Ben dodo

Elías Bendodo y Marifrán Carazo, hoy en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

Educación

Bendodo define como «ideológica» la huelga en contra del nuevo Decreto de Escolarización

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El consejero de la Presidencia reduce el conflicto de la aprobación del nuevo Decreto de Escolarización a una lucha política para «enfrentar la escuela pública con la concertada», mientras la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública señala que «son del todo inaceptables y de una gravedad extrema las medidas que la Junta pretende implementar»

Prosigue la defensa a ultranza del nuevo Decreto de Escolarización por parte del Gobierno andaluz a pesar del malestar expresado fehacientemente por los representantes de la comunidad educativa, que se manifestarán en toda Andalucía pasado mañana. El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha tachado de «ideológica» la huelga educativa del próximo miércoles por parte del PSOE-A y de Adelante Andalucía para «enfrentar la escuela pública con la concertada», aunque ha mostrado su respeto a todos aquellos que salgan a manifestarse a las calles.

Asimismo, Bendodo ha instado a «no tener miedo a la libertad» y que los padres puedan elegir un colegio público, concertado y privado para la educación de sus hijos. «Todo lo demás es ruido interesado e ideologizado y, cuanto menos se meta la ideología en la educación, mejor. La izquierda ha manoseado la educación pública y eso ha cambiado», puso de relieve Bendodo.

Por su parte, la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, constituída por las organizaciones sindicales CCOO, UGT y Ustea, la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres Codapa, y el Frente de Estudiantes FdE, ha convocado una manifestación para este miércoles, 4 de marzo, a partir de las 12:00 horas en todas las capitales de provincia, para mostrar su desacuerdo con esta nueva normativa. Para la plataforma convocante «son del todo inaceptables y de una gravedad extrema las medidas que pretenden implementar que, sin ninguna duda, ahondan en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el Gobierno de Andalucía está llevando a cabo».

Asimismo, denuncia que «la profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de demanda social traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid, tal como advierten numerosos estudios realizados al respecto».

Además, para las organizaciones integrantes de esta plataforma, la discriminación positiva que esta nueva norma extiende sobre los centros privados – concertados, al establecer la máxima puntuación por proximidad en un centro de cada tipo, «abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas». En este sentido, es preciso recordar que la escuela pública lleva sufriendo la problemática del cierre de aulas de una manera especialmente grave en los últimos años.

Por otro lado, el sindicato ANPE-Andalucía denuncia la falsedad de que el nuevo Decreto de Escolarización haya nacido del consenso con la comunidad educativa, como dijo Javier Imbroda: «Nada más lejos de la realidad. El derecho de las familias a la libre elección de centro educativo viene garantizado por la Constitución y las vigentes leyes educativas, tanto de rango estatal como autonómico. El propio Dictamen del Consejo Escolar de Andalucía corrige a la administración educativa, instando a que aclare que la libre elección de centros está condicionada a la planificación educativa, que, como responsable, realice la Consejería. La aplicación práctica del principio de libre elección de centros, que tradicionalmente ha respondido a criterios geográficos, en este nuevo decreto, se ve condicionada por la inclusión de un centro concertado en las zonas de escolarización que no cuenten con este tipo de centros, siempre que en la localidad convivan ambas ofertas. Este criterio, al que desde ANPE nos hemos opuesto, supone una discriminación positiva hacia los centros concertados y en la práctica provocará un desarraigo de parte del alumnado respecto a su lugar de residencia».


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