El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía envió el pasado 3 de septiembre una comunicación oficial a la Asociación Justicia por la Sanidad dando fe de que se ha realizado el requerimiento oficial al SAS de esta documentación. El texto es meridiano: «En relación con la reclamación presentada contra el Servicio Andaluz de Salud, tramitada con el número 529/2019 y en la que se dictó la Resolución 418/2021, de 24 de junio de 2021, le informo que se ha remitido oficio al SAS solicitando proceda al cumplimiento en sus propios términos de la citada resolución»
El pasado 4 de agosto, la Asociación Justicia por la Sanidad presentó en el Consejo de Transparencia de Andalucía una denuncia contra los responsables del Servicio Andaluz de Salud, que han incumplido una resolución de dicho consejo, solicitándole que inste a los órganos competentes de la Junta de Andalucía la apertura de los correspondientes procedimientos disciplinarios, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
El pasado 24 de junio de 2021, el Consejo de Transparencia de Andalucía resolvió dos reclamaciones presentadas por esta asociación, mediante las resoluciones RES – 417/2021 y RES – 418/2021 (acumuladas). En ambas resoluciones, se instaba a la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) y al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a que entregara la documentación solicitada por esta asociación en el plazo de 10 días.
La documentación solicitada al IGJA se refería a los planes de control de legalidad de expedientes de gasto público (contratos, nóminas, subvenciones, convenios, etcétera) del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN) y del Hospital Universitario San Cecilio (HUSC).
¿Dónde están los informes?
La IGJA ha cumplido la resolución y ya ha entregado la documentación en el plazo estipulado a Justicia por la Sanidad. La documentación del SAS consiste en informes de cumplimiento de legalidad del citado HUVN, que debía realizar la unidad de intervención de dicho hospital granadino, la cual depende funcionalmente de la Intervención Central del SAS, informes que sustituyen a la fiscalización previa que los funcionarios interventores deben realizar en todo expediente que conlleve gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía (contratos, nóminas, subvenciones, etcétera).
Sin embargo, a fecha de hoy, el SAS aún no ha entregado la citada documentación a esta asociación, incumpliendo la resolución del Consejo de Transparencia. Esta resistencia del SAS a entregar dicha documentación suscita todo tipo de sospechas sobre dichos informes y su contenido.
Este incumplimiento del SAS está tipificado en la citada Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía, como infracción muy grave (art. 52.1.c), con sanciones disciplinarias diferentes en función de la naturaleza de los responsables.
Si las infracciones fueran imputables a autoridades y directivos del SAS, se aplicaría alguna de las siguientes sanciones disciplinarias:
- No poder ser nombrados para ocupar cargos similares por un período de hasta tres años.
- Todas las previstas para infracciones graves: declaración del incumplimiento y publicación en el boletín oficial correspondiente o cese en el cargo.
En el caso de ser imputables a personal al servicio del SAS, se aplicarían las sanciones que correspondan con arreglo al régimen disciplinario respectivo, según sea personal estatutario, funcionario o laboral.
He leído todo el artículo. Y chispa más o menos lo que he entiendo es que el SAS se niega a hacer público unos datos que no le pertenecen a ellos, sino que nos pertenecen a todos. Tenemos derecho de que nos muestren todos los asuntos que se gestionan a través del SAS. Que no lo hagan es una resistencia a las leyes más preponderantes del país.