En 2022, Luis Escribano ya lo denunció en dos artículos de investigación publicados en este periódico que se pueden leer a continuación y que provocaron el cese del gerente, Celso Ortiz
Según un comunicado de CGT, la gerente del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, María Belén Lozano León, «señala a la Dirección General de Personal del SAS de estar detrás de la paralización de todo lo concerniente a los expedientes (por corrupción)» de quien fue el director económico administrativo de dicho área, Casto Ortiz Montaño, tras una resolución de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) a raíz de las denuncias que presentó este sindicato.
Este sindicato ha presentado diversas denuncias ante la OAAF, algunas de las cuales ya debieron ser resueltas en el mes de marzo del año pasado; sin embargo, siguen sin resolverse sin motivo alguno que pueda justificarlo. Este hecho, obviamente, refuerza la acusación de María Belén Lozano hacia la Dirección General de Personal del SAS.
Por ello, este sindicato denuncia la injerencia del SAS y la inacción de la OAAF, precisamente por paralizar y retrasar los expedientes abiertos, con el grave riesgo de que prescriban los graves hechos y no se tomen las medidas oportunas contra las corrupciones denunciadas.
Un poco de historia
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) destituyó al gerente del Área Sanitaria de Osuna, Celso Ortiz, tras el informe de la Oficina Antifraude que provocó la destitución de uno de sus directivos, Casto Ortiz, exdirector administrativo del hospital comarcal sevillano. La decisión se tomó en el año 2023, puesto que, con fecha de 17 de agosto, se publicó en BOJA la Resolución de 11 de agosto de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anunció convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de carácter directivo de Gerencia de Área en el Área de Gestión Sanitaria Osuna.
Celso Ortiz, que llevaba poco más de dos años en el cargo de gerente, se vio salpicado por la actuación de este directivo al que el órgano fiscalizador acusaba de una multitud de irregularidades en contrataciones, como adelantó EL LIBRE en junio de 2022, y de haber cobrado él mismo complementos indebidos como el de nocturnidad.
Una de las últimas meteduras de pata de Celso Ortiz como gerente del AGS de Osuna fue aquella nota interna remitida el 13 de julio de 2023 a todos los directores y coordinadores de los centros adscritos a su demarcación con la directriz de que, «cuando se produzca una concentración en los exteriores de los centros de salud o consultorios, se dé inmediatamente traslado al teléfono 062 (Guardia Civil)», una información que también adelantó EL LIBRE.
El gerente del AGS de Osuna proseguía: «Ello ocasionará que se persone una dotación de este cuerpo, que vigilará la actuación de los concentrados».
«Además, debéis entrevistaros con los agentes para trasladarles qué afectación se está provocando en el normal funcionamiento del centro (exceso de ruidos que impiden el normal funcionamiento de la atención que se presta, limitación de accesos al mismo, ocupación de alguna zona interior, etcétera)», subrayaba Ortiz en su carta interna.
La tensión política y la situación creada en el Área Sanitaria de Osuna constituye un problema serio desde hace años para los responsables de la Consejería de Salud, que destituyó también al anterior gerente, Ricardo Gil-Toresano, que permaneció menos de dos años en el cargo.
Procedimiento sancionador
Respecto de la pieza separada D-09-2023, se dio traslado al Consejo de Transparencia y Protección de Datos, el cual ha comunicado a CGT, mediante escrito suscrito por la directora del Área de Protección de Datos, Blanca Álvarez, con fecha de 17 de diciembre de 2024, el inicio de un procedimiento sancionador contra la Dirección General de Atención Sanitaria y Resultados en Salud del SAS.
Hay que recordar que la denuncia inicial se presentó con fecha 4 de diciembre de 2021 y, según la OAAF, tras el recibo el 2 de agosto de 2022 por la Subdirección e Investigación, Inspección y Régimen Sancionador (SDI) de los hechos denunciados, y una vez dado traslado a los entes implicados para que alegasen lo que estimasen oportuno, fueron desestimadas sus alegaciones. El 25 de noviembre de 2022, el entonces director de la OAAF, Ricardo Vicente Puyol Sánchez firma y acuerda iniciar un procedimiento de Investigación e Inspección (AIPI-2-2022), nombrando como instructora a María del Carmen R. M.
Tras el informe de esta instructora, y recibidas por segunda vez las alegaciones del órgano investigado, se acepta la propuesta de la instructora, que en síntesis viene a decir que las alegaciones no desvirtúan la denuncia puesta por el sindicato (Resolución de traslado de la OAAF de 13 de julio de 2023 con número de registro 264/2023). Firma de nuevo Puyol Sánchez, cuya resolución dice «trasladar todo lo actuado a la autoridad competente (en este caso, de nuevo al SAS) que tendrá, a la finalización del procedimiento sancionador, disciplinario, de reintegro, de revisión de oficio o de cualquier otro tratamiento para la restitución de la legalidad o reparación del daño causado, dar conocimiento a la Oficina Anticorrupción, que notificará la resolución a la persona denunciante y solicitará información sobre el cumplimiento de la misma a los correspondientes órganos«.
«Hasta aquí todo marchaba con demasiada lentitud, pues ya estábamos hablando de una denuncia de 2021 y una resolución de julio de 2023. Aunque el SAS, en más de dos ocasiones y tanto en las alegaciones a las resoluciones como a la prensa, indicaba que no había infracción alguna y que todo eran temas personales, el resultado fue que sea el SAS quien lo resuelva», denuncia CGT. Obviamente, el sindicato elevó su disconformidad por entender que, a pesar de la declaración a su favor de la OAAF, no tenía sentido que fuera el SAS quién debiera actuar, pues todas sus alegaciones ante la OAAF se efectuaron en contra de los hechos denunciados.
Unos días después de que la OAAF notificara a CGT la resolución favorable a la denuncia, «la instructora, María del Carmen R. M., fue destituida de forma fulminante de su puesto de trabajo en la Oficina Anticorrupción», a la que sustituyó María Luisa Wic
Ninguneo
«Dado el trato que estábamos recibiendo, dirigimos una carta al director, Ricardo Puyol (registro 29-2-2024), donde le pedíamos explicaciones sobre cómo era posible que, habiendo sido la nuestra la primera denuncia que entraba en dicha oficina, a estas fechas no tuviéramos respuesta a nuestra denuncia. Pedíamos los plazos detallados que tenían para el desarrollo y término de los expedientes. Asimismo, que se nos informara de si tenían la facultad de sancionar, de si los escritos que se nos enviaban estaban dentro de sus propias normas, a la vez que denunciábamos el trato que estábamos recibiendo tras el nombramiento de la nueva subdirectora, María Luisa Wic», agregan desde CGT.
A dicha carta, el sindicato obtuvo una escueta respuesta con fecha de 15 de mayo de 2024 y recibida el 25 de mayo de 2024, donde a todas las preguntas realizadas, solo se responde: «Se le informa de que el procedimiento derivado de su denuncia se halla en fase de seguimiento posterior del cumplimiento de la resolución«. Y todo ello con firma electrónica, pero sin identificar a su autor.
«Además, tras tres años de contactos, la OAAF nos ha exigido, dos veces más, que presentáramos DNI y correo electrónico. Lo que, obviamente, volvimos a hacer y con recibo de entrada. Ante tanta incongruencia, solicitamos ser recibidos en la Oficina pues no estábamos dispuestos a seguir así. La respuesta que recibimos es que «no se admite reunión presencial«: lo que queramos decir, que lo hagamos por escrito a través de la web», revela el sindicato.
A fecha de hoy, CGT sigue sin saber cuál es la resolución final. Recordemos que la denuncia se presentó en 2021 y fue la primera que entró en la OAAF.
«El SAS y la OAAF parecen haberse confabulado»
«El SAS y la OAAF, en lugar de trabajar para castigar a los corruptos, tal y como señaló la gerente María Belén Lozano León, parecen haberse confabulado para paralizar los expedientes y denuncias realizadas por este sindicato, con el grave riesgo de prescripción de los delitos, que evitaría la posibilidad de imponer la correspondiente sanción, quedando libre el autor de los hechos de corrupción y así volver a ser nombrado en puestos directivos», denuncian desde la organización sindical.
En definitiva, la gerente del Área de Gestión Sanitaria de Osuna señala a la Dirección General de Personal del SAS por «estar detrás de la paralización de todo lo concerniente a los expedientes de quien fue el director económico administrativo de dicho área y, como sindicato, presentamos pruebas encaminadas a confirmar dicha acusación«.
Por tanto, CGT exige «respuestas» a los expedientes ya cumplidos en plazo y, si el responsable pertinente de la OAAF está en contra de lo ya manifestado previamente en el expediente, «que lo ponga por escrito y nos lo comunique de una vez en lugar de esperar a que prescriban las graves infracciones denunciadas».
«Para terminar, nos preguntamos lo siguiente: si presentamos nuestra denuncia cuando aún no había ninguna en la OAAF, y llevamos cuatro años sin conocer su final, a día de hoy, que ya son miles las denuncias que tienen, ¿cuánto tiempo van a tener que esperar las denuncias presentadas por organizaciones como el PSOE y Adelante Andalucía o por la asociación Justicia por la Sanidad, que presentó cuatro denuncias en 2023 por hechos graves del SAS?», recalcan.
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