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Vista aérea de la corta de la mina de Las Cruces, en una imagen de archivo. / EFE

Medio Ambiente, Tribunales

El TSJA suspende la autorización urbanística de las obras del nuevo proyecto de Cobre Las Cruces

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirma la suspensión de la autorización urbanística del Proyecto de Refinería Polimetalúrgica (PMR) de la empresa minera Cobre Las Cruces a instancias de Ecologistas en Acción y rechaza el recurso presentado por la Junta de Andalucia. También se ha solicitado al Ayuntamiento de Salteras (Sevilla) la paralización inmediata de las obras de la planta de beneficio del nuevo PMR

Según Ecologistas en Acción, este proyecto suponía «una nueva agresión» contra el medioambiente andaluz: «Posiblemente traería un incremento brutal de la contaminación, ya que Cobre Las Cruces pretendía casi triplicar los vertidos al estuario del Río Guadalquivir en La Algaba, afectando a las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz».

El reciente Proyecto de Refinería Polimetalúrgica (PMR) de la empresa minera Cobre Las Cruces (CLC) pretende instalar y construir una nueva planta de beneficio industrial en un espacio del recinto minero. Allí se localiza la Escombrera Sur del complejo minero en este momento, en el término municipal de Salteras.

Para ello, se tramitó la Tercera Modificación del Plan Especial de Actuación Minera que regula el uso de esos suelos. Esa modificación fue aprobada definitivamente el 11 de julio de 2019 por la Comisión Territorial de Sevilla de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Esa aprobación definitiva se hizo ignorando completamente dos hechos cruciales: la sentencia firme del 18 de enero de 2019 de la Sección Segunda de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anuló la Segunda Modificación de ese mismo Plan Especial, por ausencia de Evaluación Ambiental Estratégica; y el derrumbe masivo del 23 de enero de 2019 de la escombrera y zona norte de la corta minera de Las Cruces.

Recurso de Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción recurrió y pidió ante el TSJA la suspensión cautelar de la ejecución de esa modificación del Plan Especial por considerar que «infringe directamente lo acordado en la referida sentencia firme del TSJA, y además no se ha evaluado el riesgo que implica instalar esa nueva planta industrial en una zona de escombrera, muy similar a la del derrumbe de enero de 2019″.

La suspensión decretada por el TSJA implica la paralización de todas las obras y movimientos de tierras que se hayan podido iniciar para la futura instalación de la nueva planta de beneficio del proyecto, inclusive las  otorgadas por el Ayuntamiento de Salteras (Sevilla).

A pesar de ello, la Junta de Andalucía le ha concedido a Cobre las Cruces la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para esa nueva planta de beneficio del proyecto de refineria polimetalurgica. En la fase  de participación pública, Ecologistas en Acción ya puso de manifiesto que la medida cautelar adoptada por el TSJA debía implicar el replanteamiento de su ubicación, en base a los informes técnicos realizados tras el derrumbe de enero de 2019, que detallaban la posible inestabilidad de las escombreras, por causa de filtraciones de aguas de lluvias  y desvíos de arroyos realizados en el complejo minero desde 2005. Sin embargo, la empresa Cobre Las Cruces  y la Junta de Andalucía los han ignorado completamente.

La tecnología propuesta para la nueva planta industrial del PMR representa una importante regresión ambiental. Pretende usar el clásico sistema de flotación que supone un aumento brutal del consumo de aguas subterráneas, incumpliendo los objetivos medioambientales establecidos en el vigente Plan Hidrológico del Guadalquivir para las masas de aguas subterráneas de Gerena y de Guillena-Cantillana, tres municipios de la provincia hispalense.

El proyecto de CLC pasa de un consumo actual («e ilegal» según la asociación ecologista) de 1.000.000 m³/año hasta una autorización propuesta que puede alcanzar los 3.300.000 m³/año

El proyecto de CLC pasa de un consumo actual («e ilegal» según la asociación ecologista) de 1.000.000 m³/año hasta una autorización propuesta que puede alcanzar los 3.300.000 m³/año. Todo esto sin haber realizado una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) sobre las afecciones a las masas aguas subterráneas comprometidas. Autorización que, junto al saqueo de agua, está vaciando literalmente el acuífero Niebla-Posadas. Más de 10 millones de m³ en la última década de una reserva de agua subterránea que garantiza el suministro al Aljarafe y al área metropolitana de Sevilla en tiempos de sequía.

Además, el proyecto PMR implica una nueva agresión contra el medioambiente andaluz: «El incremento brutal de la contaminación que CLC pretende verter al estuario del Río Guadalquivir en La Algaba, afectando a las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz«. La autorización que la empresa ha solicitado pasar de los actuales 900.000 m³/año hasta un máximo de 2.340.000 m³/año, con contenido en metales pesados como arsénico, plomo, cadmio, cinc, níquel y mercurio. «En este caso, tampoco se ha realizado una Evaluación de Impacto Ambiental sobre las afecciones de esos vertidos en las aguas receptoras del Guadalquivir», denuncian los ecologistas.

Con la sentencia del TSJA en la mano, Ecologistas en Acción ha reclamado la paralización total y permanente del proyecto al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco); a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía; y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) «para que Cobre Las Cruces no se acoja a la excepción de utilidad pública a la hora de realizar los vertidos masivos al estuario del Guadalquivir».


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