La Plataforma Vecinos de las Crucecitas de Zalamea la Real se ha personado hoy en el Juzgado de lo Penal de Valverde del Camino para firmar la ratificación de la denuncia contra el actual alcalde de la localidad, el socialista Diego Rodríguez
Según ha podido saber EL LIBRE, el 3 de marzo de 2020, la plataforma denunció al alcalde por lo penal por la posible comisión de un delito de prevaricación, ya que Rodríguez «era conocedor de que la estación base de telefonía de Orange, ubicada junto a los hogares de la calle de las Crucecitas, presuntamente carece de licencia de actividad desde hace ya más de 20 años, cuando, estando gobernando su mismo partido político, se le concedió una simple licencia de obras a otra compañía de telefonía para la obra de nueva construcción sita en la Finca Los Palmares, consistente en la instalación de una estación base de tecnología celular de la red DCS 1800«, según cuenta el portavoz de la plataforma, Juan Francisco Domínguez.
De hecho, cuando el actual alcalde, en la anterior legislatura, era concejal de la oposición y portavoz del Grupo Socialista de Zalamea la Real, en el pleno ordinario celebrado el 29 de julio de 2015, ante vecinos de la calle de las Crucecitas, presentó una moción contra la citada antena de telefonía de Orange por carecer de los permisos necesarios para su instalación y funcionamiento, «una moción que fue aprobada, pero que el anterior alcalde hizo caso omiso entonces con respecto al cumplimiento, al igual que lo sigue haciendo el actual alcalde», revela Domínguez.
El 25 de junio de 2019, y ya siendo alcalde Diego Rodríguez, a través de la Plataforma Vecinos de las Crucecitas de Zalamea la Real, se registró una denuncia en el Ayuntamiento dirigida al primer edil, en la cual le solicitaron que desde el Ayuntamiento «se ordenase la paralización de la actividad de la estación base de telefonía de Orange, el precintado de las instalaciones, así como el corte del suministro eléctrico«. El objetivo era que la empresa estuviese condicionada a trasladar cuanto antes la instalación que tiene montada junto a los hogares de las Crucecitas, en el terreno privado de una persona que no vive en Zalamea.
Toda la normativa en contra
Pero, a pesar de ello y con toda la normativa municipal en contra para la actual ubicación de la estación, ésta sigue estando operativa y «no nos consta que, a día de hoy, el alcalde haya ordenado la paralización de la actividad, el precintado de las instalaciones, así como tampoco el corte del suministro eléctrico». A los 26 componentes de la Plataforma les parece «increíble» que, con la cantidad de pruebas que tiene el alcalde, desde el Ayuntamiento de Zalamea la Real se siga favoreciendo a una empresa privada «en detrimento de las personas que vivimos junto a la presuntamente ilegal estación de telefonía que no queremos junto a nuestros hogares».
«El alcalde sabe que, aunque la empresa presente una declaración responsable para poder seguir ejerciendo la actividad, cosa que continúa haciendo impunemente, la actual técnico del Ayuntamiento tendría que certificar que cumple con todos los requisitos legales y normas urbanísticas y, conforme a la ley, sería imposible que el Ayuntamiento le pudiese conceder la licencia de actividad sin incurrir en un delito aún más claro de prevaricación», denuncia el portavoz de los vecinos.
La ubicación de la instalación incumple el artículo 194 (Equipamientos y Servicios) de las Normas Subsidiarias (NNSS) del planeamiento urbanístico de Zalamea la Real tanto por la altura de 40 metros que tiene la torre de las antenas como por los menos de 50 metros de distancia que hay desde la instalación hasta la edificación más cercana, que son en este caso las viviendas de la calle de las Crucecitas, ya que, «el mencionado artículo 194 de las citadas normas del planeamiento urbanístico de Zalamea la Real establece que, en suelo no urbanizable (como es el caso), no se pueden superar los siete metros de altura, así como que la distancia mínima a la edificación más cercana no debe ser inferior a 100 metros«.
Respetar la legalidad urbanística
El hecho de que se preste un servicio público no exime a Orange de la obligación de respetar la total ordenación que resulte aplicable en cada municipio y, en cualquier caso, no permite desconocer las facultades de control del cumplimiento de la legalidad urbanística que corresponden a la Administración Local. Aunque en primera instancia el Juzgado de Valverde desestimó la denuncia, la plataforma recurrió a la Audiencia Provincial de Huelva, por lo que el 26 de octubre de 2020, en el Juzgado de lo Penal de Valverde del Camino, la plataforma designó a un abogado y a un procurador.
El día 7 de marzo de 2022, la Audiencia Provincial acordó estimar el recurso de apelación para que se practique ratificación de la denuncia y seguida diligencia de comprobación de la situación denunciada con informe de la entidad local afectada elaborado por técnico independiente, así como las diligencias que se deriven de la causa. Y ha sido para ratificar la denuncia, por lo que la plataforma ha ido hoy al juzgado.
Juan Francisco Domínguez espera que el alcalde haga cumplir la ley, pero que «también sea juzgado e inhabilitado de su cargo, por la posible comisión del referido delito de prevaricación y, además, sea condenado para que tampoco pueda ejercer cualquier otro cargo público que quiera desempeñar durante muchísimos años, ya que consideramos que hemos presentado pruebas más que evidentes de lo que denunciamos».
Diego Rodríguez prepara su defensa y analiza la documentación existente
El alcalde de Zalamea, Diego Rodríguez, reconoce a EL LIBRE que está preparando su defensa y, al mismo tiempo, recabando documentación de este caso en los archivos municipales, que tiene múltiples aristas. «Vamos a estudiar toda la documentación y a comprobar si la estación de Orange tiene licencia de actividad vigente, porque el perito que pudo conceder esa licencia ya falleció», comenta el primer edil.
Por último, Rodríguez resalta que estuvo estudiando el posible cambio de ubicación de la estación de telefonía, pero es un asunto muy complejo que no solo compete a Orange, sino a otras grandes compañías de telefonía, como Vodafone, que subcontratan la antena con la empresa naranja para ganar cobertura en la zona.
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