Muestra su preocupación por el manifiesto en el que la Junta y 12 comunidades más (y las dos ciudades autónomas) piden salvaguardar el urbanismo ilegal, recuerda que los tribunales sólo anulan el planeamiento si es ilegal y califica de «falso e irresponsable» el discurso que confronta la protección del territorio con el desarrollo socioeconómico
Recientemente se ha conocido el manifiesto eufemísticamente denominado Por la seguridad jurídica del planeamiento territorial y urbanístico acordado por trece comunidades y las dos ciudades autónomas. Entre los firmantes se encuentran, en representación de la Junta de Andalucía, Andrés Gutiérrez Istria, secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, y María del Carmen Compagni Morales, directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
El texto reclama modificaciones de la Ley de Suelo y Rehabilitación estatal para evitar la nulidad radical de los instrumentos de planeamiento o urbanísticos por parte de los tribunales, por lo que llaman «defectos formales u omisión de informes». Además, pretenden limitar la acción popular, es decir, el control ciudadano del urbanismo, y responsabiliza a la Red Natura 2000 de limitar el progreso de los municipios.
Ecologistas en Acción –organización que se ha visto obligada a recurrir numerosos planes que han sido anulados por sentencias judiciales, en diferentes comunidades autónomas– discrepa del contenido del manifiesto. Lamenta que se aliente «el discurso falso y populista de que el desarrollo socioeconómico en los pueblos solo se alcanza por el desarrollo del sector inmobiliario destruyendo su patrimonio natural, cultural y paisajístico». «Este modelo especulativo ya ha demostrado ser letal para la economía, el empleo y el medio ambiente».
El planeamiento urbanístico se anula porque es ilegal
Ayuntamientos y gobiernos regionales desestiman casi sistemáticamente las alegaciones que se presentan durante la tramitación de los planes urbanísticos, que advierten del incumplimiento de la legalidad. «En ocasiones, ignoran los informes técnicos o se omiten informes sectoriales llamados a asegurar la protección ambiental o la disponibilidad de agua para atender a la nueva población, y no se garantiza el respeto a las reservas de suelo protegido y que el plan sea económicamente viable y sostenible», subrayan los ecologistas. El resultado es que se plantean «planes insostenibles, tremendamente impactantes y sobredimensionados, ignorando la protección del litoral, del dominio público hidráulico o de los espacios protegidos», añaden. Son estos motivos los que hacen que los tribunales declaren nulos (ilegales) los planes urbanísticos.
Ecologistas presentó alegaciones jurídicas al proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en las que se demuestra que «no sólo es innecesaria esta propuesta, ya que la jurisprudencia ya contempla la nulidad parcial en muchos casos, sino que incrementará la inseguridad jurídica«.
La acción popular es un derecho ciudadano
Las limitaciones que se reclaman en el manifiesto supondrían un retroceso sin precedentes en el derecho ciudadano de control del urbanismo. Un derecho reconocido en toda la legislación urbanística como instrumento para «incentivar la defensa del régimen urbanístico, propiciando su observancia«. Ecologistas en Acción insiste en que las personas físicas o jurídicas que recurren los instrumentos de planeamiento urbanísticos no son las responsables de la nulidad de los mismos. Si ayuntamientos y gobiernos no aprobasen planes que vulneran la legalidad vigente, ni se recurrirían ni se anularían.
«Esta medida antidemocrática podría abrir la puerta a cambios similares con la acción pública reconocida por la Ley de Costas, la Ley del Patrimonio Histórico Español o la Ley de Parques Nacionales. Esta propuesta pretende privar a la ciudadanía de los mecanismos procesales para la defensa de intereses públicos colectivos«, denuncian desde la asociación verde.
Son «inconcebibles» los ataques de los gobiernos autonómicos a la Red Natura 2000, cuando fueron los que la propusieron
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea y, bien gestionada, puede ser una herramienta muy positiva para el desarrollo de las poblaciones. La Red Natura 2000 en Andalucía incluye 198 espacios protegidos, con 2,59 millones de hectáreas terrestres, un 29,6% de su superficie.
Dentro de esta red, el suelo tiene diferentes grados de protección, hay espacios protegidos, hay terrenos agrícolas y suelos urbanos. Lo que ha determinado el Tribunal Constitucional es la imposibilidad de reclasificar suelos no urbanizables a urbanizables en la Red Natura 2000. En un contexto de exceso de edificación en nuestro país y de descenso de población, «no es admisible seguir planteando más urbanizaciones en suelos protegidos». «Es una falacia achacar a esta red europea la responsabilidad de obstaculizar el desarrollo de los municipios», añaden.
De acuerdo al informe Beneficios económicos de la Red Natura en España (2019), elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, los beneficios económicos estimados de la Red Natura 2000 ascienden a 9.805 millones de euros al año. Es decir, 7,5 veces más de lo que cuesta mantenerla. Si además se tiene en cuenta el valor económico del carbono almacenado en la Red Natura 2000 y se consideran sus efectos positivos sobre la regulación del clima, el beneficio económico de la red asciende hasta los 43.661 millones de euros al año, que equivale al 3,6% del PIB de España.
Proponer la modificación de la ley para permitir la urbanización de la Red Natura 2000 es «un auténtico despropósito». Las comunidades autónomas «deben abandonar el discurso falso que confronta conservación de la naturaleza con desarrollo socioeconómico y tener en cuenta que cada euro invertido en la Red Natura 2000 proporciona un beneficio bruto de al menos 22 euros».
Alternativas a un manifiesto irresponsable
Ecologistas en Acción entiende que las comunidades autónomas deberían centrar su actividad en mejorar la calidad de los planes y de las tramitaciones administrativas para que no incumplan la legislación vigente. Además, debería articularse «una verdadera justicia cautelar que evitara la ejecución de planes no consolidados y así impedir daños a terceros, una vez que son anulados».
«No resulta razonable que planeamientos urbanísticos anulados en primera instancia prosigan su ejecución o que, para conseguir su paralización, se impongan fianzas millonarias a los recurrentes, como sucedió en el caso de Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres», ponen de relieve.
Ecologistas en Acción lamenta que en un momento como el actual, en el que la comunidad científica –a través del IPCC– demanda a las autoridades políticas de cada país un alto grado de compromiso para llevar a cabo el esfuerzo de mitigación climática que la sociedad requiere, «en el Estado español esos representantes tan solo planteen consolidar las ilegalidades urbanísticas y la construcción en las zonas más valiosas de nuestro territorio«. «Nunca la clase política estuvo tan alejada de las necesidades reales de una sociedad», apostillan.
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