Posicionamiento sobre el asesinato de una educadora social (II): seguridad jurídica, apoyo psicológico y aumento de recursos

¿Qué hace un vigilante de seguridad en un centro de protección de menores residencial básico? Nada. ¿Tiene las herramientas o formación adecuada para estar en un centro de menores? Rotundamente no. Lo único que puede ocurrir es que se tensen las posibles situaciones de estrés aún más

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Los menores requieren tranquilidad, confianza y un ambiente diferente al que se crea cuando metes seguridad en un centro. Otra cosa es un CIMI, ahí sí. No debemos poner el foco en que en el centro no había vigilancia o cámaras de seguridad. Ese no ha sido el problema, en ningún caso hubiera evitado la muerte de Belén, quizá solo retrasarla.

Pérdida de autoridad

Existe una falta de autoridad de los profesionales, padres y madres cada vez mayor y falta de respeto por parte de los menores. Pues claro. Es que, con la crisis de los cuidados, la educación de los hijos se hace mucho más complicada. Y con la llegada de internet más importante aún. Se puede achacar a que la ley protege mucho al menor, que no se le puede tocar, que los padres y profesionales están desamparados, pero yo me pregunto: ¿es que queremos seguir educando como en el siglo XX? Tenemos herramientas para cambiar los modelos, hagámoslo. Se habla de que no se puede ni dar un cachete y se ridiculiza el hecho de negociar o intentar convencer al menor para que haga algo. Hay muchos grises entre el cachete y el convencer al niño por medio de la negociación o sin el castigo físico. Los educadores y educadoras sociales tenemos herramientas para ello, no sé otros perfiles. Lo que sí es verdad es que se está perdiendo esa autoridad y se hacen cada vez más urgentes escuelas de familias que ayuden a estos padres, cada vez mayores y más desconectados de sus hijos, a educar a estos menores.

Sobre el estado del bienestar y la precariedad

Somos la tercera pata del Estado del Bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. Nosotros formamos parte de esos SS, pero somos los grandes olvidados. Se habla de las privatizaciones en sanidad y educación como algo malo, por donde se enchufan a amigos, se pagan comisiones, etc., pero es que nosotros llevamos privatizados casi al 100% desde que nacimos, ¿por qué? Porque así sale mucho más barato. A costa de las condiciones laborales de los trabajadores que cobramos sueldos de miseria, incluso por debajo del SMI. Algunas comunidades autónomas incluso sacan licitaciones a la baja, es decir, que la empresa que ofrezca un presupuesto menor gana la licitación. Esto hace que las condiciones de los trabajadores sean las más bajas posibles y, por lo tanto, los menores estén cada vez peor atendidos.

Hay que ser justos, hay de todo, empresas grandes que ganan muchas licitaciones, legal o ilegalmente, porque también se dan muchas a dedo, y más o menos respetan convenios, y hay empresas más pequeñas, que cogen estas licitaciones con toda la buena intención, pero que se ven ahogadas porque lo que paga la Administración es una miseria.

La externalización de servicios y la contratación precaria debilitan la protección tanto de los trabajadores como de los niños, niñas y adolescentes que, no olvidemos, son responsabilidad de la Administración. Hay que recordar que son SUS MENORES, SU RESPONSABILIDAD, y que establecen unos pliegos miserables, siempre a mínimos, que llevan precarizando el sector y la calidad de la intervención durante años.

Lo que le ha pasado a Belén es un golpe a todas. Abre un precedente muy peligroso. El sufrimiento y la violencia ya se hacía rutinaria, tanto en los menores entre sí como hacia los profesionales.

¿Quién cuida de las personas que cuidamos? Necesitamos apoyo psicológico continuado y no tenemos salarios como para pagárnoslo de manera privada.

Multitud de compañeros se pueden ver reflejados en ejemplos como este: Cuando salía de un turno de fin de semana, de hacer 40 horas en dos días, habiendo ocurrido algo en el centro, una agresión, un conflicto entre menores, una fuga o algo parecido, te vas a tu casa con el pecho hecho pedazos, sientes que has fracasado. Te llevas el trabajo a casa porque, o eres una máquina, o no puedes desconectar de algo así. Y Cuando va llegando el día en que te toca volver, tu corazón cada vez late más rápido y tiemblas, porque sientes miedo, pavor, por lo que pueda pasar. Muchas veces no te explicas cómo un menor de edad puede tener tanta rabia contenida. O sí al conocer la historia familiar. Quizá esto también sea parte del problema. Los servicios sociales preventivos, los que deben actuar antes de que el menor entre en un centro, están desbordados y, de nuevo, faltos de recursos.

Crítica a la profesión

Y ahora hago una crítica a mi profesión, a los educadores y educadores sociales. ¿Por qué pasa esto? ¿Tenemos algo de culpa? ¿Por qué se sigue viendo, por ejemplo, al trabajador social por encima nuestra si tiene la misma formación? Tenemos más de 20 años de vida y parece que nacimos ayer. Somos una profesión de lucha, por los derechos de los demás, por mejorar las condiciones de vida de las personas y su dignidad y no somos capaces de luchar por lo nuestro. Nos quejamos de que cobramos poco, pero no nos sindicamos para que los convenios mejoren. Nos quejamos de que las leyes y las administraciones no hacen nada, pero no nos colegiamos para tener más fuerza y que se nos escuche.

En parte, somos culpables de seguir en la situación en la que estamos, porque, por desgracia, tenemos la clase política y el país que tenemos, que no nos valora como profesión, pero no hacemos nada, o casi nada, por cambiarlo. O nos unimos y hacemos que cambie o nadie lo va a hacer por nosotras. Sé que, si ya de por sí tenemos trabajos precarios, y encima si protestamos o pedimos un delegado sindical nos despiden, pues hay miedo. Pero es que el miedo tiene que cambiar de bando, tenemos las herramientas, ¡usémoslas!

Reivindicación

En este sector hay muchos perfiles profesionales en las plantillas, nos acordamos de todos. Los equipos se enfrentan a estrés y frustración profesional y somos víctimas de agresiones verbales y físicas. Y, cuando vamos a las mutuas para que nos atiendan por estos incidentes, nos mandan a casa con un ansiolítico y «a trabajar». Exigimos que se reevalúen los planes de prevención de riesgos laborales de cada centro y que se reconozcan como enfermedades laborales del sector el estrés, la ansiedad, la sobrecarga de trabajo, etc. Exigimos que nadie tenga que pasar miedo en su puesto de trabajo.

Es imperativo que las Administraciones Públicas y las entidades gestoras de estos servicios tomen medidas inmediatas para garantizar unas condiciones laborales dignas y seguras.

Nuestras exigencias incluyen:

• La revisión en cada contrato/concierto de las ratios de personal y garantía de que el personal no trabaje solo con más de cuatro menores, estableciendo en la práctica la presencia mínima de dos educadores en cada turno para reforzar la seguridad y la efectividad de la intervención.

• Elaboración e implementación de protocolos específicos de actuación ante situaciones de riesgo y agresión, adaptados a las particularidades de cada recurso.

• Refuerzo de la seguridad en los centros donde se requiera, mediante la implementación de protocolos efectivos, la contratación de más personal y la dotación de herramientas que minimicen los riesgos.

• Mejora de las condiciones laborales de los y las profesionales que trabajan en el sistema de acogida, garantizando recursos suficientes y adecuados para el desarrollo de su labor.

• La provisión de recursos adecuados para la atención de menores con perfiles complejos.

• Reconocimiento de la peligrosidad de estos puestos de trabajo y la implementación de medidas compensatorias.

• Compromiso institucional en la denuncia y persecución de agresiones a profesionales, garantizando apoyo jurídico a las víctimas.

• Apoyo legal y psicológico para todos los trabajadores y trabajadoras del sector, y con más fuerza a quienes sufren agresiones en el trabajo.

A pesar de las advertencias durante años del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) sobre la falta de medidas preventivas adecuadas, las condiciones laborales siguen siendo precarias. Este asesinato ha sido un punto de inflexión para el sector, que ahora exige cambios urgentes.

El CGCEES apela a nuestro Código Deontológico, recordando que nuestra profesión se sustenta en el respeto por los Derechos Humanos y en la promoción de la dignidad de todas las personas. La educación social es un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y requiere del compromiso firme de las instituciones para garantizar su adecuado ejercicio, así como la protección efectiva de sus profesionales.

César E. Frías ha escrito este artículo, publicado en dos partes, con la colaboración de la Plataforma de Profesionales del Sector Social y el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales.