En un auto, los magistrados de la Sección Segunda rechazan el recurso presentado por la defensa del acusado, Pompeyo G. P., de 75 años de edad, contra el procesamiento acordado por el juez José Luis Calama el pasado mes de junio
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento por delitos de terrorismo y fabricación y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista para el hombre de 74 años detenido en Burgos por el envío de seis cartas con artefactos explosivos, en noviembre del pasado año, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las instalaciones de la empresa Instalaza en Zaragoza, a las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
En un auto, los magistrados de la Sección Segunda rechazan el recurso presentado por la defensa del acusado contra el procesamiento acordado por el juez José Luis Calama el pasado mes de junio. En su escrito, el investigado argumentaba que no había indicios racionales de su participación en los hechos imputados, así como que no debían calificarse como de terrorismo, por lo que solicitaba el sobreseimiento de la causa.
El Tribunal, que coincide con las «acertadas consideraciones» del instructor, explica que el auto de procesamiento contiene el relato de los hechos y sus conclusiones se fundamentan en la entradas y registros practicados, los documentos y dispositivos de almacenamiento masivos incautados, las declaraciones testificales, los informes periciales, así como la intervención de las comunicaciones telefónicas.
Objetivo de alterar la paz pública
En cuanto a la calificación jurídica de terrorismo discutida por el investigado, la Sala indica que el auto recurrido señala que no hay indicios de que el procesado pertenezca o colabore con un grupo organizado terrorista, si bien los hechos que se le imputan, el contexto en el que se producen (guerra de Ucrania), la viabilidad de que los artefactos explosionaran, así como las personas a las que iban dirigidos, evidencia, según el tribunal, que en el ánimo del procesado está presente el objetivo de alterar gravemente la paz pública, así como obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo a Ucrania.
Respecto a la modalidad gravada de dos delitos de terrorismo, el tribunal recuerda que dos los envíos se dirigieron expresamente al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa, por lo que tales circunstancias justificarían incardinar los hechos en el tipo agravado.
El auto concluye recordando que será en el acto de juicio oral donde se abrirá la puerta para la valoración de todos los indicios y considerar si pueden ser considerados como prueba de cargo suficiente para sustentar un pronunciamiento condenatorio.
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