Temo a los oblicuos y rencorosos jueces

Por primera vez mi palabra nace herida en la libertad, erosionada profundamente en todas sus sílabas. La ley, para muchos de nosotros, ha dejado de tener sentido y es hoy un concepto descompuesto en manos políticas, lleno de grietas por las que se escapa la justicia, como puñados de arena fina entre los dedos. El canto de la justicia traicionada cada mañana me recuerda a ‘El proceso’, de Kafka: “Alguien debió de haber calumniado a Josef K. porque, sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido”

Como en la antigua Roma, la justicia poco a poco ha ido dejando de ser la expresión del bien común para desaparecer y transformarse en la mera voluntad de un solo hombre que la interpreta según sus creencias y convicciones. Así, los administradores de justicia se han ido convirtiendo en un estado dentro del estado. Bajo la dictadura de ese se impersonal que definió Heidegger: “Prisionero en la trivialidad de la existencia cotidiana, el hombre vive bajo el imperio impersonal del se (das man): yo me veo obligado a trabajar, a vivir e incluso a sostener determinados puntos de vista porque así se trabaja, se vive y se piensa”.

La justicia nazi

Hoy el populismo que recorre Europa es cíclico y establece una retórica continua de que el mandato del pueblo está por encima de las instituciones que se oponen a dicho mandato, como la Justicia, y así la terminan deconstruyendo. Las leyes de Nüremberg son el paradigma de la negación de derechos. Eran un cuerpo legal, y como tal se aplicaban. Se les negaban a los judíos la ciudadanía alemana y se les prohibían casarse o tener relaciones sexuales con personas de “sangre alemana o afín”.

Había ordenanzas anexadas a las leyes que inhabilitaban a los judíos para votar y los privaban de la mayor parte de los derechos políticos. La infamia racial, como se dio a conocer, se convierte en un delito penal. La legalidad se imponía a la moral y a los derechos del hombre. Pero, sobre todo, eran leyes legales y se aplicaban en un Estado reconocido internacionalmente, que a nadie se le olvide nunca.

Roland Freisler, presidente que fue del Tribunal Popular o Corte del Pueblo –Volksgerichtshof– tiene el honor de haber pasado a la historia como ejemplo de abuso del poder judicial. Era tan fanático del régimen que hasta los nazis lo repudiaron. Fue el encargado de dirigir los juicios contra los estudiantes de la organización disidente Rosa Blanca -liderada entre otros por los hermanos Hans y Sophie Scholl- y de condenarlos a la pena de muerte. Se pasó las tres horas que duró el juicio gritando, golpeando la mesa y acusando de traidores a los dos hermanos.

El fin de la Historia

Para Francis Fukuyama, en su idea tomada de Marx y de Hegel plasmada luego en el libro El fin de la Historia y el último hombre, el proceso dialéctico ha demostrado que el comunismo y el fascismo son sistemas desacreditados, y que en el futuro inmediato solo la democracia liberal -constitucionalista- tendría la legitimidad necesaria para convertirse en el sistema político al que aspirar. Una democracia liberal que tenía serias amenazas: las dos más importantes eran el nacionalismo y la religión. Pero esta democracia también tiene importantes y grandes lagunas por las que los partidos y sus intereses penetran y contaminan.

El problema hoy es que, para las nuevas generaciones, la democracia real va perdiendo seguidores porque su desnaturalización, desde el estado y sus poderes, la ven normal. La historia de construir una democracia sobre un régimen fascista en España se queda en los manuales y en las viejas historias de los padres. Lo que no se ha conocido solo se puede imaginar. Nadie nacido en los 70 recuerda ya a ninguna de las instituciones fascistas que gobernaron una vez en España.

La herencia de la justicia franquista

En 2012, Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate, fiscal y juez, en la presentación de su libro titulado Jueces pero parciales, opinaban que “el franquismo y sus fundamentos autoritarios y antidemocráticos continúan estando presentes en una parte del poder judicial” y veían con preocupación algunas de las medidas del entonces gobierno del PP en el poder “tendentes a restringir gravemente, y hasta suprimir, derechos civiles democráticos que nos parecían irreversibles, recurriendo incluso a un incremento de la penalización de ciertas conductas consistentes en el ejercicio de aquellos derechos…”.

Pocos saben que el 9 de febrero de 1939 se promulga la Ley de Responsabilidades Políticas, que en su preámbulo indicaba: «El Gobierno, consciente de los deberes que le incumben respecto a la reconstrucción espiritual y material de nuestra Patria, considera llegado el momento de dictar una Ley de Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las culpas de este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo providencial e históricamente ineludible del Movimiento Nacional, que traduzca en efectividades prácticas las responsabilidades civiles de las personas culpables”.

El 1 de marzo de 1940 se promulga la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, que en su preámbulo decía: “En la pérdida del imperio colonial español, en la cruenta guerra de la Independencia, en las guerras civiles que asolaron a España durante el pasado siglo, y en las perturbaciones que aceleraron la caída de la Monarquía constitucional y minaron la etapa de la Dictadura, así como en los numerosos crímenes de Estado, se descubre siempre la acción conjunta de la masonería y de las fuerzas anarquizantes movidas a su vez, por ocultos resortes internacionales. Estos graves daños inferidos a la grandeza y bienestar de la Patria se agudizan durante el postrer decenio y culminan en la terrible campaña atea, materialista, antimilitarista y antiespañola que se propuso hacer de nuestra España satélite y esclava de la criminal tiranía soviética”. 

El 2 de marzo de 1943 se publica la Ley de Rebelión Militar, en la que toda la represión social se somete al Código Militar y se juzga a través de los Consejos de Guerra, y que en su artículo primero establece: «Serán considerados reos del delito de rebelión militar y penados con arreglo al Código de Justicia Militar o del Penal de la Marina de Guerra: Primero. Los que propalen noticias falsas o tendenciosas con el fin de causar trastornos de orden público interior, conflictos internacionales o desprestigio del Estado, Ejércitos o Autoridades. Segundo. Los que conspiren por cualquier medio o tomen parte en reuniones, conferencias o manifestaciones con los mismos fines expresados en el apartado anterior. Cuarto. Los que realicen actos con propósito de interrumpir o perturbar los servicios de carácter público o las vías y medios de comunicación o transporte. Podrán también tener este carácter los plantes, huelgas, sabotajes, uniones de productores y demás actos análogos cuando persigan un fin político y causen graves trastornos al Orden Público”.

Ley sobre Creación del Juzgado

Tras ello, conviene recordar que, tras la muerte de Julián Grimau, se elimina la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo y se crea el Tribunal de Orden Público (TOP), creado por la Ley 154/1963, de 2 de diciembre, sobre Creación del Juzgado y Tribunales de Orden Público, que fue un instrumento de represión usado por el régimen franquista para reprimir delitos como injurias al Jefe del Estado o los de asociación ilícita. Así, decía que esta ley «organiza dentro de la jurisdicción ordinaria un Tribunal y Juzgado a los que confiere competencia privativa para conocer de los delitos cometidos en todo el territorio nacional, singularizados por la tendencia en mayor o menor gravedad a subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la conciencia nacional”.

Este Tribunal de Orden Público fue estrenado por Timoteo Buendía quien, el 2 de octubre de 1963, delante del televisor de un bar al ver la imagen de Franco gritó: «¡Me cago en Franco!«. A Don Timoteo aquel grito le costó muy caro: El Tribunal de Orden Público lo condenó a 10 años de cárcel. Hoy seguimos viendo -atónitos- las mismas condenas por los mismos delitos en nuestros tribunales democráticos, una vez que el TOP se suprimió y pasó a ser la Audiencia Nacional.

La historia avanza y el barniz de la democracia circulaba por las entrañas de las instituciones hasta la reforma del Poder Judicial de 1985, en que asistimos a la muerte de Montesquieu a manos del entonces vicepresidente Alfonso Guerra. En 2016, el entonces juez decano de Guadalajara, Jesús Villegas, indicaba a El Mundo: “A un juez se le corrompe invitándole a que se manche la toga con el polvo del camino, es decir, a que juzgue según su ideología en vez de en función del Derecho”. Y esta otra frase de hondo contenido: “La independencia judicial existe sobre el papel. Nuestro ordenamiento jurídico está trucado. No me llaman para dictarme una sentencia, pero si investigo a un político de un partido, ese mismo partido, que ha nombrado a mi jefe (el CGPJ), puede expedientarme”.

Cortarle la garganta a Jesús Candel

Cortar la garganta a Jesús Candel es la orden dada por los estamentos e instituciones de la región. Todos a una. La persecución de la crítica se ha convertido en una cruzada para las instituciones que cohabitan en Andalucía. Cada vez el escenario en que vivimos se parece más a la Europa de entre guerras donde la libertad de expresión se castigaba con la cárcel, y donde la palabra era perseguida y encerrada en campos de concentración llamados de reeducación. Vuelve la censura y vuelve la maquinaria de represión que estaba intacta desde los Pactos de la Moncloa. La Ley Mordaza no es más que un paso más en la cercenación de nuestra libertad como pueblo.

La persecución de Candel alcanza ya límites que sobrepasan todas las escalas posibles. De todo lo que ha expuesto en sus años de lucha no se ha investigado nada. Sus denuncias sobre la corrupción gestión sanitaria quedan huérfanas y muertas. Nadie ha abierto una sola investigación para averiguar si lo que estaba denunciando era cierto. Ni la administración ni los tribunales. Ni un solo fiscal ha abierto una sola causa por sus denuncias públicas. Por ello, cuando un sistema democrático persigue la libertad de expresión en toda su extensión y con todos los medios posibles a su alcance sin investigar las denuncias de los hechos, estamos totalmente indefensos los ciudadanos. Esto es lo que empieza a estar en juego en España.

A Candel el estamento político lo consideró, desde el primer minuto, como el enemigo del pueblo que deber ser silenciado, castigado, humillado y derrotado. Idearon entonces la campaña en la que Jesús insultaba, ya no importaba lo que Jesús denunciaba, ni importaba la carga de sus mensajes ni la profundidad de sus denuncias. Simplemente terminaron judicializando esa campaña ideada por el estamento político para meterlo en una jaula judicial donde pierda sus fuerzas y energías en defenderse, con la pretensión de que haya siempre un juicio social de condena en cada vez más claro paralelismo con el Caso Dreyfus.

El miedo a hablar en libertad

En Andalucía ha vuelto el miedo a hablar en libertad, a criticar la gestión política. Los políticos son intocables hoy para todos los estamentos, ya no hay separación de poderes, y los derechos de los ciudadanos están ahora heridos de muerte. Antes teníamos la ingenua esperanza de que había una Justicia que nos acogía a todos. Y, de ese engaño, nos han despertado con un atronador cañonazo de realidad.

La tutela de estas libertades se había convertido en un fiel indicador de la solidez de nuestro sistema democrático, en el que la crítica y la expresión de la disidencia garantizaban la legitimidad política del sistema. Eso hoy está completamente en entredicho desde que se persigue sin tregua la crítica a la gestión política, avalada, además recientemente, por la doctrina del TSJA, donde el político puede denunciar a la prensa y a los ciudadanos que critiquen su gestión, y encima el abogado se lo pone la Junta de Andalucía y se lo pagamos entre todos.

La transición se está convirtiendo hoy en una gigantesca mentira histórica. La autonomía se va pareciendo cada vez más a la creación de un estado dentro de otro estado, con una especie de monarquía parlamentaria dirigida desde San Telmo. Y el pueblo que permanezca impasible, obediente y atento a los lunes de Consejo de Gobierno. Estamos volviendo a pasos agigantados a lo que definió Bakunín hace un siglo: «Donde comienza el Estado termina la libertad del individuo, y viceversa. Este concepto de Estado es el que usa hoy toda la maquinaria legal para perseguir la libertad de expresión y de pensamiento».

Los regímenes construidos en el tiempo hablan siempre de que buscan lo mejor para su pueblo, y cuando se van asentando en el poder siempre buscan todos los elementos a su alcance para perpetuarse en el poder, sea como sea, y al precio que sea. Pero también buscan a los que critican para señalarlos como enemigos del pueblo, con el objetivo de aplastarlos a todos.

Ese concepto de enemigo del pueblo les abre las puertas a cometer todos los desmanes posibles contra los ciudadanos indefensos. También a los regímenes les gusta prohibir con el objetivo de controlar a toda la sociedad. Solo ellos dicen lo que es lícito y lo que es ilícito. Y lo más penoso es que sus postulados son refrendados por los tribunales, como un ejercicio de democracia y de libertad.

Una democracia herida en sus propias instituciones

Los parlamentos les dan hoy la espalda a sus propios pueblos. El caso del andaluz es aún más dramático. Nadie sabe para qué sirve ni para que está ahí. Tan solo que cada cuatro años nos han convertido a todos en ganado electoral para que vayamos a las urnas y mantengamos el régimen de sus señorías y de sus partidos.

El Parlamento andaluz se está convirtiendo cada año que pasa en una entelequia absurda e inservible. Durante años no hubo una sola comisión de investigación, durante años no hubo un efectivo control al gobierno regional. Las preguntas nacían en las bancadas y morían en el Boletín Parlamentario. Algo inerte y terriblemente caro se ha creado para los andaluces, mientras que sus componentes se hacían con el rango de autoridad, se llenaban de privilegios y se hacían intocables a la crítica del pueblo.

Quien denuncia hoy la corrupción en Andalucía tiene ya un futuro extremadamente incierto. La enorme lista de damnificados y perseguidos por denunciar la corrupción es cada vez más larga. Se ponen en juego con estas actuaciones nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, porque no hay nada más lejano de la democracia y de la libertad que usar las instituciones para acallar la denuncia y para acallar las voces que se levantan contra la corrupción.

A estas alturas ya nos han dicho a todos que los jueces no aplican la ley, que la interpretan. Pero los jueces tienen ideas previas y propias, y en general se dedican a dictaminar lo políticamente correcto, que no tiene por qué coincidir siempre con la verdad. Por ello, donde no hay justicia no hay libertad y donde no hay libertad no hay justicia. Amén.