientes de salud mental y pluripatológicos) para concertar operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas con varias clínicas privadas durante un periodo máximo de cuatro años, a fin de reducir las listas de espera y tiempos de demora.
Sin embargo, en diciembre de 2023, los acuerdos marco que fijaban las condiciones de contratación con la sanidad privada se encontraban todavía en fase de licitación, sin comenzar aún la fase técnica de valoración. Según denuncia el CES, esta situación provocó la contratación «mediante negociados sin publicidad ni concurrencia competitiva» de contratos con clínicas privadas, que la Ley de Contratos del Sector Público limita a «casos imprevisibles» y «de imperiosa urgencia».
Se dio la casuística de que, en algunos hospitales privados, las citas para pruebas se están dando «en horarios intempestivos y domingos«. Asimismo, reseñar que los precios asignados a determinadas pruebas, según todas las organizaciones sanitarias que componen la Mesa Sectorial de Sanidad, «estaban bastante por encima de los precios y costes reales de las mismas».
Los fondos no se destinaron al sistema sanitario público
Por ello, la Mesa reclamó que esta inversión de 734 millones se destinase al sistema público, a los efectos también de mejorar los resultados.
Hay que tener en cuenta además que, entre enero y junio de 2023, finalizaron los conciertos ordinarios de las provincias de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla.
En todo caso sí se activó un plan de choque, desde octubre de 2023, para reducir las listas de espera, que se tradujo en un gasto en horas extra de 30,7 millones de euros (un 57% más que cinco años atrás). Y, en materia de autoconciertos, en 2023 se realizaron 9.000 cirugías extra, que supusieron un gasto de 6 millones de euros, dirigidas a pacientes fuera de plazo, especialmente en cirugía general, cirugía ortopédica, traumatología y oftalmología.
«Clara incidencia negativa»
Como se viene señalando en ediciones anteriores de este informe, las listas de espera suponen un indicador clave en la evaluación de la calidad de la atención sanitaria, «de modo que su abultada dimensión tiene una clara incidencia negativa sobre dicha calidad».
El número de quejas y reclamaciones se explica, al menos en cierta medida, por toda esta situación. De hecho, se evidenció nuevamente «una clara correlación en los últimos años entre la dimensión de las listas de espera y el aumento en el volumen de quejas y reclamaciones«.
Agresiones al personal sanitario
El CES destaca en su nuevo informe las agresiones al personal sanitario, por parte de pacientes, familiares y/o acompañantes, «fenómeno intolerable y creciente en los últimos años».
En 2023 se registró el mayor número de agresiones de toda la serie histórica, con un total de 1.564 ataques físicos (el 18,4%) y verbales (el 81,6%), lo que mostró un aumento del 11% respecto al año anterior, según datos del Registro Informático de Centros (RIAC) del SAS.
Además, se estima que un 20% adicional de agresiones no se denunció. Este volumen de agresiones supuso 4,3 agresiones diarias.
Cabe destacar que casi tres de cada cuatro agresiones (en concreto el 71,2%) fueron sufridas por mujeres. También la mayor parte (un 60%) se produjeron en Atención Primaria, frente a las acaecidas en Atención Hospitalaria.
La tasa de agresiones por cada 1.000 profesionales alcanzó las 13,2 y por cada 100.000 habitantes llegó a las 18,2. Aparte de su análisis cuantitativo, conviene pararse a reflexionar sobre las causas de estas agresiones, si bien, en ningún caso, justificativas de las mismas: «Sensación de deterioro y mala atención percibida por el paciente, excesivos tiempos de espera sufridos hasta la consulta o desacuerdo ante la solicitud rechazada para una prueba, entre otras muchas».
Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones
Sobre esta importante cuestión es posible subrayar la existencia del Plan de Prevención y Atención de Agresiones a los Profesionales del SAS , que cuenta con un programa especial de acompañamiento al profesional agredido y un profesional con formación específica que ejerce como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas. También se ofrece atención psicológica y asesoría jurídica.
Hay que destacar que, en este año, los letrados de los servicios jurídicos del SAS han convocado por primera vez una jornada de huelga ante la sobrecarga de trabajo que experimentan, así como la discriminación que sufren en sus condiciones laborales en relación con otros servicios jurídicos en otros ámbitos de la Junta.
A nivel de medios, la Administración sanitaria continuó disponiendo medidas en los centros sanitarios para prevenir y atender agresiones, tales como cámaras de seguridad, timbres en consulta, consultas comunicadas con interfonos, teléfonos en consultas, salidas alternativas y terminales en puestos de trabajo en consultas con el software antipánico instalado.
Fue también reseñable este año la constitución del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz (con participación de los responsables de colegios profesionales, sindicatos, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Administración pública, tanto Consejería de Salud como Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad). Sin embargo, tras una convocatoria inicial en septiembre de 2023, a fecha de cierre de este informe dicho observatorio no se ha vuelto a reunir pese a su compromiso de reunión cada seis meses.
Adicionalmente, se encontró en tramitación la Ley de Autoridad de Profesionales del SSPA, norma que tiene previstas sanciones económicas y acciones de protección jurídica, material y de apoyo.
La mayoría de la sociedad andaluza piensa que la sanidad pública no funciona bien
Resultó de interés conocer también la percepción de la población sobre el funcionamiento del sistema sanitario andaluz. Este año en Andalucía, atendiendo a la encuesta del Ministerio de Sanidad, el 49,4% de la población consideró que el sistema funciona bien, o bastante bien. Por tanto, «se evidenció que una mayoría de la sociedad andaluza pensó que el sistema sanitario hay que cambiarlo (el 31,5%) o rehacerlo (un 18,4%). Únicamente la población canaria mostró una peor percepción de su sistema autonómico», revela el CES.
Comentarios recientes