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Plano del Plan Parcial Cabo Plata en Tarifa. / ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Economía, Medio Ambiente, Política

Vuelve la especulación urbanística de la mano de la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía

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A través de esta nueva herramienta, la Junta pretende impulsar tres macrourbanizaciones: El Següesal en Barbate, Castellar Golf en Castellar de la Frontera y Atlanterra Golf en Tarifa

Ese triunvirato formado por Juanma Moreno, Elías Bendodo y Juan Marín no se cansa de hablar del «Gobierno del cambio». Frases como «la corrupción de la etapa socialista ya es historia» han ribeteado estos dos años y medio de cogobernanza entre PP y Ciudadanos. Sin embargo, una herramienta creada por la Consejería de la Presidencia, con Bendodo a la cabeza, está posibilitando que la especulación urbanística regrese a Andalucía… como en la larga etapa del puño y la rosa. Se trata de la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) de interés estratégico.

Parece que la Junta no ve más futuro para Andalucía que los campos de golf rodeados de urbanizaciones de lujo. En la provincia de Cádiz se han incluido en esta unidad aceleradora tres macrourbanizaciones: El Següesal en Barbate, Castellar Golf en Castellar de la Frontera y el Plan Parcial del Sector SA-1 Cabo de Plata, ahora rebautizado como Atlanterra Golf, en Tarifa. «Los tres adolecen de graves irregularidades legales», denuncian desde Ecologistas en Acción.

La Junta de Andalucía y los ayuntamientos de estas tres localidades apuestan por cementar las escasas zonas del litoral gaditano que se salvaron del tsunami de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 y que provocó una gravísima crisis económica y social. «Parece que no han aprendido nada; se les han olvidado las penurias que provocó la especulación y la corrupción urbanística que asoló el país a finales del siglo pasado y principios de éste», afirman desde la confederación verde.

Política turística «del franquismo»

Este proyecto se basa en el desfasado PGOU de Tarifa de 1990, que contempla unas desmesuradas previsiones de crecimientos urbanísticos. Al desastre urbanístico y medioambiental que ha supuesto Atlanterra, con sus 2.500 viviendas, se pretende sumar ahora la urbanización colindante de Cabo de Plata –que fue promovida por Atalaya Desarrollos Inmobiliarios (ahora Grupo Q), Atlanterra AG y Cortijo de El Moro SA-, con una superficie de 1.279.780 metros cuadrados, un campo de golf, 1.035 viviendas y 1.372 plazas hoteleras.

Además, existe la pretensión de recalificar el colindante Cortijo de El Moro, con una superficie de seis millones de metros cuadrados, para construir otras 1.100 viviendas, 1.350 plazas hoteleras y dos campos de golf, lo que provocaría un gigantesco impacto ambiental y territorial. Esta zona se encuentra colindante con el Parque Natural del Estrecho y Reserva de la Biosfera, junto a Sierra Plata, que es una de las zonas de mayor valor en arte rupestre de Andalucía. «Este Plan Parcial responde a una política urbanística y turística obsoleta, que no es más que el desarrollo en el siglo XXI de la política turística del franquismo, ya que este terreno se incluyó como suelo urbanizable en el PGOU en base a la declaración de Centro de Interés Turístico Nacional por el régimen franquista», añaden.

Para comprender la desmesura de los crecimientos urbanísticos que incluye el PGOU de Tarifa, baste destacar que contempla 7.538.961 m2 de suelos urbanizables. Teniendo en cuenta que el suelo urbano actual, ya sobredimensionado, es de 4.389.450 m2, lo que se pretende es aumentar el suelo urbanizado en este término municipal en un 171,7%, «incluyendo zonas de altísimo valor ecológico y paisajístico, como Valdevaqueros y la playa de Los Lances», añaden con enojo desde Ecologistas en Acción.

El Següesal, otro despropósito

El Següesal Golf Resort, promovido por la empresa Bogaris, fue el primer campo de golf declarado en 2011 por la Junta de Andalucía de Interés Turístico Regional. Ahora, el Gobierno de PP y Ciudadanos vuelve a darle un espaldarazo incluyéndolo en la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico.

Esta macrourbanización incluye 635 apartamentos turísticos, 235 habitaciones hoteleras, 450 viviendas, centros comerciales, colegio de alto standing y un campo de golf de 18 hoyos. Una ciudad de lujo segregada del pueblo de Barbate, y a medio camino de Vejer de la Frontera, con las que competirá y perjudicará en oferta turística. A pesar de que supuestamente se trata de un proyecto turístico, «en realidad es pura especulación, pues la edificabilidad residencial supone el 24,24 %, frente a un raquítico 3,17 % para usos hoteleros», comentan desde Ecologistas en Acción Cádiz.

Asimismo, Ecologistas en Acción ha advertido en sus alegaciones de «la inviabilidad legal y ambiental de este proyecto, pues supone eliminar la protección de los terrenos en los que se pretende ubicar sin más justificación que los intereses de una empresa privada e incumple las normas sobre los límites de crecimiento del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)». También presenta afecciones a la biodiversidad, a espacios naturales protegidos y a terrenos públicos, ya que rodea por el norte al Parque Natural de La Breña. En un informe de la antigua Consejería de Medio Ambiente, se resalta que la ejecución de este proyecto supondría la eliminación de 230 hectáreas de superficie forestal, afectaría a Hábitats de Interés Comunitario y podría alterar sensiblemente el libre flujo de especies entre el Parque Natural de La Breña y la Zona de Especial Conservación Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, ambos espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000 de la UE. Y no existen recursos hídricos para este proyecto mastodóntico. «En plena emergencia climática, habría que decidir a qué y a quién le dedicamos la cada vez más escasa cantidad de agua de la que disponemos», sentencia la confederación verde.

Castellar Golf, más de lo mismo

El proyecto Castellar Golf, anteriormente conocido como Valderrama, se incorpora también a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) tras el acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

El alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca, espera que, con la incorporación a la unidad aceleradora, se pueda cumplir un proyecto trabajado por diversos promotores y distintas corporaciones municipales, ya que desde 1999 se ha contemplado Valderrama, ahora Castellar Golf, como «un proyecto de futuro para Castellar, que generará empleo en el municipio y la comarca, siendo factor estratégico para nuestra tierra».

La Junta de Andalucía declaró de Interés Turístico para la comunidad en el año 2012 el histórico proyecto de golf promovido por la empresa Valderrama en Castellar. El plan de la familia Ortiz Patiño se remonta a 1999, cuando la empresa y el Ayuntamiento firmaron un convenio urbanístico para su desarrollo. No fue hasta 2008 cuando la Administración regional aprobó de forma definitiva la actuación, que quedó paralizada por la crisis y a la espera de la declaración de Interés Turístico que llegó en 2012.

El alcalde de Castellar, Adrián Vaca. / AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA

El proyecto tomó un nuevo impulso con la adquisición del proyecto Valderrama por La Zagaleta en 2016 y desde entonces las partes implicadas han iniciado diversos trámites urbanísticos para poder desarrollarse.

El último paso fue el pasado mes de octubre cuando el pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera aprobó por unanimidad iniciar la modificación del PGOU de Castellar para adaptar su planeamiento a la Declaración de Interés Turístico, realizada en 2012, tras dos ocasiones en las que no prosperó la modificación planeada por el Consistorio.

Las asociaciones ecologistas dijeron en su día que este proyecto es insostenible: «Es una falacia decir que la superficie de 128 hectáreas en las fincas La Cierva y La Guillena estarán sujetas al requerimiento medioambiental del riego del campo y sus zonas verdes con aguas reutilizadas procedentes de la depuradora de Castellar y recursos almacenados en lagos y pozos propios. La depuradora de Castellar de la Frontera no tiene el sistema tecnológico suficiente ni la capacidad de reutilizar aguas para el riego del campo de golf. El final será esquilmar el acuífero del pliocuaternario del Guadarranque, que tiene una extensión de 100 Km2 y unos 80 Hm3 preparados para paliar épocas de sequia del Campo de Gibraltar, como ocurrió en el año 1993″.

«Este complejo y otros proyectos urbanísticos pueden esquilmar el acuífero de reserva del Campo de Gibraltar. Ya existen tuberías y pozos de grandes dimensiones para que la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar vendan agua a estos especuladores del terreno», expresó en su día Ecologistas en Acción.

En contra de las leyes vigentes

Este tipo de proyectos están en absoluta contraposición con directivas, planes y leyes vigentes: Ley 7/2015 de Suelo y Rehabilitación Urbana; Ley 9/2006 sobre Evaluación Ambiental de Planes (transposición de la Directiva 2001/42/CE); y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). El Ayuntamiento de Tarifa, en vez de adaptar este PGOU obsoleto a la nueva normativa urbanística y medioambiental, «promueve un crecimiento insostenible y la colmatación del litoral en uno de los litorales más privilegiados de Europa».

El Plan Parcial Cabo Plata fue aprobado definitivamente en diciembre de 2008 por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía. Esta aprobación es nula de pleno derecho al no haberse sometido el proyecto a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a lo que obliga la normativa comunitaria y estatal. «La omisión de este procedimiento ha sido generalizada en Andalucía, pretendiendo con ello la Junta y los ayuntamientos no tener que someter los proyectos urbanísticos a consultas previas a la ciudadanía, no justificar estos crecimientos desorbitados, no analizar opciones alternativas, no evaluar el impacto ambiental y paisajístico…», remarca la ONG. Pero lo que ha provocado este incumplimiento de la legislación de evaluación ambiental de planes urbanísticos ha sido la anulación en cascada de estos planes aprobados ilegalmente. Baste como ejemplo el Plan Parcial de Valdevaqueros, también en el término de Tarifa, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sentencia ratificada por el Tribunal Supremo (TS), por carecer de EAE, aceptando el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción.

Hay que destacar también que esta urbanización se aprobó sin tener garantías de abastecimiento de agua; más de 500.000 m3/año que necesitarían el campo de golf, las viviendas y los hoteles. La urbanización colindante de Atlanterra arrastra serios problemas de abastecimiento, que se agravarían con este complejo urbanístico.

Ecologistas en Acción «emprenderá todas las acciones legales para impedir este despropósito, que cementaría aún más una zona privilegiada del litoral gaditano».

«La Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico es una gran depredadora del ecosistema de Andalucía»

La portavoz de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha lamentado la actitud de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía en relación al proyecto Atlanterra Golf en Tarifa, que ha sido asignado a la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico de Andalucía. «Esta unidad se está convirtiendo en una gran depredadora del ecosistema de Andalucía y frustra la oportunidad de cambio de modelo productivo para nuestra comunidad», ha asegurado.

Para Aguilera, la incorporación también a esa unidad del macroproyecto de Tarifa con un campo de golf y la construcción de más de 1.035 viviendas y más de 1.300 plazas hoteleras «es un suicidio ecológico y económico«. La parlamentaria andaluza lamenta, además la actuación de los ayuntamientos, que «deja mucho que desear». «Nos entristece profundamente que determinados ayuntamientos, que deberían estar confrontando las políticas depredadoras de las derechas, no sólo no las confronten sino que se conviertan en cómplices de una política que condena a Andalucía a un papel económico subsidiario, a seguir siendo la comunidad del turismo, del sol y la playa, la comunidad que no va a generar empleo estable porque el trabajo que se genera en el sector turístico es un empleo precario, estacional y de muy baja calidad”.

Proyectos como el de Tarifa «impiden que, a través de nuestros recursos naturales, podamos determinar otro tipo de economía, otro tipo de inversión, otro tipo de modelo productivo que, de una vez por todas, saque al Campo de Gibraltar, a la provincia de Cádiz y a Andalucía de la situación de degradación económica y desempleo brutal que padece. Estamos hablando de las mismas recetas de hormigón de siempre que han condenado a nuestra comunidad a la situación en la que está actualmente».

Finalmente, Aguilera ha anunciado que van a dirigirse al viceconsejero de Turismo, Juan Marín, para conocer «las consecuencias que pueden traer este tipo de actuaciones para nuestra comunidad».

Una creación de la Consejería de la Presidencia

La Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) ha sido creada por el Gobierno de la Junta de Andalucía para la agilización de proyectos estratégicos, depende orgánica y funcionalmente de la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de la Presidencia y está compuesta por un equipo multidisciplinar de funcionarios de los cuerpos superiores de la Junta (project managers) «formados para trabajar conforme a los principios que deben gobernar la buena administración», según reza en la propia web de la consejería.

Así, la Unidad Aceleradora de Proyectos «impulsará y coordinará los proyectos de inversión que le sean asignados, promoviendo la agilización de todos los procedimientos de las Administraciones Públicas andaluzas que sean necesarios para llevarlos a cabo y realizará las actuaciones que procedan para hacer efectiva la tramitación preferente y urgente de los proyectos en las distintas tramitaciones administrativas. Una vez se haya asignado el proyecto a la unidad, esta prestará asistencia y asesoramiento a las personas o entidades promotoras sobre todos los trámites necesarios para la efectiva puesta en marcha y ejecución del proyecto. Asimismo, realizará actuaciones de coordinación con las distintas consejerías y entidades instrumentales con competencias sobre los procedimientos que afecten a los proyectos de inversión asignados».


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