¿En qué consiste la externalización de fronteras?

En 1993 se construyeron las vallas de Ceuta y Melilla. Desde entonces, la externalización de fronteras de los países europeos hacia terceros países ha ido creciendo imparablemente poniendo en serio riesgo el derecho humano a solicitar asilo en un país seguro

Según un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la externalización de fronteras es una práctica común en distintos lugares del mundo, incluyendo la UE y sus estados miembros. Supone el despliegue de una compleja arquitectura que desplaza la gestión de las políticas migratorias y de asilo hacia terceros estados y tienen el objetivo de evitar y contener la llegada de personas refugiadas e inmigrantes en situación irregular.

Las políticas de externalización de fronteras incluyen medidas complementarias entre sí que abarcan tanto la disuasión y la contención en tránsito como la devolución tras las llegadas. De esta forma se apoya el refuerzo de cuerpos de control y agencias de seguridad nacionales e internacionales o se firman acuerdos bilaterales o multilaterales de readmisión. Además, se instrumentaliza la cooperación con el condicionamiento de la ayuda oficial al desarrollo a la colaboración por parte de los terceros estados receptores a los intereses en materia migratoria.

De esta forma, la externalización de fronteras genera situaciones de vulnerabilidad, desprotección y vulneración de derechos. Conduce además a las personas migrantes y refugiadas a emplear rutas migratorias cada vez más largas y peligrosas y dificulta el acceso a la protección internacional.

A continuación, se detallan los principales hitos y aspectos de las políticas de externalización de fronteras llevadas a cabo durante las últimas décadas por España con los principales estados de origen y tránsito en las rutas migratorias.

España-Marruecos

Marruecos es un socio prioritario de España en materia de control de flujos migratorios. Esta cooperación bilateral se materializa en distintas acciones, incluyendo el patrullaje marítimo conjunto, con equipos mixtos de la Guardia Civil y la Gendarmería Real activos en tareas de vigilancia, detección e interceptación de personas migrantes. El primer acuerdo entre ambos países data de febrero de 1992 y no contempla la readmisión de nacionales de Marruecos, sino que solo es aplicable a personas provenientes de terceros países.

Un año después se construyeron las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, y a lo largo de casi dos décadas, diferentes episodios han provocado tensiones entre ambos países, que normalmente se han resuelto con una mayor financiación al reino alauita para el control migratorio. Esto ha propiciado que Marruecos se comprometiera a instalar concertinas en su lado de la valla fronteriza de Ceuta en septiembre de 2019.

Entre los aspectos más preocupantes de la externalización de fronteras de España a Marruecos está el plazo de diez días que se da para solicitar la readmisión, ya que dificulta la identificación de necesidades especiales o el acceso a la protección internacional. Tampoco hay ninguna referencia expresa al respeto de los derechos humanos de las personas readmitidas en Marruecos, un país que no garantiza el principio de no devolución y, por lo tanto, no es seguro para las personas refugiadas y migrantes.

España-Mauritania

Mauritania es uno de los estados de origen y tránsito de personas migrantes y refugiadas prioritario para España en materia de política migratoria y la externalización de fronteras por su importancia estratégica y su condición de país bisagra entre el Magreb y la región africana occidental y el Sahel.

Las relaciones entre España y Mauritania en materia migratoria comenzaron en la década de los 90 con acuerdos entre varios países africanos y europeos. Pero fue en 2003 cuando se firmó el primer acuerdo bilateral entre ambos países que incluía la readmisión de personas procedentes del país africano. Dos años después, durante la llamada crisis de los cayucos, se reforzó dicha colaboración con el convenio de patrullas conjuntas de cuerpos de seguridad españoles y mauritanos para la vigilancia marítima, aérea y costera-terrestre.

El objetivo era cerrar la ruta marítima desde Mauritania y Senegal, principales puntos de partida de las más de 40.000 personas que llegaron en patera durante ese periodo al archipiélago canario.

Además, en marzo de 2006, se abrió el Centro de Detención de Nuadibú para la recepción de personas migrantes detenidas en tránsito hacia Europa o retornadas y “readmitidas” desde España. Se trataba de una antigua escuela abandonada acondicionada con apoyo del ejército español, a través de fondos de cooperación para el desarrollo, que estuvo abierta hasta el año 2012 y que fue objeto de varias denuncias por vulneración de derechos humanos.

Durante el año 2020, el acuerdo de readmisión firmado en 2003 ha estado bastante presente debido al incremento de llegadas a través de la ruta atlántica y ha provocado que varias personas hayan sido devueltas de forma exprés, entre ellas varios malienses que posteriormente fueron expulsados desde Nuadibú con destino final a Mali, país en conflicto donde sus vidas o su libertad están amenazadas.

España-Senegal

Senegal es uno de los países prioritarios en la planificación de la acción exterior de España en el continente africano. Es uno de los primeros estados con los que España estrecha su cooperación en materia de gestión migratoria, especialmente a partir de la llamada crisis de los cayucos de 2006, incluyendo vigilancia y patrullaje conjunto, acuerdos bilaterales para la readmisión de personas migrantes y cooperación condicionada al control migratorio.

El 23 de junio de 2000 se firmó el Acuerdo de Cotonou entre Estados de África, del Caribe y del Pacífico, y la Comunidad Europea y sus estados miembros, que prevé la cooperación migratoria en materia de retornos. Entre los países firmantes se encontraban Senegal y España, que en 2006 firmaron un memorando bilateral frente a la inmigración irregular que no fue publicado en el BOE y, por tanto, es de difícil acceso. Se trata de un instrumento de cooperación internacional en materia de readmisión menos formal, pero no menos importante en la práctica. Entre otras cuestiones incluye la formación del personal senegalés y una cooperación reforzada en tareas de identificación documental, para lo cual oficiales senegaleses estuvieron presentes en los centros de detención de las Islas Canarias.

Además, Dakar acepta la presencia de oficiales de enlace en su país, la extensión de las operaciones de Frontex en aguas senegalesas y el establecimiento de patrullas bilaterales con España. Dicho acuerdo, presuntamente, está vinculado a la promesa de impulsar la inversión directa de capital extranjero en el país africano.

La condicionalidad de la ayuda al desarrollo está bien presente en las negociaciones para la externalización de fronteras entre España y Senegal. En 2006, el Gobierno español se comprometió a invertir en el proyecto REVA, ideado por el Gobierno senegalés para contribuir al desarrollo de la agricultura, a cambio de que aceptaran retornos de las personas migrantes senegalesas.

Además, el país africano recibiría embarcaciones y medios aéreos para reforzar el control de sus fronteras marítimas. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se ha convertido más en una herramienta de negociación en materia migratoria en las relaciones con terceros países que en una herramienta de desarrollo en sí misma. Lo anterior se evidencia, entre otros, en el marco de los Planes África, siendo algo especialmente notorio en el caso de las relaciones con Senegal.