La Fundación FAISEM (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de personas con Enfermedad Mental) es una entidad instrumental privada de la Junta de Andalucía adscrita a la Consejería de Salud y Familias, y fue creada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en el año 1993.
En mi opinión, es más razonable que el servicio público que presta dicha Fundación se realizara por la Consejería de Salud o la agencia administrativa Servicio Andaluz de Salud (por ejemplo, el SAS gestiona hospitales y centros de salud), que en sus Relaciones de Puestos de Trabajo pueden contar con personal funcionario y laboral, y se rigen por el Derecho público. Sin embargo, el PSOE optó por crear una Fundación, un ente de la denominada administración paralela que se rige exclusivamente por el Derecho privado, por lo que en ningún caso puede disponer de facultades que impliquen ejercicio de autoridad o de potestades administrativas, aunque su titularidad sea pública. No es un tema nuevo, porque la Cámara de Cuentas de Andalucía ya lo mencionó en su informe de fiscalización de FAISEM correspondiente al ejercicio 2014, al incumplir la Ley de Fundaciones de Andalucía, y el propio Presidente de la Cámara de Cuentas lo expuso en el Parlamento el 6 de abril de 2017.
Sin embargo, FAISEM convoca, tramita, concede y comprueba las justificaciones de subvenciones desde hace años a múltiples asociaciones y federaciones privadas, ejerciendo ilegalmente potestades administrativas. Y aunque la Cámara de Cuentas no lo mencionó, ni la Ley General de Subvenciones, ni la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, ni el Estatuto Básico del Empleado Público (aprobado en 2007), tampoco lo permiten.
¿Por qué resulta similar al sistema de los ERE? Porque con este sistema, la Consejería de Salud y Familias (PP) y la Consejería de Igualdad, Política Sociales y Conciliación (Ciudadanos) transfieren a FAISEM cada año varios millones de euros para gastos de explotación que deben utilizarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de cada ejercicio, y FAISEM concede anualmente más de un millón de euros a las asociaciones y federaciones, eludiendo de esta manera la fiscalización previa de las subvenciones por funcionarios interventores, que es obligatoria cuando las subvenciones son concedidas por la Consejería de Salud y el SAS.
En los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2019 y 2020 correspondientes a la Consejería de Salud y Familias aparecen transferencias a FAISEM por importes de 25’9 y 26’8 millones de euros, respectivamente. En 2019, FAISEM concedió subvenciones a un total de 22 asociaciones y federaciones con una cuantía máxima total de los presupuestos de FAISEM de 1.153.496,47 euros, y la resolución de concesión fue firmada el 17 de enero de 2019 por el anterior gerente de FAISEM, Manuel Alén Fidalgo, nombrado por el Gobierno del PSOE.
En el ejercicio de 2020, las subvenciones se han vuelto a convocar con una cuantía máxima a repartir de 1.324.358,26 euros, siendo la actual gerente de FAISEM Silvia Maraver Ayala, enfermera de profesión que ha desempeñado su actividad profesional en el SAS, tanto en atención primaria cómo en distintos cargos de gestión sanitaria, y que fue nombrada por el Gobierno del PP y Ciudadanos.
Con ninguno de los dos gerentes se han cumplido las diferentes leyes que prohíben que FAISEM pueda convocar, tramitar y conceder subvenciones. ¿Quién ha asesorado jurídicamente a FAISEM? ¿Cuánto cobran de nómina los directivos de FAISEM, que supuestamente incluye la responsabilidad y la competencia?
Pero si grave es esto, peor es que las empresas que han auditado a FAISEM contratadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía, no hayan detectado dichas ilegalidades. Por ejemplo, en los últimos años la empresa auditora fue Auditoría y Consulta, SA, sin que mencione absolutamente nada sobre esta ilegalidad en las rendiciones de cuentas. Sin embargo, más aún se agrava el tema porque la Intervención General conoce de sobra que FAISEM llevara años concediendo subvenciones fuera de la legalidad (ha realizado informes al respecto). ¿O sí, y de eso se trata, de que ningún funcionario pueda controlar las cuentas de otra entidad de la administración paralela?
Alguna explicación deberían dar tanto la Interventora General, Amelia Martínez Sánchez (la misma que deniega las entrega de informes de control de gastos que sustituyen a la fiscalización previa en Hospitales del SAS, solicitados con arreglo a las Leyes de Transparencia por la Asociación Justicia por la Sanidad), como el Consejero de Hacienda, Juan Bravo Baena (PP). Pero me temo que la palabra transparencia les produce sarpullidos a estos cargos públicos, que prefieren mantener mancornados a los ciudadanos, con la cabeza en el suelo, para que rindan pleitesía a los que tanto les seduce el mando.
En ningún caso pueden alegar desconocimiento, porque la Cámara de Cuentas ya lo manifestó, incluso en el Parlamento, la propia Intervención ha realizado informes y porque en las Memorias de la rendición de cuentas se mencionan “ayudas concedidas” que en el balance de situación aparecen como “beneficiarios acreedores”, y en el PAIF de FAISEM que consta en la Ley de Presupuesto para 2020 lo dice bien claro (página 2384): “11. Mantener la convocatoria de ayuda a proyectos de federaciones y asociaciones de familiares y de personas usuarias.”
A pesar de todo, ¿qué partidos políticos del Parlamento de Andalucía han propuesto alguna iniciativa para acabar con esta ilegalidad, o lo han mencionado cuando se tramitaron las Leyes anuales de Presupuestos? ¿PSOE, PP, IU, Adelante Andalucía, Ciudadanos, VOX…? Parece ser que ninguno, pues están todos dedicados a distraer a los andaluces con sandeces, sin importarles el cumplimiento de la Ley.
¿Por qué no han tramitado y concedido dichas subvenciones la Consejería de Salud o el SAS, detrayendo dicha cuantía de las transferencias que las Consejerías de Salud e Igualdad y Servicios Sociales realiza a FAISEM? Y lo menciono porque, por ejemplo, el SAS concede subvenciones nominativas (aprobadas en la Ley de Presupuesto por el Parlamento) a dos Federaciones de familiares y enfermos mentales, al igual que la Consejería concede subvenciones a numerosas asociaciones y Federaciones. Quizá la clave esté en que estas últimas subvenciones sí están fiscalizadas por funcionarios interventores, y sus convocatorias se realizan por Orden del consejero con los informes legales pertinentes, mientras que con FAISEM se eluden todos los controles típicos del Derecho público, lo que permite incluso la contratación a dedo de su personal laboral.
Una reflexión para mejorar el futuro de los ciudadanos
Como reflexión final, es evidente la estafa que cometen los políticos de todos los partidos cuando justifican la existencia de los entes instrumentales (administración paralela) vendiendo a los ciudadanos que son más eficientes y que sus cuentas están controladas mediante auditorías (habría que decir descontroladas). Es lo que ha venido ocurriendo en Andalucía con los Gobiernos del PSOE (con apoyos de IU y Ciudadanos) y ahora con el Gobierno del PP y Ciudadanos (con apoyo de VOX).
Sin ir más lejos, los consejeros Elías Bendodo, Juan Marín y Juan Bravo se han hartado de fanfarronear ante los andaluces de la contratación de empresas auditoras por millones de euros para hacer otro diagnóstico (uno más de tantos) de diversos entes instrumentales. Les aseguro que en la Junta de Andalucía hay funcionarios expertos que podrían haber realizado ese análisis pagando sólo sus nóminas, y que algunos valientes funcionarios hemos propuesto en informes las ilegalidades que se están cometiendo, sin que ningún cargo público corrija la situación.
¿Necesitan más evidencias de la estafa que suponen todos los partidos políticos en este sistema partidocrático? Nombran a incompetentes de sus clanes y afines para vivir a costa de los demás, hacerse fotos de sus reuniones y practicar el típico postureo, con el único fin de crear relaciones de poder y engordar sus curriculum con nombramientos para perpetuarse en el poder, mientras los ciudadanos caen ingenuamente en sus trampas y los siguen votando en todas las elecciones, perpetuando el sistema partidocrático y la agonía del país. Si sólo los votasen sus familiares y amigos y la abstención fuera mayoritaria, España daría un vuelco monumental para mejorar en casi todo.
Para luchar contra el uso partidista de estas Fundaciones y Asociaciones, habría que exigir que sus cuentas fueran públicas y detalladas , ya que viven de dinero público. Eso para empezar
Lo ideal sería suprimir por completo estos chiringuitos. Existen funcionarios de carrera para realizar dichas funciones y no amigos y amiguetes
Que daño te ha hecho faisem para hacer este artículo? El personal laboral a dedo?? Quizás no se dio la oportunidad a alguien? A dedo los altos cargos! Ahora y hace 20 años!!
Pero los trabajadores te aseguro que con mucho esfuerzo, por turnos poco fáciles de conciliar con vida familiar,y con poco sueldo vamos a diario a dar lo mejor que tenemos y sabemos ,con unos usuarios que al verlos rehabilitarse en su camino de la salud mental estigmatizada,recompensan lo que en el sueldo no nos llega .. es más que un sueldo,es un enriquecimiento personal,porque es vocación, lo nuestro ,no es igual que lo que impulsa a un funcionario ,a un político…no!!! Lo nuestro es vocación y creerse fielmente que su recuperación social es posible aunque se tropiecen con gente que no ve más!! Y mal valora nuestra implicación
Su comentario tergiversa absolutamente el contenido del artículo. No se trata de si FAISEM ha hecho daño o no a alguien. Si leyera el artículo sin prejuicios, quizá pudiera llegar a entender sin esfuerzo alguno que lo que se está denunciando es la ilegalidad de un sistema de concesión de subvenciones por una entidad que se rige por el Derecho privado en el seno de la Junta de Andalucía, y que ya fue puesto de manifiesto por la Cámara de Cuentas de Andalucía, aunque por su comentario parezca no importarle mucho (espero que, en su trabajo, el cumplimiento de las Leyes tenga más importancia de lo que revela con su desacertado comentario).
En ningún apartado del artículo se ha puesto en duda las vocaciones de su personal, ni se ha valorado su implicación en las funciones que realiza, ni se ha realizado mención alguna a si el sueldo es apropiado o no, o si existe o no conciliación familiar, porque como comprenderá, no trabajo en FAISEM y desconozco esos aspectos como para atreverme a escribir sobre ello.
Si he mencionado que el personal es contratado a dedo es porque a diferencia de lo que ocurre en la Administración General (Consejerías y Agencias administrativas), los principios constitucionales y legales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad no se han cumplido en la mayoría de las contrataciones en ninguno de los demás entes instrumentales de la Junta de Andalucía (sociedades, fundaciones, agencias empresariales, etc.), como ha puesto de manifiesto igualmente la Cámara de Cuentas en numerosos informes de fiscalización que, obviamente, usted no ha debido leer. Y si considera que esto último no es cierto, le invito a que acredite que todas las contrataciones de los trabajadores realizadas en FAISEM desde su creación en 1993 se han sometido a los citados principios.
Como he dejado claro en el artículo, las funciones públicas que presta FAISEM podrían haber sido asumidas desde un principio por el SAS o la propia Consejería de Salud en régimen de Derecho público, aunque a usted le cueste entenderlo, y eso no implica desvalorizar las funciones que pueda realizar su personal.
La única solución pacífica posible para evitar estas corruptelas, está en no seguir participando en este corrupto sistema partitocrático del que esos políticos y sus amiguetes tan bien viven.
¡La Solución está en la Abstención! (Pero no nos engañemos, llevaría tiempo eh, no sería de un día para otro).
Con razón no durásteis ni un mes cuando entrásteis a limpiar la Junta de tanta basura. Cuánta gente como tú haría falta para arreglar esto. Aunque cada vez somos más. Yeah!.
¿Para qué sirve una fundacion que hace más de 10 años que no sacan plazas para ningun enfermo mental y hay lista de espera de más de cinco años? ¿Para qué sirven las subvenciones si no aumentan las plazas a quien benefician? Esto que es un chiringuito para quien con que criterio yo he preguntado como va la lista y quien decide si sale alguna plaza para quien va y lo único que consigo es un no sé. ¿Y las cuentas? ¿Quién las revisa? ¿Quién sabe si todo es legar o simplemente es puro enchufismo y lo grave se muere esperando una plaza?