La Junta tarda un año en publicar la modificación de la orden de conciertos sanitarios que evita la privatización de la Atención Primaria

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó este jueves 16 de mayo la modificación de la orden dictada el 23 de febrero de 2023 por la Consejería de Salud y Consumo sobre el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para suprimir definitivamente la posibilidad de concertar consultas de Atención Primaria y que entrará en vigor el próximo 5 de junio

Un año, 12 meses, 365 días. Todo ese tiempo ha tardado la Consejería de Salud en hacer oficial y efectiva la modificación de la disposición de la discordia. La orden de 23 de febrero del pasado año 2023 que ahora se corrige incluía un anexo con la tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el SAS con entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria en centros sanitarios, y en él se recogía un cuadro relativo a consultas médicas de Atención Primaria (AP) que, con la modificación publicada este jueves, quedará suprimida en el plazo de 20 días.

La citada orden fijaba tarifas máximas de 150 euros para primeras consultas de AP, de 90 euros para «consultas sucesivas» y de 215 euros para consultas de «alta resolución» y establecía que, en caso de no realizarse en las instalaciones de las empresas adjudicatarias, dicha tarifa máxima se vería «reducida al 35%».

La modificación de la orden publicada en el BOJA argumenta que se considera «oportuno suprimir la posibilidad de concertar la Atención Primaria tras la finalización oficial de la pandemia covid-19 decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con fecha de 5 de mayo de 2023″ y, a tal efecto, se modifica el anexo de tarifas «suprimiendo las tarifas máximas asociadas a Atención Primaria incluidas en el cuadro final del anexo».

Igualmente, Salud establece que «se suprime del cuadro del anexo referido a consultas el concepto de consulta médica de Atención Primaria por estar referidos a la concertación de la asistencia sanitaria de la AP y no considerarse susceptible de la misma» y subraya que «la asistencia sanitaria de AP se prestará con medios propios del SAS«.

Una modificación acordada con los sindicatos en mayo de 2023

Sin embargo, tres meses después de la aprobación de esta orden, en mayo de 2023, el Servicio Andaluz de Salud alcanzó y ratificó en Mesa Sectorial el denominado Pacto por la Atención Primaria con las organizaciones sindicales Satse, CCOO, UGT y CSIF que contemplaba, entre otras medidas, «modificar la referencia a la Atención Primaria» en dicho documento, según informó en su momento el Gobierno andaluz.

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La modificación de la orden publicada en BOJA también suprime su disposición adicional segunda, que establecía que, «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 312. f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la prestación de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía se efectuará en dependencias o instalaciones diferenciadas de las de la propia Administración contratante y, si ello no fuera posible, se harán constar las razones objetivas que lo motivan. Para ello, la consejería con competencias en materia de salud determinará las tarifas para la realización de procedimientos en instalaciones propias de la Administración».

Desde la consejería justifican la supresión de esta disposición adicional «por considerarse innecesaria y resultar la previsión legal de carácter básico de aplicación directa».

Caso omiso al escrupuloso escrito de alegaciones de la Asociación Justicia por la Sanidad

Esta asociación presentó el pasado 31 de enero numerosas alegaciones a la Consejería de Salud, ante «la falta de motivación en los documentos que constan en el expediente, la ausencia de documentos claves y otras ilegalidades en las que incurre el citado proyecto de orden».

Justicia por la Sanidad señaló que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha evitado entrar a valorar las cuestiones de legalidad que planteó dicha asociación en el trámite de consultas previas, desestimándolas de forma genérica. «Además, han sido ocultadas al letrado de la Asesoría Jurídica del SAS, posiblemente para evitar un pronunciamiento sobre dichas cuestiones jurídicas», añaden desde la asociación.

«Todos los graves hechos mencionados en el escrito de alegaciones han restringido la necesaria participación ciudadana, que se ha limitado en el expediente al cumplimiento formal de la publicación de los trámites de consulta previa e información pública. Por tanto, el expediente sólo refleja una apariencia de legalidad», denuncian.

En el escrito de alegaciones, esta asociación ha argumentado que lo que realmente crea el proyecto de orden es «inseguridad jurídica» e incentiva más aún «la arbitrariedad, el fraude y la corrupción» en los conciertos sanitarios con empresas privadas.

En el siguiente enlace pueden consultar el contenido completo del contundente escrito de alegaciones presentado a la consejería de Salud y Consumo: ESCRITO DE ALEGACIONES.