Un total de 26 entidades públicas, colegios profesionales y entidades privadas perceptoras de subvenciones no cumplen el 75% de sus obligaciones de transparencia

Paradores, Aemet, la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, Fenadismer y FSP-UGT, entre otras, no cumplen con los mínimos de transparencia y buen gobierno que exige la ley después de cuatro evaluaciones. Los colegios profesionales de Administradores de Fincas (20,8%) y de Ingeniería, Construcción y Electricidad (20,8%) son los más incumplidores. Entre las entidades privadas que perciben ayudas públicas, la peor es la Fundación HM Hospitales (36,7%)

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno publicó ayer los resultados de las cuartas evaluaciones realizadas a 78 entidades que, tras tres evaluaciones anteriores en las que la autoridad independiente les ha dirigido las correspondientes recomendaciones personalizadas, no habían alcanzado un nivel satisfactorio de cumplimiento de la Ley de Transparencia en lo que respecta a la publicación de los contenidos obligatorios en sus páginas web, lo que la ley denomina «obligaciones de publicidad activa».

El Consejo, en su labor de evaluación, que realiza utilizando la metodología propia Mesta, revisa las páginas web de las entidades para comprobar si publican la información que están obligadas por la Ley de Transparencia y si lo hacen con los atributos de calidad que esta norma establece. Así, según la información publicada, cada entidad obtiene un Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) y el Consejo señala los incumplimientos en los que ha incurrido y le formula una serie de recomendaciones específicas para lograr el pleno cumplimiento.

En 2023, decidió someter a una tercera evaluación a 90 entidades que tras dos revisiones seguían presentando índices de cumplimiento:

• Inferiores al 90% en el caso de órganos constitucionales y de relevancia constitucional y de autoridades administrativas independientes y órganos supervisores o reguladores.
• Inferiores al 75% en el caso de entidades integrantes del sector público institucional estatal (como entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales y fundaciones públicas, entre otros), colegios profesionales y entidades privadas perceptoras de subvenciones y ayudas públicas.

En las 78 entidades que no alcanzaron un 100% de cumplimiento en la tercera evaluación, se señalaron 739 incumplimientos y se concedió un plazo de subsanación. Transcurrido el plazo, en 2025 se realizó una nueva evaluación.

En esta cuarta evaluación, se verificó que 19 entidades habían aplicado todas las recomendaciones formuladas por el Consejo en 2023 y lograron el pleno cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa. Otras 33 alcanzaron un nivel de cumplimiento igual o superior al 75% (el índice medio de cumplimiento se sitúa en el 80,4%).

No obstante, hay que lamentar que, en el conjunto de entidades analizadas, todavía subsisten 26 entidades públicas, corporaciones de derecho público (colegios profesionales) y entidades privadas perceptoras de subvenciones y ayudas públicas que aún no llegan al 75% de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. De ellas, algunas incluso empeoraron entre la tercera y la cuarta evaluación.

Ante esta situación de «incumplimiento persistente e injustificable«, después de más de 10 años de vigencia de la Ley de Transparencia y tras cuatro evaluaciones en las que se les ha señalado cuáles son los incumplimientos y la forma de subsanarlos, el Consejo les insta a «cumplir sin dilación con las obligaciones que les impone la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG)».

En particular, el Consejo recuerda a los responsables de las siete entidades públicas con un índice de cumplimiento inferior al 75% que el artículo 9.3 de la LTAIBG establece que «el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora».

La experiencia derivada de los procesos de evaluación realizados en los últimos cuatro años lleva al Consejo a reafirmarse en la necesidad de que se dote a esta autoridad independiente de potestades coercitivas para garantizar el pleno cumplimiento de la LTAIBG. «Es fundamental que el órgano estatal independiente de supervisión del cumplimiento de la transparencia pueda contar con instrumentos de ejecución forzosa, como por ejemplo la imposición de multas coercitivas a aquellas entidades persistentemente incumplidoras», como ha manifestado públicamente el presidente del Consejo, José Luis Rodríguez Álvarez.

Los informes individuales de evaluación de las 78 entidades que han sido revisadas por cuarta vez están disponibles en la página web del Consejo. También el informe agregado sobre el grado de cumplimiento alcanzado en la tercera y cuarta evaluación.

A continuación, se recoge el listado de las entidades que, tras cuatro evaluaciones, mantienen un insuficiente cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia (nivel de cumplimiento inferior al 75%):