Los fiscales de las diversas autonomías han notificado 68 causas de investigación en curso por supuestas agresiones y abusos sexuales a menores en congregaciones y colegios religiosos españoles
Hay casos denunciados en 12 autonomías, según un comunicado de la Fiscalía General del Estado. Cataluña se ha convertido en la comunidad con más diligencias abiertas, 14, seguramente a raíz de los últimos casos denunciados a principios de año, de supuestos abusos por un religioso, Jesús Linares, que fue profesor en La Salle en un centro educativo de Premià de Mar (Barcelona) y luego en uno de Montcada i Reixac.
En la Comunidad de Madrid hay abiertas otras ocho causas; en Andalucía y Galicia, siete en cada autonomía; en Murcia, seis; en ambas Castillas, cinco casos en cada una; en las Illes Balears, cuatro, como en el País Vasco y la Comunidad Valenciana; en Aragón y Canarias, hay dos en cada autonomía.
Análisis cualitativo
Las Fiscalías de Asturias, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Navarra han informado de que «no hay procedimientos penales» en tramitación por esta cuestión en sus territorios.
La Fiscalía, con Dolores Delgado a la cabeza, ha precisado que realizará «un análisis cualitativo de las mismas a fin de estudiar y dimensionar el fenómeno de los procedimientos en tramitación».
Un total de 251 casos inéditos
El pasado 31 de enero, el ministerio fiscal ordenó a los 17 fiscales superiores que le remitiesen estos datos en un plazo de 10 días con el objetivo de tener una radiografía sobre el problema de la pederastia en el seno de la Iglesia católica. La cifra resultante es una fotografía de un instante, la de los casos abiertos en 2022, que no representa la totalidad de estos delitos, ya que no incluye las sentencias condenatorias del pasado y una parte de ellos no llega a la justicia civil, sino que se instruyen en procesos eclesiásticos. Son los obispos y los superiores de las órdenes religiosas los que se han encargado de juzgarlos y, en algunas ocasiones, de dictar indemnizaciones o bien de silenciar lo ocurrido.
La solicitud del ministerio público se produce en medio del escándalo de pederastia que está viviendo la Iglesia española después de que El País entregase al papa Francisco y al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, un dosier con 251 casos inéditos de abusos cometidos por sacerdotes, religiosos y trabajadores seglares del ámbito religioso. Hasta ahora han salido a la luz al menos 611 casos y 1.246 víctimas, según la contabilidad que lleva este diario, la única existente en España ante la ausencia de datos oficiales o de la Iglesia.
Yo creo que la profesión de cura no está lo suficientemente vigilada.
Independientemente de esto, creo que, en base a la gran cantidad de personas que ejercen esta actividad que están siendo juzgadas por pederastia, se debería de considerar si estos grupos gozan de la confianza suficiente como para acampar a su libre albedrío con menores.