El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, rechazó contestar la pregunta sobre la exclusiva de EL LIBRE del concierto ilegal de unos servicios sanitarios que realizó el Hospital de Bormujos, un centro público a todos los efectos pese a que su infraestructura pertenezca a la Orden de San Juan de Dios, en el año 2013
El nuevo Decreto-Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, que agiliza 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas (simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o modificación de tasas en ámbitos como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual), según el Gobierno andaluz, es la fórmula definitiva para acabar con la multitud de trabas administrativas que se encuentra el empresario y/o el ciudadano para realizar cualquier gestión. El planteamiento parece esperanzador, pero hay algunos puntos difusos en esta ambiciosa iniciativa.
Tras el Decreto de Escolarización, que ha generado un terremoto en la educación pública andaluza, el Gobierno de la Junta ha llevado a cabo una modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía, que responde a la necesidad de «favorecer la flexibilidad y la consolidación del sector de la comunicación audiovisual». «Se elimina la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación local», comentó el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. ¿Se creará empleo en el mundo periodístico? ¿Se incentivará la apertura de radios y televisiones locales en los pueblos, una práctica boyante en los años 90 y primera década de 2000 que ahora está prácticamente muerta? Y, si es así, ¿será trabajo precario, como el que han generado los medios privados en lo que llevamos de siglo XXI, empeorando cada vez más la situación laboral de miles de periodistas, fotógrafos, diseñadores gráficos y cámaras de televisión? ¿Carta blanca al empresario para crear más falsos autónomos o por fin llegarán los contratos y el alta en la Seguridad Social al periodismo andaluz?
También se modifican otros preceptos para «agilizar diversos procedimientos como las renovaciones del servicio público de comunicación audiovisual, la interrupción y suspensión temporal del servicio o la celebración de negocios jurídicos sobre licencias«, según comunica el Gobierno andaluz. Más rapidez en la burocracia, pero menos control administrativo.
Se elimina la exigencia de disponer de estudios de producción operativos en el ámbito territorial, se propone la modificación de la obligatoriedad de emisión de determinados informes del Consejo Audiovisual de Andalucía para agilizar la tramitación de algunos procedimientos y se elimina la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación «que no dispongan del correspondiente título habilitante», según han explicado hoy los consejeros.
Bendodo hizo mutis por el foro
El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, rechazó de pleno hablar sobre el concierto ilegal que realizó el SAS con el Hospital San Juan de Dios de Bormujos, un centro a todos los efectos público adscrito al Consorcio Provincial de Salud del Aljarafe (CPSA), en el año 2013 por valor de 10 millones de euros (una exclusiva de Luis Escribano para EL LIBRE). «No he leído la noticia. Cuando la lea, hablaré con el consejero de Salud y se le responderá en tiempo y forma». Una de las obligaciones de un Portavoz del Gobierno Andaluz es conocer todo lo que publican los medios, que son portavoces de la sociedad, sobre los quehaceres de sus instituciones -tienen asesores de comunicación para ello-, máxime cuando es un asunto tan grave. Además, Bendodo es responsable de Administración Pública, de la Inspección General de Servicios y del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, por lo que tiene mucho que decir sobre este asunto.
Plan para la Mejora de la Regulación Económica
El consejero de Economía, Rogelio Velasco, puso de relieve que, en la comunidad andaluza «una empresa tarda 162 días en obtener la licencia de obras e instalación, mientras que en La Rioja, que es la región española donde menos tiempo se emplea, la duración es de 101 días; por otro lado, las Pymes industriales tardan 168 días en comenzar su actividad en Andalucía, lo que supone casi el triple del tiempo empleado en Castilla y León, el territorio con la tramitación más ágil en este apartado con 62 días».Una vez más, el Gobierno andaluz facilita las cosas al empresario. Paralelamente a ello, la Consejería de Economía viene trabajando en la revisión de 872 procedimientos que afectan a la actividad empresarial.
Tejido productivo, empresario, empresa… Fueron las palabras más repetidas hoy en la comparecencia pública de cinco consejeros y un vicepresidente. Poco se habló del ciudadano de a pie. Nada se comentó de cómo agilizar los trámites para subvenciones que favorezcan el trabajo de asociaciones no gubernamentales y diversos colectivos que luchan por la justicia social y por erradicar la pobreza en Andalucía y fuera de ella.
Ni Juan Marín ni Elías Bendodo ni Marifrán Carazo ni Rogelio Velasco ni Juan Bravo ni Carmen Crespo hablaron de cómo este decreto-ley tan importante afecta a la agilización normativa de las políticas sociales (fue muy significativo que no estuviera presente la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, un día después de haberse celebrado el Día Internacional de la Mujer para informar de cómo se desarrolló la jornada o de cómo el colectivo que representa va a beneficiarse de esta estilización regulatoria que, según Velasco, «puede elevar el PIB per cápita en Andalucía alrededor de un 2,5% en un plazo de entre cinco y diez años).
Bendodo especificó que, a partir de ahora y con esta modificación regulatoria, si un ciudadano va a su ayuntamiento a pedir una licencia de obra, «le vale con una declaración responsable». Puede sonar bien para los andaluces que valoran solo la rapidez de gestión. Pero otros pueden pensar que, si se adelgazan demasiado los trámites, es una llamada a la irregularidad y al descontrol. El tiempo pondrá a este decreto-ley en el sitio que le corresponda.
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