El personal de las cuatro fundaciones de la Junta de Andalucía dedicadas a la investigación biosanitaria (Fisevi en Sevilla, Fimabis en Málaga, Fibao en Almería, Granada, y Jaén, y Fundación Progreso y Salud, con presencia en varias provincias) ha llevado a cabo hoy concentraciones ante la puerta de sus centros, que han contado con una importante participación del personal, tanto investigadores como personal de apoyo
Con estas concentraciones se inicia un proceso de movilizaciones que concluirá, si la Junta de Andalucía no da respuesta a las demandas de los investigadores, con una huelga de la investigación sanitaria de Andalucía.
Con estas movilizaciones, se exige que las distintas consejerías de la Junta dejen de bloquear la autorización y publicación del convenio colectivo de esas fundaciones de investigación, que ya está firmado, fue negociado durante dos años y pactado con las direcciones de las fundaciones. La Junta alega como motivo para bloquear el convenio que supone un incremento de masa salarial (concretamente, para los 2.500 afectados, de un total de 237.587,99€ al año, es decir, de menos de 90€/persona afectada), «un incremento mínimo para unificar las condiciones de 2.500 trabajadores, de cuatro fundaciones distintas, con enormes diferencias salariales entre ellos», según los representantes de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Andalucía de CCOO Andalucía.

Se da la circunstancia de que ese incremento de masa salarial «no va a significar ningún gasto extra para la Junta de Andalucía, que no pone ni un euro de fondos propios para la investigación sanitaria, ya que las fundaciones se nutren de concursar para la asignación de ayudas (pública y privadas) a la investigación». Además, los investigadores critican que, mientras se bloquea su convenio colectivo alegando que no se puede incrementar la masa salarial, «la misma Junta de Andalucía no ha tenido problema alguno en incrementar en 24 millones la masa salarial del SAS para pagar la dedicación exclusiva a los médicos que mantienen una consulta privada».
Exigen la estabilización de sus plantillas
Los investigadores exigen, también, una amplia estabilización de sus plantillas, cuya precariedad viene sufriendo más de un 90% del personal.
«El gobierno de la Junta de Andalucía desprecia a la investigación sanitaria y desoye las resoluciones del propio Parlamento de Andalucía, que el 24 de septiembre de 2020 aprobaba las conclusiones de la Comisión del Parlamento Andaluz para la Reconstrucción Económica y Social de Andalucía que, entre otras cosas, disponía lo siguiente: «Aumentar la financiación de la investigación como piedra angular para adelantarnos a nuevas pandemias y como inversión en salud (…)». El propio presidente de la Junta no se ha dignado dar respuesta a una carta que le hicieron llegar los comités de Empresa de las fundaciones en junio de 2021, pidiendo su intervención para desbloquear el convenio», agregan los representantes sindicales.
«Sin ciencia no hay futuro. Sin investigación sanitaria no estaríamos superando la pandemia. Si la Junta de Andalucía sigue maltratando a los investigadores, se va encontrar con una huelga de la investigación sanitaria», apostillan.
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