El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado que los servicios de salud de 10 comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, siguen sin poner a disposición de sus profesionales sanitarios de manera generalizada las mascarillas de protección FFP2, con lo que ponen en grave riesgo su salud y seguridad al ser un colectivo especialmente vulnerable al contagio de la covid-19
El protocolo del Ministerio de Sanidad en materia de prevención de riesgos laborales, en su actualización del pasado 21 de diciembre, recomendaba la utilización por parte de los profesionales sanitarios de mascarillas de una mayor protección, como son las FFP2, tras evidenciarse científicamente la transmisión del coronavirus por aerosoles. Además, anulaba las que hasta ahora se estaban utilizando por los servicios de salud «como estrategias alternativas en situación de crisis, que avalaban la utilización de determinados EPIs de menor protección por desabastecimiento de los mismos«, añaden desde el ministerio.
No obstante, el Sindicato de Enfermería (Satse) ha confirmado que, a día de hoy, están teniendo dificultades en la obtención de mascarillas FFP2 muchos de los enfermeros y fisioterapeutas que trabajan en Andalucía, Aragón Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Euskadi, Canarias y Navarra, «por lo que aumentan sus posibilidades de contagio al no contar con dichas mascarillas que lo eviten y estar en contacto diario con casos posibles, probables o confirmados de covid-19».
Tanto es así que, en el caso concreto de Andalucía, el dato de profesionales sanitarios contagiados por el virus no cesa en su crecimiento, habiéndose notificado 15.722 casos confirmados en profesionales sanitarios y socio-sanitarios, de ellos 2.650 enfermeros.
Proteger a los profesionales
Por ello, “una de las principales prioridades de todas las administraciones sanitarias debe ser la de proteger a sus profesionales sanitarios para que pueden realizar su trabajo con las mayores garantías de seguridad y así poder seguir atendiendo y cuidando a sus pacientes y al conjunto de la ciudadanía, pero, lamentablemente, no se está haciendo en todos los sitios” reiteran desde Satse, criticando la insensibilidad demostrada por algunas autonomías hacia sus profesionales.
En concreto, la organización sindical explica que, si bien se ha generalizado la distribución por parte de los servicios de salud de mascarillas FFP2 en las denominadas plantas covid, «no ocurre lo mismo en el resto de servicios y unidades de un hospital o en los centros de salud y sociosanitarios, a pesar de que no se tenga fiabilidad de la calidad del aire en estos espacios».
Por ello, y pese a existir desde hace tiempo ya una clara evidencia científica que permite afirmar que el virus SARS CoV-2 se transmite principalmente por aerosoles, muchos profesionales sanitarios no cuentan en su desempeño habitual con la máxima protección al no disponer de la mascarilla autofiltrante tipo FFP2 o media máscara provista con filtro contra partículas P2, y tienen solo a su disposición mascarillas quirúrgicas.
Se está produciendo aún un alto número de contagios entre el personal sanitario, los cuales, según la evidencia científica, se registran en su mayoría en su lugar de trabajo
De igual manera, Satse demanda que «se aumente la protección y se facilite el uso de mascarillas autofiltrantes contra partículas FFP3, o media máscara provista con filtro contra partículas P3, cuando de la evaluación de riesgos se derive que se realizan procedimientos asistenciales en los que se puedan generar bioaerosoles en concentraciones elevadas».
La organización sindical recuerda que el personal sanitario está expuesto a ambientes contaminados o con alto riesgo de contaminación por aerosoles portadores del SARS-CoV-2, «ya que se van acumulando dichos aerosoles en los ambientes cerrados, procedentes de los enfermos contagiados y de aquellos profesionales que pudieran estar contagiados también siendo asintomáticos».
Se está produciendo aún un alto número de contagios entre el personal sanitario, los cuales, según la evidencia científica, se registran en su mayoría en su lugar de trabajo, por una exposición constante a aerosoles. Por ello, Satse insiste en que esa exposición constante de los profesionales sanitarios, los cuales desarrollan turnos que duran entre 7 y 24 horas, aunque en algunos momentos lo sea en pequeñas dosis, «requiere de una protección respiratoria suficiente que, en todo caso, es proporcionada por una mascarilla FFP2 y, en algunos casos incluso, requeriría de una protección mayor, como la que proporcionan las mascarillas FFP3″.
«Nefasta gestión» en el Juan Ramón Jiménez
El Sindicato de Enfermería Satse en Huelva ha denunciado «la nefasta gestión» que está realizando el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Juan Ramón Jiménez con los profesionales contagiados por covid-19.
Argumenta el sindicato que, según los datos facilitados por la Administración, el total de profesionales contagiados en este centro hospitalario por covid-19 durante toda la pandemia es de 228, «habiéndose considerado únicamente como accidente laboral, en todo este tiempo, a 14 profesionales de los contagiados», lo que representa un 6% aproximadamente del total de profesionales positivos.
Un dato «ínfimo e incluso ridículo que pone de relieve el pésimo protocolo que se está llevando a cabo desde Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Juan Ramón Jiménez, que es el encargado de evaluar e investigar los posibles contactos covid-19 de los profesionales». Como contraposición, están los datos del Distrito Huelva-Costa Condado-Campiña, que, hasta el momento, ya ha considerado como accidente laboral al 47% de sus profesionales contagiados por covid.
Satse recuerda que está reconocido como accidente de trabajo el contagio de los profesionales sanitarios por la covid-19 durante cualquier fase de la pandemia, por lo que cuando un profesional se contagia, Medicina Preventiva es la encargada de realizar una evaluación para determinar si el contagio se ha producido durante la exposición laboral. De esta manera, «el criterio de Medicina Preventiva del Juan Ramón Jiménez es que el 94 por ciento de los profesionales contagiados por el virus ha sido procedente del ámbito comunitario, y no en el ámbito laboral, donde más riesgos de contagio tienen los sanitarios», añaden desde Satse Huelva.
Ante esta situación, este organismo sindical ya alertó en el último Comité de Seguridad y Salud, celebrado el pasado 17 de diciembre, sobre «las dificultades con las que se estaban encontrando los profesionales de este centro hospitalario para iniciar, tras la exposición, el Procedimiento de PRL del SAS para accidentes laborales e incidentes». Tanto es así, alerta el Sindicato de Enfermería, que muchos de ellos aseguran que no han sido siquiera entrevistados por parte de ningún facultativo del Servicio de Medicina Preventiva para realizar una investigación de las circunstancias particulares en las que se produjo su contagio, lo que está obligando a que aquellos a los que no se les ha reconocido el contagio como accidente laboral, tengan que realizar ahora un recurso al INSS para solicitar el cambio de contingencia.
Continúa explicando Satse que no se ha tenido en cuenta a la hora de considerar los contagios como accidente laboral ni siquiera la falta de EPIs a la que estuvieron expuestos los profesionales en la primera ola y que impidió garantizar la seguridad y la integridad física de los mismos. Situación que conllevó incluso la reutilización de material y que Satse denunció el pasado 14 de abril en Inspección de Trabajo.
Y es que es tan pésima la gestión llevada a cabo, ejemplifica el sindicato, que «se están dando casos como el del pasado mes de noviembre cuando, tras el positivo de un paciente en la unidad de ORL, se produce un brote de nueve profesionales contagiados y a ninguno de ellos se les considera contagio como accidente laboral».
Es lamentable, además, que esta situación generada por aquellos que tienen capacidad de toma de decisión en estas cuestiones «empañe la gran labor que el resto de profesionales que componen el Servicio de Medicina de Preventiva está llevando a cabo desde el inicio de la pandemia».
Por ello, se ha solicitado, en Mesa Sectorial de Sanidad, a la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, que «se depuren responsabilidades al respecto y se vuelva a valorar de forma individualizada todos los casos positivos en profesionales para determinar si realmente se han producido en el ámbito laboral y, en caso de ser así, se modifique la consideración de Enfermedad Común por Accidente Laboral a todos aquellos que se hayan podido ver afectados».
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