La Junta transfiere millones de euros cada año sin conocer con detalle los gastos del Hospital del Consorcio. Desde 2003 que se creó dicho consorcio, el gobierno andaluz ha tenido tiempo de disolverlo para ser gestionada la asistencia sanitaria íntegramente por el SAS. Incluso la Junta ha podido construir un nuevo hospital público igualmente gestionado por el SAS para atender a la población del Aljarafe, que ha crecido considerablemente desde entonces
Ni se ha disuelto dicho consorcio, quedándose el SAS con el actual Hospital de Bormujos (Sevilla), ni la Junta ha construido un nuevo hospital público gestionado por el SAS para la amplia población del Aljarafe que tiene como referencia dicho hospital. En 2002, la población era de 218.083 habitantes; en 2022, asciende a casi 300.000 habitantes.
En 2021 se publicó en Europa Press unas supuestas negociaciones para que la gestión de dicho hospital pasase a ser exclusivamente pública. Nada más se supo.
Al contrario, el Parlamento andaluz ha aumentado considerablemente los fondos públicos a transferir anualmente al Consorcio -y este a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD)- en los Presupuestos de la Comunidad andaluza (67,58 millones de euros en 2023), sin conocer con detalle los gastos reales, como informó la Cámara de Cuentas. La subida brusca de fondos a transferir se produjo en 2020, gobernando el PP, pasando de 57’21 a 64’59 millones de euros.
Resulta sorprendente que, para el cálculo de los fondos públicos a transferir, se tenga en cuenta la población según el INE (así se hizo en la revisión que efectuó la Subdirección de Presupuestos del SAS), en vez de tomar la población realmente asignada a los centros de salud de los municipios afectados que tiene asignados dicho hospital como referencia, que podría ser menor y que conllevaría estar transfiriendo más dinero de la cuenta al consorcio. Téngase en cuenta que parte de la población del Aljarafe puede haber elegido centros de salud de la capital sevillana (derecho a la libre elección de centros) y tener otro hospital de referencia.
Este gobierno, por no hacer, no ha hecho público ningún estudio sobre el necesario estudio de costes económicos y rentabilidad social que conllevaría disolver y liquidar dicho consorcio, en su caso. De hecho, la Junta de Andalucía no encargó la auditoría operativa que sí realizó con la mayoría de entes instrumentales, logrando ocultar con ello el descontrol existente en los gastos del consorcio (entiéndase su hospital), como había denunciado en fechas anteriores la Cámara de Cuentas. Debe tenerse en cuenta, por ejemplo, que dicho consorcio no dispone de estructura administrativa propia, siendo ejercidas estas funciones por personal de la Consejería de Salud y Consumo (Servicio Andaluz de Salud) y del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. ¿Qué sentido tiene mantener un consorcio que ni siquiera tiene personal?
La Junta transfiere millones de euros cada año sin conocer con detalle los gastos del hospital
El gobierno andaluz no ha tomado ninguna medida, a sabiendas de la falta de justificación que existió cuando se creó dicho consorcio y de la ausencia del debido control de la contabilidad de gasto, lo cual es imprescindible para presupuestar debidamente los fondos públicos, como ya puso de manifiesto en 2014 la Cámara de Cuentas de Andalucía (Informe OE 02/2013), entre otros numerosos incumplimientos legales y problemas en el funcionamiento del consorcio con relación al Hospital de Bormujos y al SAS.
Así, dijo la Cámara de Cuentas en su informe que, «además de no disponer de información contable detallada (se refería a los gastos del hospital que gestiona la OHSJD, incluidas las nóminas de sus directivos), el consorcio no ha tenido acceso a la información registral de suministros y almacenes, por lo que no tiene información detallada de consumos, tanto en cuanto a precios como a unidades físicas».
Es decir, sin conocer el detalle de la contabilidad y gastos del Hospital del Consorcio, el Parlamento de Andalucía aprueba los fondos a transferir al consorcio (y este a la OHSJD); es decir, los partidos políticos se tragan cualquier cifra sin las debidas justificaciones. Todo un despropósito, como es habitual en esta partidocracia (no, no hay democracia en España, por mucho que lo repitan).
Asimismo, es conocido el problema que se ha creado con el personal que trabaja en dicho Hospital, dado que el Tribunal Supremo que se consideran empleados públicos a efectos de reconocimiento de trienios (aunque se vinculen con el Hospital en régimen laboral, sin realización de oposiciones), manifestando en su sentencia de 10/02/2020 que “incumbe a la administración prestar atención a las figuras peculiares que crea a fin de atender a consecuencias no buscadas de origen”, tras tumbar los argumentos de la Junta de Andalucía.
La Asociación Justicia por la Sanidad a la que represento ha sido clara desde su inicio en 2017: no considera necesarios numerosos chiringuitos de la Administración paralela ni figuras peculiares que puedan aprovechar los gobernantes para estafar a los ciudadanos. En realidad, sólo serían realmente necesarios muy pocos entes instrumentales y el citado consorcio no es una de ellas. Queremos una sanidad pública íntegramente gestionada por el Servicio Andaluz de Salud, una agencia administrativa sometida al Derecho Administrativo que permita cierto control efectivo por los funcionarios, ciudadanos y tribunales de justicia de lo Contencioso-Administrativo.
El sindicato CCOO ha planteado públicamente que se inicien «los trámites oportunos para la disolución del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, explorando las fórmulas legales que mejor se acomoden a la internalización del Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe para garantizar una gestión íntegramente dependiente del SAS, respetando los derechos y garantizando la estabilidad de la plantilla actual». Pero este planteamiento crearía el mismo problema que ha creado el gobierno actual con la integración de las agencias sanitarias en el SAS: la integración directa del personal sin pasar por las correspondientes pruebas selectivas (oposiciones). Esto debe evitarse a toda costa.
Obviamente, cualquiera de las soluciones obligaría a repartir la población que tiene de referencia el actual Hospital del Consorcio entre los hospitales del SAS existentes (ahora se cuenta con el antiguo Hospital Militar reformado, con quirófanos y demás equipamiento) o, en caso de que se liquidara el consorcio, se pudiera llegar a un entendimiento con la OHSJD. Según lo dispuesto en el artículo 41.2 de los Estatutos del Consorcio, hay motivos para disolverlo.
Según los Estatutos del Consorcio (nunca publicados en BOJA), una vez decidida la disolución de este y efectuada la valoración pericial de los bienes, estos deben repartirse a la mitad entre el SAS y la OHSJD, con compensaciones en su caso, y el SAS podría quedarse con el Hospital de Bormujos y hacerse cargo de su personal (quedaría como personal laboral, hasta que se integren en el SAS con los adecuados procedimientos selectivos). Ante la ausencia del adecuado control de la información contable de la OHSJD por el consorcio, los peritos que hicieran la valoración tendrían que averiguar, por ejemplo, si la Junta de Andalucía ha estado amortizando parte o todo el coste de construcción y reformas del edificio del citado hospital, así como del coste del equipamiento, con los fondos públicos transferidos durante estos 20 años.
Antecedentes y creación del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
El 25 de noviembre de 2003, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó al director gerente del SAS a suscribir con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) un convenio para la creación del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe. Asimismo, aprobó el convenio para la creación del consorcio y los estatutos que lo rigen.
Previamente, el 20 de octubre del mismo año, el Consejo de Administración del SAS se reunió en su sesión constitutiva, única vez que se ha reunido desde el año 2000, lo cual fue motivo recientemente de una pregunta a la consejera de Salud como presidenta del mismo, en la que hizo el ridículo. Tras la deliberación de sus miembros en dicha sesión constitutiva, aprobó por unanimidad el informe presentado de creación del consorcio, con objeto de elevarlo a la consejería de Salud (punto tercero del Acta), y que esta lo llevara al Consejo de Gobierno, como exige la Ley de Salud.
El día 1 de diciembre de 2003 se suscribió el convenio entre el SAS y la Provincia Bética de la OHSJD, formalizándolo por tiempo indefinido, con un mínimo de 20 años, para constituir el consorcio y establecer su régimen jurídico en los estatutos. En dichos estatutos, se establecía, como contraprestación a los fondos públicos recibidos, que la Provincia Bética contribuiría con la totalidad de la capacidad asistencial del hospital de su titularidad, construido en Bormujos (Sevilla), y con la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, que se utiliza como organismo instrumental de gestión, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Salud de Andalucía, otra figura peculiar prevista en las leyes que se aprueban en esta partidocracia, con indeseables efectos.
El próximo 1 de diciembre finaliza el plazo mínimo de 20 años, sin que los máximos responsables de la Consejería de Salud y del SAS hayan efectuado alguna declaración al respecto, ni siquiera si es necesario actualizar el convenio y los Estatutos del Consorcio, que carecen de un sistema riguroso de control del gasto de la asistencia sanitaria o directamente disolverlo y liquidarlo. Motivos legales para disolver el consorcio, obviamente, no faltan. Pero, ¿hay voluntad política para hacerlo? A la vista está que no.
De hecho, en los presupuestos para 2023 se han incorporado las transferencias de fondos al citado consorcio hasta final de año. Y en el anteproyecto de la ley de presupuestos de 2024 (borrador de 6 de octubre de 2023) sigue apareciendo dicho consorcio.
Comentarios recientes