La supresión de unidades escolares llevada a cabo por la Consejería de Educación deja a Andalucía con 239 clases menos que el curso pasado, solo en Infantil y Primaria. Al mismo tiempo, las aulas continúan masificadas y un mínimo de 10.600 alumnos estudian en aulas con ratios que superan el máximo legal permitido por la normativa
La situación del alumnado con necesidades educativas especiales sigue siendo de grave desatención, a pesar de la creación de aulas específicas. El sindicato Ustea ha denunciado esta situación ante la Consejería de Educación y ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la bajada de ratios ante el Parlamento, que ha sido admitida a trámite parcialmente.
Este año la Consejería de Educación, dirigida por Javier Imbroda, ha cerrado 757 clases de Infantil y Primaria en colegios de todas las provincias y se ha visto obligada a crear 518, por lo que los colegios de Andalucía cuentan este curso con 239 clases menos que el anterior, a falta de conocer las supresiones en Secundaria y Bachillerato. Esta cifra viene a sumarse a las 374 clases suprimidas en el curso 2019-20 y las 568 del curso pasado, siendo 1.181 las unidades suprimidas de Infantil y Primaria en lo que va de legislatura. Las 239 clases eliminadas en la red de centros públicos contrastan, como en años anteriores, con las cifras de la enseñanza concertada que mantiene prácticamente el mismo número de aulas.
La provincia más castigada por el cierre de clases es Sevilla, con 188 unidades suprimidas y tan solo 68 creadas, con lo que esta provincia tiene este curso 120 clases menos de Infantil y Primaria. En otras provincias, con cifras de supresión menores, también se observa una disminución de las clases en la enseñanza pública, respecto al año anterior: Cádiz (-47), Málaga (-39), Córdoba (-30), Jaén (-17) y Granada (-9).
Es llamativo que el cierre de clases públicas se produzca al mismo tiempo que las aulas continúan masificadas, llevando las ratios en ocasiones por encima de la ratio permitida por la normativa. Ustea ha denunciado ante la Consejería de Educación que, al menos, 373 unidades escolares y 10.552 alumnos tienen ratios ilegales. Este dato, obtenido de un muestreo realizado por este sindicato, es solo una pequeña muestra de la realidad que se vive en los centros educativos de Andalucía.
El dato más significativo y preocupante es el de la supresión de clases en la etapa de Infantil, pues la eliminación de una clase en este nivel educativo supone la eliminación progresiva de clases en los niveles superiores en los próximos años, a medida que el alumnado de esta franja de edad vaya superando cursos. La eliminación de líneas completas desde Infantil de 3 años a 6º de Primaria en los próximos años, junto al mantenimiento de ratios ilegales, supondrá «una importante pérdida de puestos de trabajo docente y de recursos en los centros educativos«, denuncia el sindicato.
«La concertada mantiene intacto el número de clases que oferta»
Ustea, junto con las asociaciones de madres y padres, ya avisó durante el proceso de escolarización de marzo de que los criterios aplicados por la consejería producirían fuertes recortes en la educación pública, lo que provocó numerosas protestas y movilizaciones. Entonces y ahora, «el gobierno de la Junta se excusa con el descenso de la natalidad, aunque este argumento no explica que la enseñanza concertada mantenga intacto el número de clases que oferta».
En cuanto a la atención a los niños con necesidades educativas especiales, según los datos de la Consejería de Educación, se han creado 135 aulas específicas. «Es un dato positivo, aunque no soluciona la gravísima situación de este alumnado que, como denuncian familias y profesionales, se encuentra seriamente desatendido. Prueba de ello son las continúas protestas de las familias en todas las provincias andaluzas y las movilizaciones de los profesionales que se dedican a este campo», añaden desde el sindicato.
El número de orientadores que trabajan en los centros educativos de Andalucía se ha visto reducido en 317 efectivos
El número de orientadores que trabajan en los centros educativos de Andalucía se ha visto reducido en 317. Por su parte, el déficit de profesionales de Audición y Lenguaje (AL), Pedagogía Terapéutica (PT) o Personal Técnico de Integración Social (PTIS) provoca que el tiempo que pueden dedicar a cada niño que lo necesita no pasa, en muchas ocasiones, de unos minutos a la semana.
Frente a la política de recortes y supresiones del gobierno de la Junta, el descenso de la natalidad en Andalucía abre la oportunidad de bajar la ratio en todos los niveles educativos. La necesidad de bajar la ratio para mitigar el problema de masificación en las aulas es una reivindicación histórica de la comunidad educativa, en base a necesidades pedagógicas y sanitarias. USTEA ha recogido esta reivindicación con la presentación de la mencionada ILP en el Parlamento para modificar, en este sentido, la Ley de Educación de Andalucía.
La ILP presentada por USTEA plantea la reducción de ratios en todos los niveles educativos, también en lo que se refiere a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Esta iniciativa se encuentra, en estos momentos, a la espera de que la Mesa del Parlamento la admita totalmente a trámite (se ha admitido solo parcialmente), para poder empezar la recogida de firmas que conduciría a su debate parlamentario. Además, USTEA ha denunciado ante la consejería la existencia de ratios ilegales -por encima del máximo legal permitido por la normativa- en decenas de colegios e institutos de todas las provincias andaluzas.
A mí me parece que exponer tanto los problemas de los trabajadores públicos es un despropósito si no se cuenta los problemas laborales de la sociedad en general.
Yo creo que lo que intentan los medios de comunicación es que nosotros nos sensibilizamos y defendamos a muerte a los trabajadores públicos.
Porque se entiende que lo pagamos de nuestro bolsillo.
Pero a mí esto de lo publico y lo privado no me cuadra. Por ejemplo que los trabajadores funcionarios tengan unas condiciones laborales muy cómodas con respecto a los de la privada. Y que tengan también una sanidad aparte de los de la privada.
A mí me da la impresión de que nosotros tenemos la obligación de manifestar nuestra disconformidad a lo que el estado haga con los trabajadores públicos. Pero, sin embargo, existe en estos un desinterés bastante llamativo hacia los problemas de la sociedad en general.
Cómo que, me parece existe el “individualismo»de clase en estos trabajadores.
No entiendo por qué un trabajador público se tiene que mantener inalterable haya crisis o no la haya.
Y tampoco entiendo por qué los trabajadores públicos están fijos en sus puestos de trabajo y los demás no.
Yo creo que esta sociedad anda bastante desbalanceada.
Y pienso que lo primero que hay que ordenar es que todas las personas tengan un puesto de trabajo y que lo tengan fijo como ocurre en los trabajadores públicos.