Daniel Salvatierra no declara dos empresas en el registro de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos de la Junta de Andalucía
Cuando una persona es nombrada para dirigir un área de servicio público, la ciudadanía le pide dos cosas fundamentales: formación adecuada y que sea honesta. La definición de honestidad es clara en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE): «Decente, probo, recto, honrado».
Todo apunta a que Daniel Salvatierra Mesa solo cumple uno de esos dos requisitos, ya que su curriculum es extenso en títulos y másteres, pero, en algún punto del camino, ha podido desviarse hacia el oprobio, según ha podido saber EL LIBRE.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en febrero de 2019 el nombramiento de Daniel Salvatierra como nuevo director general de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas dentro de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, gestionada actualmente por Ciudadanos. En su curriculum especifica que ha sido durante seis años director del centro de atención residencial Costa Nevada, en Granada, y director de Operaciones del Grupo Reifs, grupo sevillano de gestión de residencias geriátricas.
Daniel Salvatierra fue director de operaciones del Grupo Reifs desde enero de 2018 hasta febrero de 2019, fecha en la que fue nombrado director general de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas. Antes había sido director del geriátrico Costa Nevada en Motril desde septiembre de 2013 hasta enero de 2018, en que pasa a formar parte de Reifs, director del geriátrico Santa Ana S.L. en Molvizar (Granada) y también ejerció de director en la Residencia Reifs de Maracena (Granada).
No declara las empresas
En su declaración en el registro de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos no aparece en ninguna empresa, ni como administrador ni como apoderado, tan solo acciones en Grifols y en Fondo Dinámico ING.
Sin embargo, oculta dos empresas en las que tiene intereses. Según los datos del Registro Mercantil de Granada, Daniel Salvatierra aparece como socio único de la empresa Gestión de Activos Viñana S.L. que fue constituida en Granada el 7 de junio de 2016 y cuyo objeto social es la asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y cualquier otra actividad relacionada con la geroasistencia. Otras actividades: gestión de activos inmobiliarios, en general, así como gestión de activos financieros, como acciones en otras empresas.
Si alguna de las actividades elegidas fuera de carácter profesional, la sociedad la ejercerá como mera intermediadora entre el profesional prestador del servicio y el consumidor. El código CNAE de la empresa es asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores. Tiene depositada las cuentas en el registro mercantil hasta agosto de 2019 (año 2018).
La empresa tiene como administradora única desde el 20 de febrero de 2017 a Marta Guzmán Fernández-Figares, figurando en la inscripción registral de fecha 6 de febrero de 2017 que Daniel Salvatierra Mesa es socio único de la empresa.
Pero los intereses de Daniel Salvatierra no terminan aquí, ya que hay otra empresa de la que Gestión de Activos Viñana es socio y administrador único. La empresa se llama Gota&Claim SL y fue creada en Sevilla en 2013 con el objeto social de publicidad y marketing; comercio, importación y exportación; compraventa al mayor y menor de cualquier tipo de productos o servicios, bien por venta directa o a través de franquicias; compraventa, alquiler de bienes muebles e inmuebles; y hostelería, cafetería y bar. Luego, en marzo de 2018, cambia su domicilio a Motril (Granada).
En enero de 2019 sufre cambios en el registro mercantil y cesan tanto un administrador único como un apoderado de la misma. Además, hay una inscripción de sociedad unipersonal, siendo socio único Gestión de Activos Costa Viñana SL, y también se le nombra a la misma administrador único de la empresa.
Las incompatiblidades de los altos cargos de la Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía tiene regulada por la ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos. El artículo 6 b y c de dicha ley son claros:
«Los altos cargos son incompatibles entre sí y en particular con el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección, de representación, así como el asesoramiento y mediación de empresas, sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios, suministros o con participación y ayudas del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas, con la excepción prevista en el artículo 5″.
Asimismo, son incompatibles con el ejercicio de cargos, por sí o por persona interpuesta, que lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento de toda clase de compañías, sociedades mercantiles y civiles, y consorcios de fin lucrativo, aunque unas y otros no realicen fines o servicios públicos ni tengan relaciones contractuales con las administraciones, organismos o empresas públicas.
Los andaluces, por desgracia, han tenido que soportar infinidad de casos de corrupción a todos los niveles en los últimos 40 años (municipal, de diputaciones provinciales, de la Junta y del Gobierno central). Cuando parecía que el tibio escarmiento del caso de los ERE, Noos y la trama Gürtel, entre muchos otros, hacía pensar a los optimistas que quizá estuviéramos ante una nueva era de honradez y transparencia, la realidad de casos como el de Daniel Salvatierra vuelve a pegar durísimo al ciudadano en lo más profundo de sus creencias democráticas.
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