El Ministerio de Pilar Llop se reunirá este jueves a partir de las 17:00 horas con el comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), en la que será la primera reunión que tendrán las partes desde que comenzara el parón indefinido el pasado 24 de enero en busca de mejoras salariales. Tres semanas en las que, según los LAJ, la actividad en los tribunales y juzgados se ha reducido un 60%, con 152.000 vistas suspendidas y 560 millones de euros bloqueados
El presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Salvador Viada, presiona para que se llegue a un acuerdo lo antes posible: «La situación de la justicia y su funcionamiento en España no es buena, lo hemos indicado en ocasiones anteriores y este conflicto lo agrava aún más».
«La responsabilidad del Ministerio de Justicia es ineludible. Las reivindicaciones de los LAJ (antiguamente llamados secretarios judiciales), en gran parte, se corresponden con compromisos que fueron asumidos por el propio ministerio. Los ciudadanos, una vez más, están sufriendo perjuicios en la defensa de sus derechos ante los tribunales, como el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva», denuncia.
Así, la APIF insta a las partes al entendimiento: «Ante esta situación, queremos exhortar a las partes en conflicto, especialmente al Ministerio de Justicia, para que abran cauces de diálogo efectivo que posibiliten la desconvocatoria inmediata de esta huelga que está causando la suspensión de innumerables juicios, señalados nuevamente para fechas muy tardías, dado el colapso endémico que sufre la justicia en nuestro país.
La titular de Justicia ha asegurado este mismo miércoles que está «en condiciones» de tener un «diálogo honesto» con los LAJ, al tiempo que ha destacado las mejoras laborales que ya han aplicado desde su departamento a este cuerpo de funcionarios.
Así se ha pronunciado en el Congreso de los Diputados en el marco de una interpelación urgente instada por el PP para pedir explicaciones sobre la huelga indefinida de LAJ, que ayer alcanzó su jornada número 17.
La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados han emitido este miércoles un comunicado donde cifran el seguimiento de la huelga indefinida durante esta jornada en un 80%, mientras que el Ministerio de Justicia habla de un 28,15%.
Justicia convocó al comité de huelga el pasado jueves, a una semana vista, algo que las asociaciones interpretaron como una maniobra para «prolongar el conflicto a la espera de que el seguimiento decaiga».
Así, reprocharon que Llop «no tiene tiempo» para «reunirse y resolver el problema más grave de la Administración de Justicia en la historia reciente de España», pero sí para acudir a Málaga y Sevilla «a la entrega de unas medallas».
En esta semana «se suspenderán 55.000 juicios más y se bloquearán otros 150 millones de euros en las cuentas judiciales«, advirtieron al tiempo que lamentaron «muy profundamente» el «enorme perjuicio» que esta situación está causando a los usuarios y profesionales de la justicia.
Según cálculos de las asociaciones de LAJ, para recuperar el retraso causado por solo por las dos primeras semanas de huelga «serán necesarios un mínimo de cuatro meses de trabajo«. «Ya nadie en este país -ni ciudadanos ni profesionales ni operadores jurídicos ni este comité de huelga- es capaz de comprender tanta negligencia ministerial», apuntaron.
Desde que comenzara la medida de fuerza, los LAJ han registrado máximos de participación del 85% y mínimos del 73%, mientras que el Ministerio ha notificado entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento.
Creciente malestar con Justicia
La tensión entre los LAJ y Justicia ha ido en aumento desde el año pasado, cuando realizaron los primeros parones -en días puntuales-, hasta que finalmente, el pasado 24 de enero, iniciaron una huelga indefinida.
Antes de que arrancara, Llop pidió al comité de huelga que huyera de «posiciones maximalistas» porque impedían «buenos acuerdos». Sin embargo, una vez iniciada, el secretario de Estado de Justicia, Antonio Tontxu Rodríguez, les acusó de protagonizar una huelga «política» que estaba «fuera de lugar».
Rodríguez argumentó que «cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tiene sentido» porque el Ministerio «ha cumplido todos los acuerdos» alcanzados con la representación de estos trabajadores.
Además, hizo hincapié en que, si bien «el derecho a la huelga está en la Constitución, se está perjudicando seriamente a los ciudadanos«, enfatizando que se estaban posponiendo bodas.
En este contexto, los LAJ reclamaron la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la respuesta llegó del jefe de su Gabinete, Óscar López, el cual les transmitió que son «una pieza esencial» del Poder Judicial y expresó su «confianza» en que las negociaciones con el Ministerio «puedan concluir en un acuerdo razonable y satisfactorio».
Sin embargo, en los últimos días el comité de huelga ha pedido directamente el cese de Llop por su «incapacidad» para solucionar el conflicto. «Somos conscientes de que, tras las frías cifras que llevamos semanas haciendo públicas, detrás de cada número hay un ciudadano que se está viendo perjudicado por la negligencia de los directivos de este Ministerio de Justicia», subrayaron en su último comunicado.
El problema llega a la arena política
El conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que -denuncian- ha provocado un «insoportable desequilibrio».
Señalan como «detonante» el acuerdo firmado por Justicia en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales» prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de los Presupuestos Generales del Estado.
A medida que la huelga ha impactado en el funcionamiento de juzgados y tribunales, ha llamado la atención de los partidos políticos. El PP ya interpeló a Llop y Ciudadanos registró una pregunta parlamentaria para saber «cómo piensa el Ministerio de Justicia solucionar» el conflicto que mantiene con los letrados de la Administración.
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