Un análisis del gabinete de estudios de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía concluye que las declaraciones públicas del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno («El Gobierno andaluz ha llegado al tope de sus capacidades financieras en los ámbitos educativo, sanitario y de servicios sociales», dijo recientemente), esconden «una nefasta gestión», como demuestran las listas de espera, las demoras excesivas en Atención Primaria, la falta de profesionales y la decisión política de trasladar dinero público a las grandes empresas farmacéuticas y a la sanidad privada
Según los datos que maneja la FSS-CCOO Andalucía, entre 2019 y 2023 el incremento del gasto farmacéutico por recetas en Andalucía ha sido del 37,6%, mientras que en el resto de las comunidades el crecimiento ha alcanzado el 17,5%. Son, por tanto, 20 puntos de exceso en Andalucía que no pueden imputarse a cuestiones como la inflación, la pandemia, el envejecimiento poblacional, la introducción de medicamentos de mayor precio o la exención de aportación a pensionistas con rentas bajas, pues son comunes al conjunto de España. «Hablamos de factores intrínsecos a la Consejería de Salud, fundamentalmente el abandono de la subasta de medicamentos y la mala gestión de los responsables sanitarios del Gobierno andaluz«, mantiene el responsable del gabinete de análisis y estudios de la FSS-CCOO Andalucía, Daniel Gutiérrez.
Para entender lo anterior hay que observar el gasto farmacéutico por recetas per cápita. Si en 2019, el gasto era de 204,71 euros por andaluz, en el resto de las comunidades era de casi 238 euros. «En términos porcentuales estábamos 14 puntos por debajo del resto. Ese gasto ha ido creciendo, pero con la diferencia de que Andalucía, coincidiendo con la suspensión de la subasta y el cambio de responsables en la Consejería de Salud, lo ha hecho de forma más rápida, dándose el sorpasso en 2021 (primer año sin ningún medicamento de subasta) y situándose en 2023 un 1,7% por encima de las otras autonomías», afirma Gutiérrez.
Miles de millones perdidos
En lo referente a la subasta, el gobierno anterior reconoció un ahorro de unos 100 millones de euros al año; una cifra similar a la que un informe de la Consejería de Hacienda de 2022 (ya con el Partido Popular al frente) señaló como lo que se había perdido al suspender la subasta, aunque se llegó a estimar un ahorro de 200 millones de euros anuales. «Sin embargo, desde el principio, este instrumento no se vio exento de presiones y de campañas en contra. Estas cifras nos llevan a concluir que, en estos casi seis años de gobierno popular, se habrían podido ahorrar, al menos, unos 600 millones de euros si la subasta se hubiera mantenido. Una cantidad que puede elevarse a 1.200 millones si nos basamos en las previsiones de ahorro«, añade Gutiérrez, que recuerda que hubo medicamentos que redujeron su precio más de un 65%, lo que demostró que la industria farmacéutica podía ajustar su precio.
La cuenta de resultados de la industria farmacéutica
En los dos últimos años y ante la evidencia de que la subasta supone un ahorro presupuestario, la Junta ha tomado medidas de control del gasto farmacéutico, que «se había descontrolado años antes», como señaló la Consejería de Hacienda. Esto ha permitido que la elevación interanual del gasto en 2022 y 2023 se haya reducido a un incremento del 5,9% y del 2,5%, respectivamente, lo que demuestra que una combinación de control del gasto y de instauración de la subasta podrían ahorrar “muchos millones de euros” a los andaluces. «Esto podría destinarse al cumplimiento de los pactos con las organizaciones sindicales para mejorar las condiciones de los profesionales, hoy en día paralizados, y la calidad del sistema y no a la cuenta de resultados de la industria farmacéutica«, mantiene Gutiérrez.
A todo lo expuesto se suman los aproximadamente 5.000 millones de euros que, según cálculos de CCOO de Andalucía, se han dejado de ingresar por reducciones de impuestos dirigidas a los más favorecidos. Y, por otro lado, el flujo incesante de fondos públicos destinados, por la vía de los conciertos, a la sanidad privada, que pretende elevarse hasta casi los 800 millones de euros y que han sido cuestionados por la Intervención General de la Junta.
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