El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, de la Intervención General de la Administración del Estado, ha comunicado recientemente a la Asociación Justicia por la Sanidad, tras la denuncia que presentó en 2021, que «una vez realizadas las verificaciones oportunas, este servicio ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada la información y documentación a las que aluden los hechos denunciados, al apreciar la posible existencia de indicios de un delito»
El 2 de marzo de 2021, la Asociación Justicia por la Sanidad presentó una denuncia ante el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por el presunto uso fraudulento de Fondos Feder por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Para documentar adecuadamente dicha denuncia, la citada asociación solicitó en noviembre de 2020 numerosa documentación al SAS sobre la compra que efectuó a la empresa jienense Diseños NT de mascarillas quirúrgicas, con el fin de regalar un kit de tres mascarillas serigrafiadas con el logotipo de la Junta de Andalucía a las personas mayores de 65 años.
En el envase de dichos kits podía leerse, junto al logotipo de la Junta de Andalucía, las frases Andalucía te cuida. Tu protección cuida a los demás, un mero acto de propaganda política que se desviaba por completo de los fines para los que estaban previstos los más de 100 millones de euros programados con dichos fondos europeos.
El SAS adjudicó, el 19 de mayo de 2020, un lote de un contrato, tramitado por el procedimiento de emergencia, a la empresa Diseño y Aplicaciones del No Tejido, SL (Diseños NT) por 2’5 millones de euros para la compra de dichas mascarillas. Sin embargo, dicho contrato estaba destinado a la compra de Equipos de Protección Individual (EPI) para los profesionales sanitarios que, en esas fechas, carecían de dichos equipos en muchos centros sanitarios. Sin embargo, el primer pedido no lo realizó el SAS hasta el 17 de junio siguiente, a pesar de adjudicarse por el procedimiento de emergencia.
Un contrato de 117,4 millones
Este lote formaba parte de un contrato de suministros de medios de protección a profesionales en la lucha contra la pandemia, según indicaba la Memoria Económica suscrita por Salud Rivero León, subdirectora de Compras y Logística del SAS, que estimó el gasto de todos los lotes en 119,2 millones de euros. Esta Memoria Económica formaba parte del expediente del acuerdo del Consejo de Gobierno andaluz del 16 de junio de 2020. Es decir, los consejeros y el presidente de la Junta de Andalucía sabían que ese contrato estaba destinado a la compra de EPI para profesionales sanitarios.
La adjudicación del contrato se realizó por 117,4 millones de euros para todos los lotes, en base a un acuerdo de tramitación de emergencia para la adquisición de equipos de protección individual con destino a centros sanitarios del SAS, firmado por el entonces director gerente del SAS y hoy viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
Debe recordarse que, justo antes de dicha adjudicación, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitó la fábrica de dicha empresa ubicada en el municipio de Alcalá la Real, junto al actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y el entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo.
Asimismo, fue el propio presidente el que aprovechó una rueda de prensa, en junio de 2020, para anunciar esta compra de mascarillas y su puesta a disposición, a través de las farmacias, «totalmente gratis», entre «…las personas más vulnerables… esta parte más frágil de la población andaluza», aunque dichas mascarillas no eran EPI.
Bidafarma se encargó de su distribución
Para la distribución de dichos kits de mascarillas quirúrgicas, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), Antonio Mingorance, que a su vez era entonces vicepresidente de la cooperativa Bidafarma, comunicó a los ocho colegios andaluces que, según les informaron (en el comunicado no especificaba quién o quiénes), la distribución a las farmacias anunciada por la Junta de Andalucía se realizaría a través de dicha cooperativa del sector farmacéutico.
Este diario publicó en febrero de 2021 una noticia con más detalles del caso, en la que se acreditaba cómo se había ocultado la información de dicho contrato durante meses.
Ahora será la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada la que deberá investigar el caso y, en caso de apreciar algún delito, llevarlo a los tribunales de justicia.
Es una alegría y alivio que se denuncien los casos de corrupción ,hoy día los políticos son una clase social pero sin clase ética
Todo eso está fenomenal, un buen trabajo por esta asociación la cual en sus orígenes eran luchar por la sanidad, pura y de calidad, pero Luis,,estamos dejados, necesitamos reunión para seguir teniendo y cumpliendo con nuestro objetivo…
Gracias a tod@s los qué estáis al piel del cañón, a ver si se hace justicia a tantos corruptos.
Es una esperanza tener valientes como luis Escribano, Catalina Miguel Ángel y todo el equipo de personas luchadoras