Los resultados de las elecciones en Estados Unidos, tanto en el Senado como en la presidencia, son cruciales para determinar no solo el rumbo político del país, sino también la composición del Tribunal Supremo
Este se guía por el principio de stare decisis, el cual establece que las decisiones judiciales previas deben ser seguidas para asegurar coherencia y estabilidad en el derecho. Este principio, sin embargo, no impide que el tribunal reinterprete o modifique precedentes establecidos, lo que puede tener un impacto directo sobre los derechos fundamentales de los estadounidenses.
Según la Constitución de los EEUU, el presidente tiene la facultad de nominar a los magistrados del Tribunal Supremo, quienes deben ser confirmados por mayoría simple en el Senado. Cuando tanto el Senado como la presidencia están controlados por el mismo partido, el proceso de nominación se vuelve más fluido, pero también más polarizado, ya que las decisiones de confirmación pueden ser realizadas sin necesidad de un apoyo bipartidista, lo que aumenta las tensiones políticas y la polarización del sistema.
Al ganar Donald Trump las elecciones presidenciales y los republicanos la mayoría en el Senado, se consolida un camino sin obstáculos para poder nombrar a magistrados conservadores al Tribunal Supremo.
Los nueve magistrados del tribunal
Este tribunal está compuesto por nueve magistrados y sería el equivalente al Tribunal Constitucional en España. Pero, a diferencia de este, en EEUU el presidente del tribunal no tiene voto de calidad. La composición actual de este órgano es la siguiente:
- John G. Roberts (presidente)
- Sonia Sotomayor
- Clarence Thomas
- Samuel A. Alito, Jr.
- Elena Kagan
- Amy Coney Barrett
- Neil M. Gorsuch
- Brett M. Kavanaugh
- Kentaji Brown Jackson
Al ser cargos vitalicios, la única forma de poder renovar los mandatos de los magistrados es por jubilación, renuncia o fallecimiento de los actuales miembros, lo cual limita las oportunidades que tienen los presidentes para realizar nuevos nombramientos.
Durante sus ocho años como presidente, Barack Obama designó a dos magistradas: Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Por su parte, Joe Biden solo pudo nombrar en sus cuatro años de presidencia a la magistrada Kentaji Brown Jackson, mientras que Trump en su primer mandato consiguió inclinar la composición del tribunal hacia una mayoría conservadora nombrando a tres magistrados en tan solo cuatro años: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.
En los últimos años, el Tribunal Supremo ha emitido decisiones cada vez más controvertidas que reflejan su división ideológica –lo evidencian los veredictos polarizados de seis votos a favor y tres en contra– . Un ejemplo es el fallo de 2022 en Dobbs vs Jackson, que revocó la jurisprudencia federal sobre el aborto y devolvió a los Estados la facultad de imponer sus propias restricciones, generando una heterogeneidad normativa entre ellos.
Igualmente notable es la reciente sentencia en el caso Trump vs Estados Unidos de julio de 2024, que concede a Trump inmunidad presidencial parcial por los acontecimientos del 6 de enero de 2021 cuando fue asaltado el Capitolio.
Una vacante sobrevenida puede ocurrir en cualquier momento debido al fallecimiento de un magistrado. Un ejemplo reciente se dio en 2020, cuando la magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg falleció a los 87 años en plena campaña electoral, lo que permitió a Trump llenar el vacío con la magistrada conservadora Amy Coney Barrett antes de que concluyera su mandato presidencial en enero de 2021.
Por ello, los magistrados del Tribunal Supremo suelen planificar su jubilación en función de quién ocupa la Casa Blanca, con el fin de asegurar que su sustituto sea designado por un presidente afín a su corriente ideológica. Así, la jubilación del magistrado Stephen Breyer en 2022 permitió a Joe Biden nombrar a Kentaji Brown Jackson antes de las elecciones de noviembre de ese año, aprovechando así la mayoría demócrata en el Senado.
La jugada que propiciaría la mayoría conservadora
En la actualidad, los magistrados de mayor edad del Tribunal Supremo son Samuel Alito y Clarence Thomas, con 74 y 76 años respectivamente, ambos de ideología conservadora. Tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales, es altamente probable que estos dos jueces decidan retirarse voluntariamente para que el presidente pueda nombrar a dos magistrados conservadores en su lugar.
Si estas vacantes potenciales del Supremo son ocupadas por jueces de entre 40 y 50 años, fieles a los valores conservadores, como ha sido la tendencia durante el primer mandato de Trump, estos nuevos magistrados podrían permanecer en sus cargos durante los próximos 30 años, perpetuando una mayoría conservadora en el tribunal hasta 2050 y allanando el camino para revertir decisiones sobre temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Si se producen estos relevos, el legado presidencial de Trump podría ser la consolidación de un Tribunal Supremo férreamente conservador, cuya influencia perdurará más allá de su mandato como presidente de los Estados Unidos.
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