El Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía, ha calificado el reciente protocolo de colaboración firmado entre la Consejería de Salud y Consumo y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof) como un intento encubierto de privatizar servicios asistenciales que actualmente se ofrecen en la sanidad pública andaluza
Así lo interpreta Satse tras las declaraciones de los representantes de la Consejería de Salud y del Cacof tras la celebración de una reunión con motivo Día Mundial del Farmacéutico, en la que estuvo presente la propia consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández.
El sindicato ha expresado su sorpresa ante el hecho de que, mientras la consejera mantiene encuentros regulares con representantes farmacéuticos, haya ignorado su solicitud para conocer el contenido del Protocolo General de Actuación que fomenta la colaboración de las oficinas de farmacia en el ámbito de la salud pública, firmado en julio.
Entiende la organización sindical, como sindicato mayoritario en la sanidad andaluza, que debe analizar el contenido de estos acuerdos dada la importancia que estos asuntos tienen para el adecuado bienestar de los profesionales sanitarios, de los usuarios y para el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Andaluz.
Opacidad
Así, critica «la opacidad» de la Consejería de Salud al no proporcionar el texto completo del protocolo, solicitado hace casi dos meses. El sindicato teme que esta falta de transparencia sea «un indicativo de un modelo que busca la privatización encubierta de servicios asistenciales y un posible intrusismo profesional».
Y es que, según el comunicado publicado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), el protocolo de colaboración con las oficinas de farmacia andaluzas permitirá pilotar en las farmacias algunos programas, entre ellos el de cáncer de colon, deshabituación tabáquica, vacunación y farmacovigilancia y seguridad del paciente.
Satse advierte que, en la práctica, la introducción de las oficinas privadas de farmacia supone «un claro y perverso intento de privatizar la atención sanitaria en toda Andalucía usurpando funciones asistenciales que legalmente no le corresponden, por un mero interés de lucro empresarial».
Promoción de la privatización
También denuncia que esta estrategia de privatización «ha sido promovida por el Gobierno andaluz en las últimas legislaturas, creando expectativas de negocio para empresas privadas, que ofrecen servicios que ya se realizan de manera satisfactoria en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), como valoran los ciudadanos».
Además, las acciones previstas por los farmacéuticos «podrían invadir competencias exclusivas de enfermeros en, por ejemplo, educación sanitaria y promoción de la salud, áreas en las que estos profesionales ya desempeñan un papel clave».
Por todo esto, el Sindicato de Enfermería hace un llamamiento a la consejera para que «facilite el contenido del protocolo, permitiendo así su estudio y evaluación de las posibles repercusiones que su implementación podría tener en la atención sanitaria en Andalucía».
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