Alianza por el Clima, preocupada por la manera en que se está produciendo en España el desarrollo de las energías renovables

Para Alianza por el Clima, el despliegue de energías renovables en España está siendo determinante para la mitigación del cambio climático. Sólo una de esas tecnologías, la eólica, ha evitado en los últimos 20 años más de 400 millones de toneladas de CO₂, que supone mucho más del total de las emisiones anuales de nuestro país. La penetración de las renovables en el período más reciente ha hecho que las emisiones de CO₂ del sistema eléctrico se hayan reducido un 28,7% en 2019 respecto de 2018 y un 27,8% en 2020 respecto del año anterior

Para avanzar en la descarbonización del sector eléctrico, el objetivo que se plantea el Plan Nacional Integrado de Energías y Clima (Pniec) es llegar a un 74% de generación renovable en 2030, que significa añadir 29.000 MW de fotovoltaica y 20.000 MW de eólica, además de una potencia menor de otras tecnologías. Estos objetivos, enmarcados en un contexto de aumento de ambición por parte del conjunto de la Unión Europea, son solo el primer paso de la necesaria y progresiva aceleración de la transición ecológica que hay que desarrollar, ya que de acuerdo con las recomendaciones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), siguen siendo necesarias más medidas para que las emisiones globales de gases de efecto invernadero se reduzcan en un 7,6% cada año, si no queremos que la temperatura global se eleve por encima de los 1,5º. Así pues, hace falta descarbonizar las emisiones del sector eléctrico más drásticamente y más rápido.

Sin embargo, Alianza por el Clima, que es una plataforma de organizaciones con muy diferentes sensibilidades de tipo ecologista, sindical, rural, agraria o social, está seriamente preocupada por la manera en que se está produciendo en España este desarrollo. Un número creciente de plantas fotovoltaicas y de parques eólicos están teniendo un notable impacto sobre la biodiversidad y sobre el uso del territorio que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental no ha podido evitar. De hecho, la comunidad científica ya ha alertado del grave riesgo que corre la biodiversidad si el despliegue de renovables previsto en el Pniec se lleva a cabo como hasta ahora, sin una adecuada planificación y evaluación de su impacto.

Demasiado beneficio para las grandes empresas

Además, y durante años, el marco normativo de desarrollo de estas tecnologías, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, «ha beneficiado que el despliegue sea capitalizado por grandes empresas energéticas y fondos de inversión, penalizando a proyectos de menor envergadura y, sobre todo, a iniciativas promovidas por la propia ciudadanía o los actores institucionales», ponen de relieve desde la plataforma. El resultado es el desarrollo de un modelo «muy centralizado y de mayor impacto que limita las posibilidades de avanzar hacia un sistema eléctrico más distribuido, más cuidadoso con el territorio, el mundo rural y la biodiversidad y con mayor implicación ciudadana».

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dispone de competencias para desarrollar diferentes regulaciones normativas y para la adopción de determinadas medidas que eviten o minimicen los problemas señalados. En ese sentido, Alianza por el Clima plantea al ministerio que tome las siguientes medidas de forma urgente:

• Modificar la orden ministerial que regula el mecanismo de subastas de nueva potencia de energías renovables reservando al menos un 50% en las nuevas subastas para proyectos de menos de 10 megavatios. Adicionalmente, deberían establecerse en ellas criterios de condicionalidad priorizando proyectos en zonas de baja sensibilidad, de repotenciación y de hibridación.

• Fijar un objetivo muy ambicioso de autoconsumo en la Estrategia Nacional de Autoconsumo que se está elaborando, corregir la reciente normativa en relación con los coeficientes dinámicos para el autoconsumo colectivo y asegurar el despliegue de las comunidades de energía.

• Aprobar, en colaboración con las comunidades autónomas, una guía para evitar que los promotores puedan fragmentar los proyectos con el objetivo de sortear la tramitación por parte de la Administración General del Estado y vigilar que no haya proyectos que se estén tramitando de manera fraccionada y, en su caso, reclamar la tramitación de su evaluación ambiental.

• Que la zonificación de la sensibilidad ambiental del territorio que ha creado en su geoportal constituya un factor discriminatorio para los proyectos de grandes instalaciones que tramite el ministerio y no una mera recomendación para los promotores. Esta zonificación debe identificar las zonas de sensibilidad y exclusión por su importancia para la biodiversidad, conectividad y provisión de servicios ecosistémicos, así como sobre otros valores ambientales y territoriales, e incluir también a las renovables marinas.

• Aprobar una norma ambiental para la implantación de los proyectos de energías renovables, estableciendo una graduación para su implantación, primero en zonas de baja sensibilidad según la cartografía del ministerio y de las comunidades autónomas y en función de la tipología de suelos.

• Asegurar, en la Planificación de la Red de Electricidad, que se están elaborando suficientes puntos de conexión para la evacuación de instalaciones renovables en zonas de baja sensibilidad.

• Dar prioridad, en relación con los sistemas de financiación pública de energías renovables, a la financiación de los proyectos situados en zonas de baja sensibilidad y que impulsen la participación ciudadana a través de comunidades energéticas.

• Elaborar unas directrices para orientar a las comunidades autónomas en la planificación territorial que realicen, en relación con la delimitación de zonas excluibles y priorizables para la implantación de las distintas energías renovables, desde el punto de vista ambiental y de los sistemas agrarios.

Con estas medidas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «daría un gran impulso a unas energías renovables mucho más sostenibles ambientalmente y más justas con la ciudadanía», según Alianza por el Clima.

Alianza por el Clima es una plataforma de organizaciones sociales de ámbito estatal que, desde 2015, desarrollan iniciativas y actividades enfocadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, integrada, entre muchas otras, por las grandes organizaciones ecologistas (WWF, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Amigos de la Tierra); los sindicatos más representativos (CCOO, UGT, USO); las organizaciones agrarias (UPA, COAG); la Coordinadora de ONGD (Oxfam Intermon, Cáritas, Ongawa, Manos Unidas…); y Fundación Renovables. También forman parte de esta alianza la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Fridays For Future (FFF)/Juventud por el Clima, Ecodes, Attac, CECU, Asgeco, OCU, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Asociación Española de Educación Ambiental, Red Española de Desarrollo Rural y Sociedad Española de Agricultura Ecológica.