Hablemos de menores y economía

Decía Vox en su famoso cartel del metro de Madrid que un MENA costaba 4.700€ al mes, comparándolo con la pensión mínima de una anciana. Pues bien, a sabiendas de que esta cifra es falsa, de que compara un colectivo minoritario con uno de los mayores colectivos del país, y de que es muy injusto intentar criminalizar a los menores y crear un problema inexistente, merece la pena pararse a pensar en las cifras que nos cuesta al Estado el cuidado de nuestros menores. Echémosle un vistazo por encima

Existen varias formas de protección de menores, incluso varias consejerías se encargan de ello. En Andalucía, la de justicia y la de políticas sociales. Dentro de todos los recursos existentes, encontramos desde la acogida, adopción, varios tipos de centros de menores, con más capacidad, menos capacidad, centros de mayoría de edad, para inmigrantes, etcétera. Y, además, recursos externos, como centros de día o centros de tratamiento ambulatorio.

En esta charla on line que di hace un tiempo en la Universidad de Huelva, podéis conocer un poco mejor todos los recursos de la Junta de Andalucía con respecto a la protección de menores:

Como podéis ver en la charla, los recursos para inmigrantes (los mal llamados MENA) son sólo una parte ínfima de todo el tejido de la Ley de Protección del Menor. Pudiera parecer que, en total, son muchísimos recursos, tanto personales como económicos. Y lo son. Pero las preguntas claves son: ¿Son suficientes? ¿Son los adecuados? ¿Están bien invertidos? Si no se invirtieran, ¿Qué pasaría? ¿Es mejor dejar de invertirlos y dedicarlos a otra cosa? ¿Se invierte de manera eficiente?

Pues bien, cojamos un ejemplo para visualizarlo mejor: un menor español, 16 años, denunciado por sus padres por violencia filoparental. El caso va al juzgado de menores. El juez tiene varias opciones, muy simplificadamente y para resumir:

• Libertad vigilada. El menor debe asistir cada 15 días a terapia y seguir unas indicaciones.

• Ingreso en un Grupo Educativo de Convivencia (GEC). Centro de menores abierto o semiabierto.

• Ingreso en un CIMI. Centro de menores cerrado. Cuando el caso es muy grave.

Supongamos que el menor ingresa en un GEC y le cae una medida de un año de duración. En ese centro trabajan 1 director/a, 1 trabajador/a social, 1 psicólogo/a y 6 educadores/as sociales, como mínimo. Después entran las sustituciones, posible cocinero/a a media jornada… Vamos a suponer 10 trabajadores/as en total. Y para redondear, y aunque se aleje mucho de la realidad, vamos a suponerles un salario de 1.500€ brutos a cada trabajador/a (los educadores/as cobran bastante menos, pero el resto del equipo técnico puede, y suele, cobrar más). Un GEC de 8 plazas le cuesta, sólo en sueldos, 15.000€ a la Administración. Pero en el convenio con la empresa se refleja un gasto al mes por menor, que la consejería da para pagar a los/as trabajadores/as, comida, ropa, arreglos de la casa, gasolina y mantenimiento de un vehículo, material escolar o formativo, excursiones, actividades de ocio o culturales, etc. Este gasto ronda ahora mismo los 2.000€. Es decir, que haciendo las cuentas rápido, nos queda lo siguiente:

• 8 plazas x 2.000€/mes: 16.000€/mes.

• 10 trabajadores: 15.000€/mes. Una miseria.

• Al centro le quedan unos 1.000€ mensuales para gastos. Otra miseria.

En Andalucía existen alrededor de 200 centros de menores, 20 de titularidad pública y 174 concertados. Pero no se pueden hacer macrocálculos, porque cada tipo de centro recibe unas cantidades diferentes y tiene un número diferente de plazas y trabajadores. Además de los recursos que se destinan a las asociaciones encargadas de la adopción o acogida, los demás centros, etcétera. Así que nos quedaremos con nuestro ejemplo para ilustrar el objetivo de este artículo.

¿Pensamos que es mucho 16.000€ al mes para sólo atender a 8 menores? Pues con ese dinero se trabaja con esa familia desestructurada (puede que no lo sea, pero la casuística no suele fallar), con las adicciones del menor (puede que no sea adicto, pero de nuevo, la casuística no suele fallar), se educa al menor (en el sentido más amplio del término) y se intentan evitar problemas de futuro. Estos problemas, que no olvidemos, también lo son para la Administración por el gasto que suponen, pueden ser: hospitalizaciones por agresiones, gastos en salud mental, gastos de la administración en posibles juicios por robos, violencia o destrozos del menor, gastos en posibles juicios por reincidencia, hospitalizaciones por consumo de drogas y, por qué no decirlo, gastos de una posible futura prisión del adulto en el que se convertiría, de no haber ingresado en el GEC.

La prevención es esencial

Y, ¿qué pasaría si no existiera el sistema de protección de menores? Pues no podemos afirmarlo con rotundidad, pero seguramente más familias desestructuradas, más menores absentistas sin atención, más drogadicción en las calles, más violencia en las escuelas, más violencia en las calles, más violencia entre parejas, más menores convirtiéndose en futuros delincuentes, etcétera. Y todo ello nos hace empeorar y crea una sociedad más injusta y desigual. Con todo el gasto a las arcas públicas que ello conlleva.

Otro punto a tener en cuenta, y yo diría que definitorio, es que el Estado está obligado, por ley, a poner todos los recursos necesarios y disponibles para la protección de los menores. Así que, la próxima vez que te digan que se gasta mucho en los menores, tú diles que nunca se gasta demasiado en eso; todos son gastos preventivos, que, de no existir, primero estaríamos incurriendo en delito y, segundo, el futuro gasto por la no atención a esos menores que nos necesitan podría ser mucho mayor. Por no hablar de las familias.

En todo caso, se gastará mal o ineficazmente, el sistema de protección deja mucho que desear, pero eso ya daría para otro artículo.