Son tan numerosas y flagrantes las ilegalidades cometidas durante varios años por el Ayuntamiento de Torrox, tanto en materia de organización como de gestión de personal, que, según ha podido saber EL LIBRE, una funcionaria del mismo ha presentado varias denuncias en distintos organismos, con el fin de que ejerzan sus funciones de control de legalidad de los actos de dicha entidad local, bien requiriendo su nulidad, bien impugnándolos judicialmente
La funcionaria afectada ha solicitado el acceso a su expediente personal en el Ayuntamiento y, como se lo han denegado verbalmente, lo ha solicitado por escrito. Por otro lado, ha solicitado el acceso y copia de los documentos que acrediten las actuaciones seguidas por el Ayuntamiento a raíz de los diversos escritos que ha presentado poniendo de manifiesto las ilegalidades durante estos años. Sólo ha obtenido silencio a sus denuncias mientras el Ayuntamiento continuaba con las ilegalidades, sin rectificar sus actos.
El Ayuntamiento de Torrox gobierna un municipio con 18.937 habitantes (INE, a 1 de enero de 2021). Por tanto, queda integrado en el grupo de municipios inferiores a 20.000 habitantes a los efectos de la Ley de Bases de Régimen Local y otras normas, siendo menos los servicios obligatorios a prestar que los que deben prestar los municipios que superan ese número de habitantes.
Su gobierno ha estado en manos de partidos como el PSOE, IU y PP, siendo el actual alcalde Óscar Medina España (PP). Este alcalde aparece en el Comité Ejecutivo Provincial del PP en Málaga que preside Elías Bendodo. Este último es consejero de Presidencia en la Junta de Andalucía y nuevo coordinador general del PP a nivel nacional, designado por Alberto Núñez Feijóo.
El presupuesto anual de gasto en 2021 de dicho Ayuntamiento fue cercano a los 21,7 millones de euros, de los cuales se previeron 7,8 millones para gastos de personal, aproximadamente un 36% del gasto total, aunque en 2020 se presupuestaron 7,15 millones de euros y el gasto fue de 8,86 millones de euros (obligaciones reconocidas), según las cuentas presentadas al Tribunal de Cuentas.
Tal como se indica en las denuncias presentadas, desde que se valoraron y catalogaron los puestos de trabajo de dicha entidad local y se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el año 2003, el Ayuntamiento de Torrox ha ido asignando a funcionarios en puestos ficticios -no existían en la citada RPT de 2003-, como le ha ocurrido a la funcionaria que ha presentado las denuncias a lo largo de los años.
Por otro lado, al asignar a funcionarios en esos inexistentes puestos, el Ayuntamiento ha dejado de aplicar los sistemas de provisión legalmente establecidos para la movilidad de los funcionarios, como son el concurso de méritos y el procedimiento de libre designación.
Pero si grave es lo anterior, más lo es que la citada RPT de 2003 se ha ido modificando sin un previo expediente de evaluación de las necesidades organizativas y valoración de los nuevos puestos que se creaban; por tanto, se han ido asignando niveles y retribuciones complementarias a los nuevos puestos «a dedo». Algunas de esas modificaciones han sido publicadas en el BOP de Málaga (ejemplo, BOP de fecha 4-12-2019, 31-12-2019 y 24-02-2021), creando puestos de trabajo sin la valoración previa de esos puestos. En dichas publicaciones no aparecen el complemento específico ni el sistema de provisión de puestos de trabajo (concurso de méritos o libre designación), vulnerando la legislación aplicable.
Y este modus operandi continúa, sin que los órganos competentes de la Junta de Andalucía y Administración estatal hayan requerido la anulación de dichos actos ilegales o los hayan impugnado judicialmente. Entre esos órganos competentes están: la Delegación del Gobierno en Málaga que dirige Patricia Navarro Pérez (PP), que también es la secretaria general del PP provincial en Málaga, puesto de confianza de su presidente, Elías Bendodo Benasayag; la Consejería que dirige Juan Marín (Cs), y la Subdelegación del Gobierno en Málaga que dirige Francisco Javier Salas Ruiz (PSOE).
El Ayuntamiento asigna retribuciones fijas en concepto de productividad desmesuradas, que se abonan sin valoración del desempeño de los puestos por los funcionarios
Entre esas ilegalidades no impugnadas por los órganos competentes de la Administración autonómica andaluza y estatal, se indica en la denuncia cómo el Ayuntamiento ha ido asignando a los puestos de trabajo pluses y complementos fijos de productividad con cuantías absolutamente desmesuradas, que se añaden a las retribuciones básicas y otras complementarias. Esas productividades las han ido cobrando en sus nóminas diversos funcionarios sin la previa valoración del desempeño de los puestos que ocupaban, la cual debe efectuarse en base a criterios objetivos.
En esta dirección web del Ayuntamiento de Torrox se puede descargar el documento denominado Valoración Puestos de Trabajo 2015 que demuestra esa asignación fija del complemento de productividad para cada puesto de trabajo aprobado para 2015. En estas imágenes se aprecian algunos de esos complementos, que en algunos casos alcanzan cuantías superiores a los 10.000 ó 27.000 euros, que se añaden al resto de retribuciones básicas y complementarias de cada puesto de trabajo:
A modo de comparación, la mayoría de los funcionarios de la Junta de Andalucía del grupo A1 (Cuerpos Superiores, titulados superiores) no cobran más de 800 euros brutos al año en concepto de productividad, incluidos los jefes de Servicio (de nivel 28), y siempre tras valorarse el desempeño de los puestos por los funcionarios que los ocupan. Dicha cuantía es similar a los que aparecen en el documento del Ayuntamiento para algunos puestos de auxiliares administrativos, aunque en dicha relación aparece algún auxiliar administrativo con 4.798 euros de complemento de productividad.
La inseguridad jurídica generada por el Ayuntamiento supone perjuicios para los ciudadanos y su personal, además de posibles costes económicos que pagaremos todos los contribuyentes del Estado
Con el fin de aparentar que dichas asignaciones de puestos ficticios se ajustaban a la legalidad, el Ayuntamiento de Torrox iniciaba internamente los trabajos de valoración de esos puestos o los encargaba a la Diputación Provincial o a una empresa privada, unos trabajos que no se terminaban, como se indica y acredita en la denuncia. De hecho, en las propias resoluciones o decretos de alcaldía por los que se asignan puestos ficticios a la funcionaria denunciante, se ponían coletillas como:
a) “…se deberá proceder a efectuar las oportunas modificaciones en la plantilla de personal para creación de la plaza y catalogación del puesto de trabajo a desempeñar”.
b) “…sin perjuicio de lo que resulte de la revisión de Catalogación de los Puestos de Trabajo actualmente en trámite”.
c) “…convocar concurso oportuno para cubrir el puesto de modo definitivo, siendo además necesaria la catalogación y valoración del mismo junto con el resto de puestos ya existentes en la plantilla de personal y que están pendientes de catalogación”.
Sin embargo, los citados concurso y catalogaciones de los nuevos puestos no se terminaban aprobando, lo que ha venido ocurriendo desde 2003. El resultado obtenido ha sido eternizar la caótica situación de ilegalidad en la que lleva sumergida la organización del Ayuntamiento, que, obviamente, han aprovechado los alcaldes para hacer y deshacer a su antojo.
Como es habitual en esta partidocracia, el mensaje que dejan los políticos con sus acciones es bien claro: el funcionario que no sea dócil y que hoy está legalmente en su puesto, mañana puede ser removido arbitrariamente a otro puesto. Premio y castigo, al estilo de los tiranos.
El resultado de este caos organizativo es la creación de una gran inseguridad jurídica que repercute negativamente en el servicio que presta a los ciudadanos dicho Ayuntamiento, como también en los derechos individuales del personal afectado por estas ilegalidades.
Con relación a dicha inseguridad jurídica, la denuncia también hace hincapié en la existencia de personal laboral ejerciendo potestades administrativas, otra ilegalidad más y un motivo de posibles impugnaciones de los actos en los que intervenga dicho personal laboral, con el consiguiente coste para el Ayuntamiento que pagaremos todos los contribuyentes del Estado español, dado que parte de los tributos que pagamos todos también financian a las entidades locales, a través de instrumentos como la PIE y la PATRICA.
Por otro lado, la denuncia manifiesta que, en caso de pagos indebidos de nóminas, «el Ayuntamiento debería iniciar los correspondientes procedimientos de revisión de oficio, impugnando los actos previa declaración de lesividad con el fin de recuperar los fondos públicos afectados». Asimismo, en la denuncia se advierte que el abono a varios funcionarios de retribuciones no aprobadas legalmente y dictar resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos a sabiendas de su injusticia (como pudieran ser los nombramientos de funcionarios en puestos que no existen), podrían incurrir presuntamente en infracciones penales.
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha puesto de manifiesto las numerosas ilegalidades cometidas por el Ayuntamiento de Torrox
En la denuncia se acredita algunas de las ilegalidades con una sentencia judicial. Con fecha 31 de enero de 2013, la Sala de Málaga del TSJA dictó sentencia núm. 291/2013 estimando a la Administración del Estado el recurso contencioso-administrativo núm. 12/2006. Dicha sentencia anuló parcialmente el Acuerdo Marco Funcionarial aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Torrox el 2 de agosto de 2005, en lo relativo a materias como la jornada laboral, premio por jubilación forzosa, permisos y licencias, vacaciones y determinados pluses ilegales en las retribuciones.
A pesar de todo, se siguió actuando en el Ayuntamiento de Torrox al margen de la legalidad, al no tener consecuencias la comisión continua de ilegalidades en esta partidocracia. Este continuo proceder queda acreditado con el posterior informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía con relación al ejercicio 2017.
Tal como se indica en la denuncia presentada por la funcionaria del Ayuntamiento, varias de las ilegalidades fueron puestas de manifiesto por la Cámara de Cuentas en su informe SL 07/2018, denominado Informe de fiscalización de cumplimiento de la gestión de los recursos humanos de determinados municipios con población entre 5.000 y 20.000 habitantes: Cartaya, Santa Fe, Torredelcampo y Torrox. Ejercicio 2017, publicado en el BOJA de 24-09-2021.
Según dicho informe de fiscalización, el Ayuntamiento de Torrox había incumplido la legalidad en las siguientes materias, algunas de las cuales sigue cometiéndolas:
- Tipología empleados públicos
- Valoración de puestos de trabajo y complemento específico
- Productividad
- Gratificaciones
- Presupuestación del complemento específico, productividad y gratificaciones
- Retribución de trabajos de superior categoría y nombramientos accidentales
- Ayudas sociales
- Cumplimiento jornada anual SPL
- Requisitos y méritos
- Instrumentos de Ordenación: RPT
Han sido tan graves las ilegalidades cometidas, que la Cámara de Cuentas ha remitido al Tribunal de Cuentas algunas de las nóminas en las que se detectaron ilegalidades, según el citado Informe de Fiscalización, dado que en el Ayuntamiento de Torrox se realizaron 33 reparos por la Intervención en materia de personal sólo en el año 2017, habiéndose adoptado 30 acuerdos contrarios a los mismos. A fecha de hoy, en la web del Tribunal de Cuentas no figura ninguna información al respecto.
Sólo queda por hacer una pregunta: ¿seguirá el Ayuntamiento de Torrox con estas continuas ilegalidades o anulará de oficio todos sus actos ilegales, restableciendo la legalidad? ¿Permitirá Elías Bendodo, coordinador general del PP nacional, presidente del PP en Málaga y consejero de la Presidencia en el gobierno andaluz, que continúe el Ayuntamiento de Torrox actuando al margen de la legalidad? ¿Cómo controla Juanma Moreno la actividad de sus consejeros y a los delegados del gobierno en las provincias cuando preside los consejos de gobierno en Andalucía?
Comentarios recientes