Nuestra libertad de expresión ha muerto

Desde hace ya mucho tiempo venimos denunciando que la libertad de expresión y los movimientos sociales están siendo perseguidos en este país. A partir de la sentencia de Susana Díaz contra Jesús Candel, todo español que se precie debe ir acompañado de un lingüista, de un filósofo y de un historiador para hablar de la gestión de un político

Sin embargo, Susana Díaz acusa e imputa a un ciudadano de “incitar al odio”, uno de los delitos más execrables que pueden cometer los seres humanos, del que, además, nunca fue acusado ni juzgado, y el TSJA “no lo ve” e inadmite una querella.

El sistema democrático ha involucionado. El derecho de opinión está hoy en grave peligro porque la intolerancia del político hacia la crítica a su gestión se ha judicializado. Son los jueces los que deben decidir ahora si la crítica es legal o no es legal, lo que repercute directamente en la libertad propia del ser humano. Las multas en lo penal por ejercer la crítica son puñaladas dadas a la figura inviolable de la libertad de expresión. Cuando un sistema democrático persigue la denuncia y al denunciante con todos los medios posibles a su alcance toda la sociedad es la que está indefensa. Eso es lo que está en juego hoy. Y hemos perdido. Todos.

Los derechos a la libertad de opinión, de expresión y de información son derechos que consagran nuestra Constitución. El ejercicio de la crítica y la libertad de expresión contra el sistema deben estar garantizados por el propio sistema, en caso contrario, cuando el sistema pone coto a la crítica ejercida en libertad, se pone en peligro nuestra democracia y nuestra Constitución. Cuando estos derechos dejan de estar tutelados y protegidos por los poderes públicos es el propio sistema el que deja de tener legitimidad.

Vuelve la censura y vuelve la terrible maquinaria de represión que estaba intacta desde los Pactos de la Moncloa. La transición se está convirtiendo en una gigantesca mentira histórica. Nos han engañado desde la Constitución del 78 a todos. Ha vuelto el miedo a hablar en libertad, a criticar la gestión política. Los políticos son hoy absolutamente intocables para todos los estamentos de la sociedad, ya no hay separación de poderes, y los derechos de los ciudadanos están ahora, más que nunca, heridos de muerte. El código penal queda solo para el “roba gallinas”.

Esa persecución de la crítica se ha convertido en una cruzada para las instituciones públicas. Solo ellos deciden ahora lo que es lícito y lo que es ilícito. Y lo más penoso es que sus postulados son refrendados por los tribunales, como un ejercicio de democracia y de libertad. Cada vez el escenario en que vivimos se parece más a la Europa de entre guerras donde la libertad de expresión se castigaba con la cárcel, y donde la palabra era perseguida y encerrada en campos de concentración llamados poéticamente de “reeducación”. Poco o nada ha cambiado desde la llegada de la democracia a España. La transición se está convirtiendo en una gigantesca mentira histórica.

Los políticos se están apoderando de las instituciones y las secuestran en nuestro nombre, con el objetivo de dejarlas sin voz y sin representados

Ahora se persigue sin tregua la crítica a la gestión política, avalada, además recientemente, por la doctrina del TSJA donde el político puede denunciar a la prensa y a los ciudadanos que critiquen su gestión, y encima le pagamos el abogado entre todos. Los gestores públicos se han convertido en la alta nobleza medieval y en auténticos sátrapas persas incapaces de rendir cuentas ante nada ni ante nadie. La justicia está dando la espalda a los ciudadanos. Y cuando no hay justicia hay injusticia. Una poderosa mentira se apodera ahora de todas las instituciones y las secuestra, las deja sin voz y sin representados. Por eso, hoy más que nunca, la crítica a los políticos no debe ni puede tener nunca límites.

Los políticos se están apoderando de las instituciones y las secuestran en nuestro nombre, con el objetivo de dejarlas sin voz y sin representados. Los parlamentos son hoy la institución del pueblo sin el pueblo. De los partidos y de sus funcionarios. Los intereses de la mayoría desparecen por los desagües del estado y de las autonomías mientras nadie hace nada. Mientras todos callan. Muy pocos son hoy quienes hablan para ser la voz de los que sufren en silencio toda la ignominia del régimen que nos están imponiendo a todos, para ser la voz de los desclasados que nunca aparecerán en los BOE o en los BOJA. Y esos pocos no se callan, aunque sepan que se arriesgan a la denuncia pública, a la persecución política y al castigo del sistema. Y mientras más callemos todos nosotros más peligramos como pueblo.

Todos los parlamentos existentes hoy les dan la espalda a sus propios pueblos. El caso del andaluz es aun más dramático. Nadie sabe para qué sirve ni para qué está ahí. Tan solo que cada cuatro años nos han convertido a todos en ganado electoral para que vayamos a las urnas y mantengamos el estatus quo de sus señorías y de sus partidos. El Parlamento andaluz se está convirtiendo cada año que pasa en una entelequia absurda e inservible. Algo totalmente inerte creado para los andaluces.

Mientras, sus componentes se hacían con el rango de Autoridad, de Señorías y se llenaban de privilegios, de altas nóminas y de jugosas dietas. La autonomía se va pareciendo cada vez más a la creación de un estado dentro de otro estado, con una especie de monarquía parlamentaria dirigida desde San Telmo con un virrey hoy llamado Bendodo, y antes Zarrías. Y el pueblo que permanezca impasible, obediente y atento a los lunes de Consejo de Gobierno.