Los denunciantes contra la corrupción intervendrán por primera vez en el Parlamento andaluz para dar su visión de la futura Oficina Antifraude

Se acerca un momento histórico: la asociación andaluza Alianza contra la Corrupción anuncia que muy pronto los alertadores de casos de corrupción asistirán al Parlamento andaluz para comparecer en relación con el anteproyecto de ley por el que se regula la Oficina Antifraude, impulsada por el vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín

El pasado día 25 de febrero, la asociación remitió a la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local una propuesta de intervinientes para realizar una exposición, dada su dilatada experiencia y conocimientos en la lucha contra la corrupción, fraude y conflicto de intereses, en el Parlamento andaluz.

Podrían comparecer, en dicha comisión, los siguientes alertadores de corrupción: Jaime González; Roberto Macías; María Serrano; Javier Perejón; el presidente de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (Amayt), Francisco José Sánchez del Águila; y el presidente de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap), Fernando Presencia.

La propuesta ha sido bien recibida por Manuel Gavira Florentino, portavoz en dicha Comisión del grupo parlamentario VOX, que se comprometió a «realizar las gestiones necesarias» para garantizar la
presencia en el Parlamento andaluz de los denunciantes de corrupción.

«Proteger las revelaciones públicas»

«Seguimos considerando fundamental proteger las denuncias y revelaciones públicas sobre infracciones del derecho comunitario, pues permiten detectar, investigar y enjuiciar de manera efectiva las mismas, mejorando así la transparencia y la rendición de cuentas. Es por ello que pedimos, en Andalucía, prestar una adecuada y efectiva protección a los denunciantes (en inglés conocidos como whistleblowers)», ponen de relieve desde Alianza contra la Corrupción.

Históricamente en la comunidad andaluza, los alertadores de corrupción han sufrido siempre terribles represalias por informar sobre la rapiña y depredación de fondos públicos: expedientes disciplinarios, acoso y hostigamiento laboral, persecución judicial, estigmatización social, difamación pública, daños a la salud, etcétera.