Graves deficiencias en el proyecto de decreto de cargos intermedios de centros sanitarios del SAS

La Consejería de Sanidad ha sometido a información pública el proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento para la creación, modificación y supresión de los cargos intermedios en los centros sanitarios del SAS y se modifica el Decreto 132/2021, que presenta graves deficiencias.

La asociación Justicia por la Sanidad, a la vista del expediente sometido a información pública, ha presentado un escrito de alegaciones que revela lo enfermo que está el Sistema Sanitario Público Andaluz: «a río revuelto, ganancia de corruptos»

Con carácter previo y didáctico, ha de indicarse que el personal estatutario de las plantillas de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se clasifica estructuralmente en puestos base, cargos intermedios y puestos directivos. Los cargos intermedios, tanto en Atención Primaria como Especializada (Hospitalaria), corresponden a los directores y adjuntos de enfermería de centros de salud, las jefaturas de servicios y de sección, jefes de bloque y supervisores de enfermería, coordinadores varios, jefaturas de grupos o equipos administrativos, y un largo etcétera que puede comprobarse la normativa vigente.

En el BOJA del pasado 13 de marzo, se ha publicado la Resolución por la que se acuerda someter a información pública el proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para la creación, modificación y supresión de los cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y se modifica el Decreto 132/2021, de 6 de abril, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

Tras ser analizado el expediente por la asociación Justicia por la Sanidad, se han detectado graves deficiencias, por lo que dicha asociación ha presentado un escrito de alegaciones, que puede descargarse en esta página web: Escrito de alegaciones.

En resumen, estas son las graves deficiencias encontradas:

a) Con relación al aspecto formal o procedimental del proyecto normativo:

• No se justifica debidamente el proyecto de decreto, hasta el punto de no efectuar un sólo análisis jurídico de la normativa que desarrolla.

• No analiza la ausencia de desarrollo en la Comunidad Autónoma de Andalucía del Estatuto Marco del Personal Estatutario (legislación básica estatal), ni la ausencia de los Estatutos del SAS, ni lo exigido legalmente sobre la ordenación de puestos de trabajo de los centros sanitarios y que, obviamente, afecta a los cargos intermedios.

• No considera todas las alternativas posibles al proyecto normativo, sino que sólo parece justificar una norma pre-decidida. Entre dichas alternativas, no se ha considerado siquiera la regulación del procedimiento para la creación, modificación y supresión de todos los puestos de trabajo de los centros sanitarios, y no sólo de los cargos intermedios, dado que el procedimiento sería muy similar.

• Para conseguir el objetivo de la norma, sería necesario aprobar relaciones de puestos de trabajo (RPT) de los centros sanitarios, no plantillas orgánicas que se limitan a establecer el número de puestos sin definir sus requisitos para ocuparlos y características esenciales (funciones, categoría, complemento específico, ubicación del puesto, etcétera). De hecho, así estaba previsto en un borrador de otra norma que no se ha tramitado.

• Se certifica el contenido de una sesión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el día 27-12-2023, que no responde a la realidad, aportando la asociación un extracto del Acta de dicha sesión, y que siendo esto sustancial, debería suspenderse el procedimiento hasta subsanar esta grave deficiencia.

• Se confunde la creación, modificación y supresión de categorías de personal estatutario, que corresponde al ámbito de la ordenación del empleo público, con la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo, que corresponde al ámbito de la ordenación de puestos de trabajo.

b) Con relación a la modificación del artículo 10 del Decreto 132/2021, queda demostrada la forma torticera con la que actuó la citada Consejería de Sanidad, como certeramente expresó la organización sindical SATSE en sus alegaciones, que coincidió con las alegaciones del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.

Que la Secretaría General de Administración Pública y demás órganos de la Junta de Andalucía, así como el Consejo Consultivo de Andalucía, no comentaran nada sobre dicho artículo 10 en la tramitación del Decreto 132/2021 sólo evidencia la colonización partidista de las instituciones públicas.

Ha tenido que reiterar los fundamentos de Derecho otro Tribunal de Justicia para, después de cinco años, tener que modificar esa atrocidad jurídica que, un funcionario de carrera con una mínima preparación y sin docilidad con el poder de turno, lo hubiera informado debidamente. Un político con un mínimo de vergüenza y dignidad jamás admitiría tener bajo su cargo a funcionarios de carrera y altos cargos tan dóciles y que actúan de esa forma tan torticera.

c) Con relación a la creación, modificación o supresión de cargos intermedios, se ha alegado lo siguiente:

• Se considera inapropiado plantear una norma específica para determinados puestos de las plantillas de los centros sanitarios, marginando el todo. Un análisis serio y riguroso exige un estudio previo del marco normativo sobre la materia, del que carece el expediente del proyecto normativo sometido a información pública.

• Si la verdadera causa que motiva el proyecto de la norma fuera ordenar de forma objetiva y homogénea la configuración estructural de puestos de trabajo de los centros sanitarios, “asegurando su adecuación a las necesidades funciónales del sistema sanitario público”, debería completarse el marco normativo no con este proyecto normativo, sino con todas estas actuaciones:

1ª) Aprobar los Estatutos del SAS, como exige la legislación desde hace muchos años. Aunque se elaboró un borrador en 2019, sigue sin tramitarse.

2ª) Desarrollar en la Comunidad autónoma andaluza la Ley 55/2003 (EMPS), la Ley General de Sanidad de 1986, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de 2015 (TREBEP), la Ley de Función Pública de Andalucía y otras normas legales concordantes. Resulta increíble que se estén aplicando en Andalucía al personal estatutario, transitoriamente, normas del siglo pasado por la ausencia de desarrollo de dicha norma, como ocurre con las retribuciones y otras materias.

3ª) Ordenar los puestos de trabajo de los centros sanitarios, incluidos los cargos intermedios, mediante la elaboración y aprobación de sus respectivas RPT, como exige la Ley 55/2003, el TREBEP y la Ley de Función Pública de Andalucía y normas concordantes.

Las plantillas orgánicas deben ser aprobadas por Orden de la Consejería competente en materia de salud, condición sin la cual no pueden formalizarse los nombramientos a que hubiere lugar, según la normativa. Sin embargo, se ha incumplido, y se están pagando retribuciones a personal estatutario incumpliendo la legalidad.

4ª) Deben corregirse los graves vicios cometidos por la Junta de Andalucía que generan gran inseguridad jurídica, con relación a lo siguiente:

a) Los Acuerdos del Consejo de Gobierno que ratifican los acuerdos adoptados en las sesiones de la Mesa Sectorial de Sanidad sobre el personal estatutario carecen de eficacia, así como las numerosas resoluciones aprobadas por altos cargos del SAS, sobre el régimen jurídico del personal estatutario cuyos contenidos tengan naturaleza reglamentaria, al ser nulas de pleno derecho.

b) El SAS otorga eficacia directa a su Plan de Ordenación de Recursos Humanos, cuando este es un mero acto de naturaleza esencialmente organizativa y programática, sin naturaleza reglamentaria.

«A río revuelto,

ganancia de corruptos»

En definitiva, el proyecto de norma sobre los cargos intermedios, objeto de este escrito de alegaciones, es una chapuza más de las tantas que realiza el gobierno de Moreno Bonilla y que los andaluces no nos merecemos.

Por ello, la citada asociación ha solicitado la retirada de este proyecto de norma para que, a la mayor brevedad posible, se inicie el desarrollo de la normativa que se indica en el escrito presentado, con el fin de corregir los graves vicios jurídicos. Mantener ese interesado caos e inseguridad jurídica, además de generar una gran conflictividad administrativa y judicial que aumenta el gasto público, sólo alimenta el dicho «a río revuelto, ganancia de corruptos».

El Sistema Sanitario Público Andaluz está enfermo de gravedad, y las deficiencias y actuaciones como las manifestadas en el escrito presentado por dicha asociación no sólo no contribuyen a su cura, sino que agravan aún más su estado de salud. Y la oposición política, mientras tanto, sigue contando nubes, lo propio del corrupto régimen partidocrático instituido en 1978.